Insistiendo sobre el debate constitucional
Uno de los problemas centrales de la norma jurídica, es que con el tiempo se vuelve conservadora y en consecuencia, se convierte en un obstáculo para el desarrollo. Este proceso es entendible, en tanto, que la realidad se mueve con mucha más velocidad que el derecho, muy a pesar de que éste, en el momento de su constitución, pudo haber guardado una adecuada correspondencia. No olvidemos que históricamente, el hecho siempre ha precedido al derecho.
Las constituciones nacionales no escapan a la necesidad del cambio. Pretender que ellas perduren por los siglos de los siglos, resulta una quimera. Finalmente acaban por caducas y obsoletas. Una carta fundamental desfasada es peligrosa para el buen funcionamiento del Estado y la sociedad. Puede generar el caos y la arbitrariedad. Lo anterior es mucho más grave de lo que uno se pueda imaginar. Una constitución en proceso de extinción va dejando de ser una constitución, en tanto que se niega a sí misma, abriendo los portillos para las más inauditas irracionalidades (arbitrariedades). Imaginemos una Corte Suprema de Justicia operando normas fundamentales, cuyos presupuestos materiales corresponden a tiempos pretéritos. En la doctrina constitucional se ha elaborado el método de la interpretación, conocido como el de la mutación constitucional, para resolver esta no correspondencia entre realidad y derecho, partiendo del concepto de que las constituciones contienen valores éticos a los que habrá que recurrir operativamente (aplicación de la norma, a una relación material diferente y que requiere ser actualizada). Sin embargo, esta doctrina tiene sus límites objetivos, en tanto que llevada al extremo pudiera confundir la función de legislar con la de administrar justicia.
Dentro de un contexto como el descrito, resulta irresponsable, sostener o adversar cambios constitucionales con argumentos como: las reformas a la Carta Magna no solucionen los problemas sociales y políticos. Algunos de ellos hasta citan, de manera absurda, el ejemplo colombiano, perdiendo de vista que esa es una realidad cualitativamente distinta. En Colombia, se vive una guerra que tiene como uno de sus ejes, la lucha por el poder por la vía armada.
¿Cómo podría una sociedad política, social y económica desenvolverse armónicamente? Si precisamente, los términos y condicionamientos al nivel de la norma jurídica fundamental (reglas del juego) tienden al caos, el desequilibrio y a la pérdida de legitimidad institucional-jurídico-político. Creo, con relación a la situación panameña, que le estamos pidiendo demasiado a su institucionalidad jurídico-político; le pedimos más de lo que objetivamente es capaz de dar o suministrar. ¿Acaso no será que éstas han llegado a un punto límite y estamos trasuntando por una crisis en la correspondencia Estado-sociedad? De ser así, finalmente estamos abocados a una caricaturización del Estado de derecho panameño.
Sirva el anterior marco para ratificarme en la posición de que el recién pacto suscrito entre los PRD-PDC contiene una causación legitimadora, sin embargo, soy del criterio que el mismo le faltó alcances estratégicos relacionado con nuestro sistema jurídico-político e institucional. ¿Por qué la Constituyente? Por la sencilla razón de que resulta desacertado remitir al "rgano Legislativo un cambio constitucional integral cuando él mismo es parte de la crisis.
A los ideólogos del pacto arriba mencionado, les ocurrió lo mismo que le pasó a aquel pescador que, agarrando uno de los tentáculos, creyó haber atrapado al pulpo. La cuestión de los correlatos institucionales que integran al Estado no se reduce a las dificultades o problemas que hacen parte de uno de sus órganos. Se requirió de una visión mucho más abarcadora de la superestructura panameña.
Las constituciones nacionales no escapan a la necesidad del cambio. Pretender que ellas perduren por los siglos de los siglos, resulta una quimera. Finalmente acaban por caducas y obsoletas. Una carta fundamental desfasada es peligrosa para el buen funcionamiento del Estado y la sociedad. Puede generar el caos y la arbitrariedad. Lo anterior es mucho más grave de lo que uno se pueda imaginar. Una constitución en proceso de extinción va dejando de ser una constitución, en tanto que se niega a sí misma, abriendo los portillos para las más inauditas irracionalidades (arbitrariedades). Imaginemos una Corte Suprema de Justicia operando normas fundamentales, cuyos presupuestos materiales corresponden a tiempos pretéritos. En la doctrina constitucional se ha elaborado el método de la interpretación, conocido como el de la mutación constitucional, para resolver esta no correspondencia entre realidad y derecho, partiendo del concepto de que las constituciones contienen valores éticos a los que habrá que recurrir operativamente (aplicación de la norma, a una relación material diferente y que requiere ser actualizada). Sin embargo, esta doctrina tiene sus límites objetivos, en tanto que llevada al extremo pudiera confundir la función de legislar con la de administrar justicia.
Dentro de un contexto como el descrito, resulta irresponsable, sostener o adversar cambios constitucionales con argumentos como: las reformas a la Carta Magna no solucionen los problemas sociales y políticos. Algunos de ellos hasta citan, de manera absurda, el ejemplo colombiano, perdiendo de vista que esa es una realidad cualitativamente distinta. En Colombia, se vive una guerra que tiene como uno de sus ejes, la lucha por el poder por la vía armada.
¿Cómo podría una sociedad política, social y económica desenvolverse armónicamente? Si precisamente, los términos y condicionamientos al nivel de la norma jurídica fundamental (reglas del juego) tienden al caos, el desequilibrio y a la pérdida de legitimidad institucional-jurídico-político. Creo, con relación a la situación panameña, que le estamos pidiendo demasiado a su institucionalidad jurídico-político; le pedimos más de lo que objetivamente es capaz de dar o suministrar. ¿Acaso no será que éstas han llegado a un punto límite y estamos trasuntando por una crisis en la correspondencia Estado-sociedad? De ser así, finalmente estamos abocados a una caricaturización del Estado de derecho panameño.
Sirva el anterior marco para ratificarme en la posición de que el recién pacto suscrito entre los PRD-PDC contiene una causación legitimadora, sin embargo, soy del criterio que el mismo le faltó alcances estratégicos relacionado con nuestro sistema jurídico-político e institucional. ¿Por qué la Constituyente? Por la sencilla razón de que resulta desacertado remitir al "rgano Legislativo un cambio constitucional integral cuando él mismo es parte de la crisis.
A los ideólogos del pacto arriba mencionado, les ocurrió lo mismo que le pasó a aquel pescador que, agarrando uno de los tentáculos, creyó haber atrapado al pulpo. La cuestión de los correlatos institucionales que integran al Estado no se reduce a las dificultades o problemas que hacen parte de uno de sus órganos. Se requirió de una visión mucho más abarcadora de la superestructura panameña.
