Integración energética un dilema existencial
La crisis energética enfrenta a nuestros países a un dilema existencial: seguir a merced de los monopolios energéticos que están expoliando en forma inmisericorde a las economías, extrayendo las riquezas con el control de los precios de los combustible, o asumimos con determinación el proceso de integración energética como una prioridad de interés público internacional para un desarrollo sostenible con equidad social.
Ese es el espíritu que anima la convocatoria de la OEA en nuestro país, escenario en el que los cancilleres del hemisferio debaten la urgencia de poner en marcha mecanismos que permitan incorporar la eficiencia energética como impulso del desarrollo sostenible, un factor fundamental para la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos de la región.
Resulta un imperativo construir consensos y alianzas estratégicas entre nuestros países para promover inversiones en el desarrollo de las fuentes tradicionales y en las nuevas energías, con eficientes interconexiones nacionales e internacionales de distribución, definiendo un marco regulatorio con reglas de juego que armonicen las políticas nacionales con las exigencias regionales para que el proceso de refinamiento y comercialización de los hidrocarburos funcionen bajo una competencia sana con controles eficaces que eviten negocios monopólicos en la exportación, almacenamiento y distribución de los combustibles.
En medio de la crisis energética que enfrenta la región se precisa encausar una colaboración regional e internacional más estrecha, propiciando un enfoque convergente entre las diversas iniciativas que se proyectan como: el proyecto de interconexión eléctrica de Colombia con Centroamérica y Panamá, el enfoque mesoamericano del Plan Puebla-Panamá, impulsado por México hacia el sur con la instalación de megas refinerías; las iniciativas de Venezuela con Petrocaribe, Petrosur y Petroandes; y los beneficios agroindustriales del etanol y el biodiesel que impulsan Brasil y Estados Unidos.
Desde cualquier óptica, debemos convenir en que los proyectos de interconexión eléctrica, bioenergéticos, la exportación de petróleo y gas natural por oleoductos y gasoductos son iniciativas complementarias y no excluyentes, toda vez que para hacerlas realizables, financiera y tecnológicamente, se precisa involucrar a más de un país en acuerdos supranacionales que conlleven a la armonización de políticas energéticas de los Estados involucrados y, qué mejor escenario que la diplomacia parlamentaria de la OEA y sus múltiples encuentros bilaterales entre los cancilleres.
La liberalización del mercado energético con reglas claras y la integración energética constituyen una base fundamental para el crecimiento económico sostenido de la región, y Panamá, que hace un pago demasiado oneroso en su factura petrolera por su desarrollo, no puede excluirse; por tanto, precisa beneficiarse de estas iniciativas para impulsar sus actividades productivas con el incremento de las ventas de bunker para los barcos que se reabastecen al cruzar el Canal y la puesta en ejecución de los acuerdos para producir y comercializar bioenergéticos como los firmados recientemente con Brasil para establecer una plataforma logística hacia el mercado centroamericano.
En tal sentido, resulta importante promover a las pequeñas empresas con incentivos que les permitan acceder y beneficiarse de la transferencia de tecnologías ecológicamente sostenibles, apoyadas en mecanismos innovadores de financiamiento.
Los efectos contaminantes que representa la generación de electricidad térmica para uso comercial, industrial y doméstico, así como los combustibles en el transporte público y privado, nos obligan a recurrir a las mejores alternativas bioenergéticas estableciendo marcos regulatorios que amparen con seguridad jurídica las inversiones en el sector energético con incentivos para la construcción de hidroeléctricas y mini-hidroeléctricas ante la urgente necesidad de utilizar tecnologías más eficientes.
De allí la imperiosa necesidad de concluir la segunda etapa del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) para optimizar los sistemas eléctricos de esta región incluyendo a Colombia y a nuestro país.
La única forma de dotar al organismo regional de autonomía e independencia como el foro vecinal por excelencia en favor del diálogo, es abogando por la unidad en medio de la diversidad, salvaguardando la identidad regional en un clima de confianza que afiance las intenciones y propósitos de una integración energética transparente encaminada a una mayor competitividad de las economías de la región, cuyos beneficios alcancen a una sociedad urgida de servicios de energía limpia y asequible, desafíos que por su dimensión y complejidad no pueden ser encarados aisladamente por ninguno de nuestros países.
