Insistencia
Insistimos en plantear que mientras no se logre saber quiénes son los propietarios o concesionarios del transporte y cuántas unidades posee o controla cada uno o alguno de sus testaferros, el problema del transporte público continuará irresoluto. El asunto es de suma gravedad.
Si un ex director de la ATTT dijo públicamente que renunció al cargo porque estaba pisando callos, y uno o dos días después confesó que el entonces Ministro de Gobierno y Justicia le había recomendado aguantar la mano, es evidente que el transporte en Panamá está controlado por poderosos personajes Quizá el escándalo sería de tan graves proporciones que estremecería a la opinión pública, pero es necesario que se conozca la verdad.
Por otra parte, resulta incomprensible e incompatible que haya legisladores beneficiándose de ese negocio, y peor aún, que uno de sus miembros sea a la vez miembro de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional y fuera de ella sea uno de los dirigentes de quienes lo controlan.
Un connotado ciudadano ha poco tiempo se refirió públicamente a ese negocio como una mafia, y nadie ha salido a protestar siquiera. En este caso, quien calla otorga; el encubrimiento es un pecado y una sangrienta burla el hablarle al país de transparencia. Esperaremos ávidamente la prometida publicación de la lista de los titulares de los certificados de operación en el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. Ojalá la lista salga completa, sin maquillaje y sin testaferros.
Si un ex director de la ATTT dijo públicamente que renunció al cargo porque estaba pisando callos, y uno o dos días después confesó que el entonces Ministro de Gobierno y Justicia le había recomendado aguantar la mano, es evidente que el transporte en Panamá está controlado por poderosos personajes Quizá el escándalo sería de tan graves proporciones que estremecería a la opinión pública, pero es necesario que se conozca la verdad.
Por otra parte, resulta incomprensible e incompatible que haya legisladores beneficiándose de ese negocio, y peor aún, que uno de sus miembros sea a la vez miembro de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional y fuera de ella sea uno de los dirigentes de quienes lo controlan.
Un connotado ciudadano ha poco tiempo se refirió públicamente a ese negocio como una mafia, y nadie ha salido a protestar siquiera. En este caso, quien calla otorga; el encubrimiento es un pecado y una sangrienta burla el hablarle al país de transparencia. Esperaremos ávidamente la prometida publicación de la lista de los titulares de los certificados de operación en el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. Ojalá la lista salga completa, sin maquillaje y sin testaferros.
