Interés ciudadano e interés particular
La ciudadanía tiene un interés general en que se cumpla la ley. Cuando se produce una serie de situaciones que son violatorias de las leyes, entonces procede que ciudadanos animados por el interés general se movilicen con el objeto de denunciar los entuertos y exigir las responsabilidades.
Por eso, cuando la Alianza Ciudadana Pro Justicia llevó a cabo una auditoría a una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia que habían sido cuestionados por uno de los integrantes del máximo tribunal, su actuación perseguía fines ciudadanos y no buscaba rehabilitar los intereses particulares de ninguna persona jurídica, o natural, en especial. En su mayoría, los casos analizados por la organización no gubernamental en aquella ocasión, implicaban la frustración de una investigación penal, o un beneficio a una persona bajo investigación criminal (involucrada en tráfico de drogas o armas). Algo muy distinto sucede con la solicitud de una corporación privada que pretende que la Alianza efectúe una auditoría a un fallo adversos a sus intereses, proferido por la Sala Civil de la Corte y mediante el cual se le obliga a pagar elevadas sumas de dinero a otro particular, con fundamento en una relación contractual.
Si bien compartimos la suspicacia sobre la probidad con la que se conducen algunos magistrados, consideramos que es totalmente inapropiado que la Alianza pretenda erigirse en máximo tribunal de causas comerciales por encima de la Corte Suprema y abrigue la peligrosa idea de dictar una mejor justicia que la que prodigan los togados.
Es lamentable que particulares, que no han sido favorecidos por una sentencia, busquen mejorar la posición de sus intereses particulares a través de lo que es un recurso ciudadano. Si todos nos interesásemos más como ciudadanos y de forma permanente, veríamos mejor servidos nuestros intereses particulares cuando ellos están bajo amenaza o riesgo. Si la Alianza comete el error de acceder a esta solicitud particular, tendrá que hacer lo mismo cada vez que alguien, que ha perdido una demanda, se queje del fallo final, lo que ocurre con mucha frecuencia.
(ver cuadro en la página A1 del diario impreso)
Por eso, cuando la Alianza Ciudadana Pro Justicia llevó a cabo una auditoría a una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia que habían sido cuestionados por uno de los integrantes del máximo tribunal, su actuación perseguía fines ciudadanos y no buscaba rehabilitar los intereses particulares de ninguna persona jurídica, o natural, en especial. En su mayoría, los casos analizados por la organización no gubernamental en aquella ocasión, implicaban la frustración de una investigación penal, o un beneficio a una persona bajo investigación criminal (involucrada en tráfico de drogas o armas). Algo muy distinto sucede con la solicitud de una corporación privada que pretende que la Alianza efectúe una auditoría a un fallo adversos a sus intereses, proferido por la Sala Civil de la Corte y mediante el cual se le obliga a pagar elevadas sumas de dinero a otro particular, con fundamento en una relación contractual.
Si bien compartimos la suspicacia sobre la probidad con la que se conducen algunos magistrados, consideramos que es totalmente inapropiado que la Alianza pretenda erigirse en máximo tribunal de causas comerciales por encima de la Corte Suprema y abrigue la peligrosa idea de dictar una mejor justicia que la que prodigan los togados.
Es lamentable que particulares, que no han sido favorecidos por una sentencia, busquen mejorar la posición de sus intereses particulares a través de lo que es un recurso ciudadano. Si todos nos interesásemos más como ciudadanos y de forma permanente, veríamos mejor servidos nuestros intereses particulares cuando ellos están bajo amenaza o riesgo. Si la Alianza comete el error de acceder a esta solicitud particular, tendrá que hacer lo mismo cada vez que alguien, que ha perdido una demanda, se queje del fallo final, lo que ocurre con mucha frecuencia.
(ver cuadro en la página A1 del diario impreso)