Ese es el espíritu que anima la convocatoria de la OEA en nuestro país, escenario en el que los cancilleres del hemisferio debaten la urgencia de poner en marcha mecanismos que permitan incorporar la eficiencia energética como impulso del desarrollo sostenible, un factor fundamental para la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos de la región.
Resulta un imperativo construir consensos y alianzas estratégicas entre nuestros países para promover inversiones en el desarrollo de las fuentes tradicionales y en las nuevas energías, con eficientes interconexiones nacionales e internacionales de distribución, definiendo un marco regulatorio con reglas de juego que armonicen las políticas nacionales con las exigencias regionales para que el proceso de refinamiento y comercialización de los hidrocarburos funcionen bajo una competencia sana con controles eficaces que eviten negocios monopólicos en la exportación, almacenamiento y distribución de los combustibles.
En medio de la crisis energética que enfrenta la región se precisa encausar una colaboración regional e internacional más estrecha, propiciando un enfoque convergente entre las diversas iniciativas que se proyectan como: el proyecto de interconexión eléctrica de Colombia con Centroamérica y Panamá, el enfoque mesoamericano del Plan Puebla-Panamá, impulsado por México hacia el sur con la instalación de megas refinerías; las iniciativas de Venezuela con Petrocaribe, Petrosur y Petroandes; y los beneficios agroindustriales del etanol y el biodiesel que impulsan Brasil y Estados Unidos.
Desde cualquier óptica, debemos convenir en que los proyectos de interconexión eléctrica, bioenergéticos, la exportación de petróleo y gas natural por oleoductos y gasoductos son iniciativas complementarias y no excluyentes, toda vez que para hacerlas realizables, financiera y tecnológicamente, se precisa involucrar a más de un país en acuerdos supranacionales que conlleven a la armonización de políticas energéticas de los Estados involucrados y, qué mejor escenario que la diplomacia parlamentaria de la OEA y sus múltiples encuentros bilaterales entre los cancilleres.
La liberalización del mercado energético con reglas claras y la integración energética constituyen una base fundamental para el crecimiento económico sostenido de la región, y Panamá, que hace un pago demasiado oneroso en su factura petrolera por su desarrollo, no puede excluirse; por tanto, precisa beneficiarse de estas iniciativas para impulsar sus actividades productivas con el incremento de las ventas de bunker para los barcos que se reabastecen al cruzar el Canal y la puesta en ejecución de los acuerdos para producir y comercializar bioenergéticos como los firmados recientemente con Brasil para establecer una plataforma logística hacia el mercado centroamericano.
En tal sentido, resulta importante promover a las pequeñas empresas con incentivos que les permitan acceder y beneficiarse de la transferencia de tecnologías ecológicamente sostenibles, apoyadas en mecanismos innovadores de financiamiento.
Los efectos contaminantes que representa la generación de electricidad térmica para uso comercial, industrial y doméstico, así como los combustibles en el transporte público y privado, nos obligan a recurrir a las mejores alternativas bioenergéticas estableciendo marcos regulatorios que amparen con seguridad jurídica las inversiones en el sector energético con incentivos para la construcción de hidroeléctricas y mini-hidroeléctricas ante la urgente necesidad de utilizar tecnologías más eficientes.
De allí la imperiosa necesidad de concluir la segunda etapa del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) para optimizar los sistemas eléctricos de esta región incluyendo a Colombia y a nuestro país.
La única forma de dotar al organismo regional de autonomía e independencia como el foro vecinal por excelencia en favor del diálogo, es abogando por la unidad en medio de la diversidad, salvaguardando la identidad regional en un clima de confianza que afiance las intenciones y propósitos de una integración energética transparente encaminada a una mayor competitividad de las economías de la región, cuyos beneficios alcancen a una sociedad urgida de servicios de energía limpia y asequible, desafíos que por su dimensión y complejidad no pueden ser encarados aisladamente por ninguno de nuestros países.
