Investigación judicial y criminalística forense
EL EJECUTIVO ha remitido a la Asamblea Nacional dos proyectos de leyes que, en última instancia, están dirigidos a darle a la ciudadanía mayor confianza y seguridad para vivir en un medio social connotado por la tranquilidad, la paz y el sosiego doméstico. Del contenido de sendos proyectos de leyes se advierte, sin mayor dificultad, que se trata de mejorar la capacidad de los organismos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, de tal suerte que los actores del crimen reciban el claro mensaje de que el Estado se está armando de la suficiente voluntad política a fin de garantizarle, a todos los ciudadanos, la tutela efectiva consistente en la protección, integridad y la seguridad que prevé la Carta Magna. Todo, dentro del marco del sistema de garantías, derechos y principios penales y judiciales, que con carácter "de fundamentales" preconiza dicho texto superior.
Quede claro que, dentro de un Estado de Derecho -resulta impropio hablar de la existencia de un "Estado Constitucional, Democrático y de Derecho", dado que al decirse "Estado de Derecho", todo está dicho-, el Órgano Judicial tiene la constitucional y sagrada responsabilidad de ofrecer servicios eficientes relacionados con la tutela judicial efectiva de los derechos de los panameños. Sin embargo, corresponde al Ejecutivo, por mandato constitucional, organizar y prohijar los mejores servicios de la seguridad ciudadana.
En cuanto a la PTJ, resulta evidente que esta institución, en los últimos años, ha venido enfrentando serias dificultades en lo que se refiere a los objetivos y fines para la cual fue concebida, cuestión que se ha visto agravada por claros mecanismos de contaminación que han sido prohijados en el mundo delictivo, todo lo cual sugiere la idea de un replanteamiento del problema y en conexión con esta situación poder perfilar un nuevo enfoque conceptual a fin de hacer de los agentes investigadores judiciales y de los de investigación criminalística entes más ágiles, eficientes, operativos, funcionales, objetivos e imparciales.
El hecho de que el proyecto remitido por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Nacional plantee que, en adelante, las funciones de investigación judicial pasen a ser parte importante de las funciones de la Policía Nacional, en nada violenta la Constitución, sobre todo, porque en el mismo texto del proyecto se deja establecido que todo cuanto concierne a las investigaciones judiciales, lo mismo que a las periciales, serán guiadas, orientadas, dirigidas, por el Ministerio Público; es decir, estarán bajo la égida de este importante organismo del Estado.
En la mayoría de los países de la región y en los Estados Unidos funciona el modelo planteado en el referido proyecto. Y ello sin dejar de mencionar el modelo español, paraguayo, italiano, etc. Que pudieran generarse algunos excesos o desvíos de naturaleza arbitraria no desmerita el proyecto planteado, ya que este fenómeno ocurre aún en los Estados o naciones en donde funciona un modelo o estructuras sometidas al paradigma del Estado de Derecho, aún en aquellos cuya madurez jurídica y política nos supera con creces. Es lógico, entonces, suponer que el debate en torno al proyecto de ley tan cuestionado y criticado no puede darse sobre la falacia argumentativa de si se habrá de producir abusos o no, sino que nos compele u obliga a la búsqueda de un sistema más eficiente de la tutela de los derechos fundamentales, tal como lo señalara el Dr. Vicente Archibold en un medio de televisión local. Creemos, en definitiva, que de eso es que se trata.
Algunas disertaciones referidas al proyecto se han quedado en la cuestión superficial, fenoménica. Los detractores han centrado la discusión en argumentos de peyorativa política y de ésta la más perversa: la demagógica. Es claro, como cuestión facticia, que son los policías quienes, en la actualidad y a diario, enfrentan, en su permanente labor de prevención y persecución, al crimen local, fronterizo y al globalizado; son ellos quienes lidian con la actividad criminal. Ello, desde luego, los coloca como los que directamente se vinculan con los escenarios criminosos y el material probatorio que pudiera estar inmerso en esa realidad. De allí que con el proyecto relativo a la creación de la Dirección de Investigación Judicial y el Organismo de Investigación Criminalística, ambos bajo la égida del Ministerio Público, se busque dotar a la investigación penal propia de todo proceso, de un radio de mayor longitud y operatividad inserto en el sistema de garantías constitucionales. Como podemos observar, se trata de un debate técnico que debe, en aras de conclusiones, procurar dotar y propiciar de mayor efectividad a la labor que tiene que ver con la lucha contra el crimen. Nos parece exagerado y hasta infantil tratar de encontrar en dicho proyecto de ley supuestos "golpes de Estado" y otros fantasmas deslegitimadores de la democracia y de nuestro Estado de Derecho. Para nosotros resulta extremadamente manipulador y electorero todo discurso dirigido a centrar el debate del mismo en que si estamos o no frente a una versión remozada del ya extinguido DENI, o del nefasto el G-2 de las antiguas Fuerzas de Defensa.
Un estudio comparado sobre esta materia relativa a una Policía Judicial pone de relieve que el modelo planteado en la respectiva propuesta de ley no es extraño y ha funcionado, de manera eficiente, en otras regiones de Latinoamérica y en no pocos casos dando parodia o continuidad al modelo adoptado por el Reino de España, nación que le tocó vivir una negra historia de dictadura y singular satrapía. Este modelo puede funcionar eficientemente en nuestra democracia, teniendo claridad que debe estar subordinado a las autoridades jurisdiccionales y del Ministerio Público.
No nos parece, gnoseológica, epistemológica ni antológicamente correcto que se haga demagogia y se ofrezca baratillo político con el tema in comento: La seguridad de todos los ciudadanos y de cuantos coexisten con nosotros en esta nación.
