Institucionalidad democrática
En la inusual polémica surgida entre el Secretario del Consejo de Transparencia contra la Corrupción y la Procuradora General de la Nación, lo que prevalezca ha de ser el respeto a la institucionalidad democrática.
Ya lo hemos manifestado desde esta columna, el periodo para el que fue designada la abogada Ana Matilde Gómez como procuradora general de la Nación, es de diez años y salvo las causales previstas en la Ley, no puede ser removida ni el ejecutivo debe ejercer presiones indebidas sobre ella.
