Intereses Preferenciales o Subsidios
El presidente Ernesto Pérez Balladares resumió el criterio gubernamental sobre la Ley de Intereses Preferenciales a la vivienda, fundamentándola como un subsidio estatal, dado que conceptúa que el Estado entrega a los solicitantes de crédito bancario la parte de los impuestos que, por la reducción de la tasa, deja de percibir .
El enfoque gubernamental, en verdad, responde no a una política de subsidios sino a una política fiscalizadora coyuntural presionada por la reducción del ingreso por concepto de impuestos. A esta visión fiscal de corto plazo presupuestal se sobrepone una concepción más moderna y realista del desarrollo nacional.
Cotejemos la teoría fiscalizadora con la realidad del desarrollo de las industrias de la construcción. La clase media, que paga el impuesto a la renta sin escapatoria, a partir de 1990, impulsó la elevación constante del PIB invirtiendo en la compra de viviendas que representó el crecimiento de la producción de cemento, hojas de zinc para el techo, pintura, muebles, artefactos, y cuanto se requiere en una casa .
Lo que se invirtió en este país por el estímulo de los intereses preferenciales justifica ampliamente la ley, cuyos beneficios en la reactivación económica supera lo que éste o cualquier otro gobierno pueda hacer con los recursos estatales no percibidos. No exageramos en decir que los compradores de viviendas han subsidiado al Estado y no éste a aquéllos, con los impuestos pagados por los proveedores de insumos, con la ampliación de la cartera hipotecaria de los bancos, con el mayor consumo de los trabajadores de la construcción y afines.
La recesión que empantanó al país hasta la crisis de 1989 se aflojó hasta liberarse del todo gracias al impulso de la construcción y a su capacidad de expandir sus efectos en círculos concéntricos a diversas esferas de la actividad económica.. Por ello, la disminución del tope de B/. 62 mil a B/. 25 mil para tener acceso a los intereses preferenciales tendrá el efecto de un paso en falso. En primer término, restringirá la opción de las nuevas generaciones de profesionales y trabajadores de la clase media a la vivienda propia, con lo cual el Estado pierde de vista su compromiso social. En segundo término desacelerará el ritmo productivo de la construcción y sus proveedores, con lo cual el Estado, ávido de más recaudación tributaria, se inflige un autogol.
A la agónica prórroga de un año de los incentivos y su limitación a las viviendas que no excedan los B/.25 mil, ha de imponerse por el nuevo gobierno una mejor ponderación de los costos y los beneficios para su implantación más prolongada como política de estado a favor de las viviendas de estratos populares y medios.
El enfoque gubernamental, en verdad, responde no a una política de subsidios sino a una política fiscalizadora coyuntural presionada por la reducción del ingreso por concepto de impuestos. A esta visión fiscal de corto plazo presupuestal se sobrepone una concepción más moderna y realista del desarrollo nacional.
Cotejemos la teoría fiscalizadora con la realidad del desarrollo de las industrias de la construcción. La clase media, que paga el impuesto a la renta sin escapatoria, a partir de 1990, impulsó la elevación constante del PIB invirtiendo en la compra de viviendas que representó el crecimiento de la producción de cemento, hojas de zinc para el techo, pintura, muebles, artefactos, y cuanto se requiere en una casa .
Lo que se invirtió en este país por el estímulo de los intereses preferenciales justifica ampliamente la ley, cuyos beneficios en la reactivación económica supera lo que éste o cualquier otro gobierno pueda hacer con los recursos estatales no percibidos. No exageramos en decir que los compradores de viviendas han subsidiado al Estado y no éste a aquéllos, con los impuestos pagados por los proveedores de insumos, con la ampliación de la cartera hipotecaria de los bancos, con el mayor consumo de los trabajadores de la construcción y afines.
La recesión que empantanó al país hasta la crisis de 1989 se aflojó hasta liberarse del todo gracias al impulso de la construcción y a su capacidad de expandir sus efectos en círculos concéntricos a diversas esferas de la actividad económica.. Por ello, la disminución del tope de B/. 62 mil a B/. 25 mil para tener acceso a los intereses preferenciales tendrá el efecto de un paso en falso. En primer término, restringirá la opción de las nuevas generaciones de profesionales y trabajadores de la clase media a la vivienda propia, con lo cual el Estado pierde de vista su compromiso social. En segundo término desacelerará el ritmo productivo de la construcción y sus proveedores, con lo cual el Estado, ávido de más recaudación tributaria, se inflige un autogol.
A la agónica prórroga de un año de los incentivos y su limitación a las viviendas que no excedan los B/.25 mil, ha de imponerse por el nuevo gobierno una mejor ponderación de los costos y los beneficios para su implantación más prolongada como política de estado a favor de las viviendas de estratos populares y medios.