Carolina Contreras: "La terminal está muy lejos, además, en una ocasión, por no tener el real me dejó el bus. Los buses demoran mucho y nos quieren obligar a ir allá. Las autoridades sólo ponen multas".
Melquiades Delgado: "Es una injusticia con los residentes del Oeste, ya que nos persiguen y nos bajan de los vehículos. Sólo queremos llegar a nuestras casas rápido, limpios y sin muchas vueltas".
Quede claro que, dentro de un Estado de Derecho -resulta impropio hablar de la existencia de un "Estado Constitucional, Democrático y de Derecho", dado que al decirse "Estado de Derecho", todo está dicho-, el Órgano Judicial tiene la constitucional y sagrada responsabilidad de ofrecer servicios eficientes relacionados con la tutela judicial efectiva de los derechos de los panameños. Sin embargo, corresponde al Ejecutivo, por mandato constitucional, organizar y prohijar los mejores servicios de la seguridad ciudadana.
En cuanto a la PTJ, resulta evidente que esta institución, en los últimos años, ha venido enfrentando serias dificultades en lo que se refiere a los objetivos y fines para la cual fue concebida, cuestión que se ha visto agravada por claros mecanismos de contaminación que han sido prohijados en el mundo delictivo, todo lo cual sugiere la idea de un replanteamiento del problema y en conexión con esta situación poder perfilar un nuevo enfoque conceptual a fin de hacer de los agentes investigadores judiciales y de los de investigación criminalística entes más ágiles, eficientes, operativos, funcionales, objetivos e imparciales.
El hecho de que el proyecto remitido por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Nacional plantee que, en adelante, las funciones de investigación judicial pasen a ser parte importante de las funciones de la Policía Nacional, en nada violenta la Constitución, sobre todo, porque en el mismo texto del proyecto se deja establecido que todo cuanto concierne a las investigaciones judiciales, lo mismo que a las periciales, serán guiadas, orientadas, dirigidas, por el Ministerio Público; es decir, estarán bajo la égida de este importante organismo del Estado.
En la mayoría de los países de la región y en los Estados Unidos funciona el modelo planteado en el referido proyecto. Y ello sin dejar de mencionar el modelo español, paraguayo, italiano, etc. Que pudieran generarse algunos excesos o desvíos de naturaleza arbitraria no desmerita el proyecto planteado, ya que este fenómeno ocurre aún en los Estados o naciones en donde funciona un modelo o estructuras sometidas al paradigma del Estado de Derecho, aún en aquellos cuya madurez jurídica y política nos supera con creces. Es lógico, entonces, suponer que el debate en torno al proyecto de ley tan cuestionado y criticado no puede darse sobre la falacia argumentativa de si se habrá de producir abusos o no, sino que nos compele u obliga a la búsqueda de un sistema más eficiente de la tutela de los derechos fundamentales, tal como lo señalara el Dr. Vicente Archibold en un medio de televisión local. Creemos, en definitiva, que de eso es que se trata.
Algunas disertaciones referidas al proyecto se han quedado en la cuestión superficial, fenoménica. Los detractores han centrado la discusión en argumentos de peyorativa política y de ésta la más perversa: la demagógica. Es claro, como cuestión facticia, que son los policías quienes, en la actualidad y a diario, enfrentan, en su permanente labor de prevención y persecución, al crimen local, fronterizo y al globalizado; son ellos quienes lidian con la actividad criminal. Ello, desde luego, los coloca como los que directamente se vinculan con los escenarios criminosos y el material probatorio que pudiera estar inmerso en esa realidad. De allí que con el proyecto relativo a la creación de la Dirección de Investigación Judicial y el Organismo de Investigación Criminalística, ambos bajo la égida del Ministerio Público, se busque dotar a la investigación penal propia de todo proceso, de un radio de mayor longitud y operatividad inserto en el sistema de garantías constitucionales. Como podemos observar, se trata de un debate técnico que debe, en aras de conclusiones, procurar dotar y propiciar de mayor efectividad a la labor que tiene que ver con la lucha contra el crimen. Nos parece exagerado y hasta infantil tratar de encontrar en dicho proyecto de ley supuestos "golpes de Estado" y otros fantasmas deslegitimadores de la democracia y de nuestro Estado de Derecho. Para nosotros resulta extremadamente manipulador y electorero todo discurso dirigido a centrar el debate del mismo en que si estamos o no frente a una versión remozada del ya extinguido DENI, o del nefasto el G-2 de las antiguas Fuerzas de Defensa.
Un estudio comparado sobre esta materia relativa a una Policía Judicial pone de relieve que el modelo planteado en la respectiva propuesta de ley no es extraño y ha funcionado, de manera eficiente, en otras regiones de Latinoamérica y en no pocos casos dando parodia o continuidad al modelo adoptado por el Reino de España, nación que le tocó vivir una negra historia de dictadura y singular satrapía. Este modelo puede funcionar eficientemente en nuestra democracia, teniendo claridad que debe estar subordinado a las autoridades jurisdiccionales y del Ministerio Público.
No nos parece, gnoseológica, epistemológica ni antológicamente correcto que se haga demagogia y se ofrezca baratillo político con el tema in comento: La seguridad de todos los ciudadanos y de cuantos coexisten con nosotros en esta nación.
Carolina Contreras: "La terminal está muy lejos, además, en una ocasión, por no tener el real me dejó el bus. Los buses demoran mucho y nos quieren obligar a ir allá. Las autoridades sólo ponen multas".
Melquiades Delgado: "Es una injusticia con los residentes del Oeste, ya que nos persiguen y nos bajan de los vehículos. Sólo queremos llegar a nuestras casas rápido, limpios y sin muchas vueltas".
