Irresponsabilidad financiera con respecto al déficit
La irresponsabilidad del Ministro de Economía y Finanzas en consolidar las finanzas de la Autoridad del Canal (ACP) con las del Sector Público No Financiero (SPNF) es instrumental, porque sirve para cometer una irresponsabilidad sustancial, a saber encubrir el verdadero déficit presupuestario del país y, en consecuencia, la necesidad de deuda adicional que el Gobierno contraerá este año y los siguientes. El Gobierno no daba información oficial sobre sus finanzas desde septiembre de 2002, lo que era un indicio de la grave dificultad en que se encontraban para presentar las cifras de tal manera que aparecieran como si no se hubiera violado el máximo de déficit, a saber 2% del PIB, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Fiscal que presentó el Ejecutivo y aprobó la Asamblea para infundirle confianza a la opinión pública antes de proponer una reforma impositiva. Pero tan pronto el Gobierno presentó a mediados de febrero las cifras oficiales, éstas fueron sometidas a una crítica demoledora. Veamos cómo ven al Gobierno importantes especialistas desde afuera del país.
El Credit Suisse First Bank of Boston en su publicación del 12 de Febrero y Barclays en la suya del 13 destacan la siguiente inexplicable anomalía: el Gobierno afirma que el déficit es de $237.6 millones y que éste representa 2% exactamente de PIB nominal. Si esto fuera verdad, se puede calcular que el PIB nominal de 2002 habría sido de $11.83 billones. Puesto que la cifra oficial del MEF para el PIB nominal de 2001 fue de $11.04 billones (ambas cifras de PIB son de acuerdo con el MEF y su nueva metodología de calcular el PIB), habría que concluir que el PIB creció de un año al otro a la tasa de 7.1 %, lo cual es imposible. Tanto el Gobierno como las fuentes independientes están de acuerdo de que esta tasa no superó el 1%. Ello quiere decir que el déficit no fue de 2% aún con las finanzas de la ACP consolidadas y que las cifras que proporciona el MEF carecen de la mínima credibilidad necesaria. Credit Suisse señala que de todos modos de acuerdo con las cifras revisadas del MEF el déficit se habría casi triplicado, de 0.7% en 2001 a 2% en 2002. Esto se habría debido primero al aumento marcado del componente de los salarios, segundo a no haberse ajustado a los ingresos decrecientes después de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohibió el uso de los recursos del Fondo Fiduciario para cubrir el faltante estructural de $100 millones de ingresos, y tercero a un inesperado déficit de $50 millones en la Caja de Seguro Social.
Lo que cabe preguntarse es cómo el Gobierno financiará el déficit, puesto que la consolidación de la ACP y el uso de su superavit para contrarrestar parte del déficit y presentarlo como sólo 2% del PIB es una operación puramente contable sin ninguna transferencia correspondiente de fondos. Probablemente el Gobierno ha acumulado cuentas por pagar en 2002, pero ello significa que en 2003 para pagar estas cuentas habrá que hacer recortes aún mayores en el rubro de los gastos o contraer un endeudamiento mayor que el anticipado o una combinación de ambas cosas, aunque los recortes serían lo menos probable en un año justo antes de un año electoral.
Por lo demás, Credit Suisse no ve señales de una fuerte recuperación a corto plazo de la economía panameña y considera improbable un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno tiene $150 millones prefinanciados desde 2002, pero tendrá que contraer deuda adicional de $200 millones vía documentos colocados en el mercado doméstico y $250 en el mercado internacional.
El análisis de Barclays es congruente. Destaca la percepción de que la Administración Moscoso no tiene la necesaria “disciplina fiscal”. Su incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal ha dramatizado este hecho. El mercado esperaba alguna forma de manipulación contable, además de la posposición de inversiones y de la acumulación de deudas por pagar a los proveedores privados (que han alcanzado entre $50 y $70 millones). “Para 2003 la situación fiscal permanecerá muy difícil... Un deterioro fiscal adicional podría ocurrir en 2003.”
Por su parte, la publicación IDEAglobal en su edición del 13 de febrero, después de criticar a fondo la consolidación contable de la ACP y el SPNF, considera que al margen de este tema “el hecho es que los resultados fiscales en Panamá no han sido tan buenos como han debido ser y que esta situación no cambiará pronto, lo cual es claramente negativo para los prospectos de la solvencia de Panamá”.
En su edición del 21 de febrero. La misma publicación analiza el cambio en la metodología para calcular el PIB. Ya no se usará de base el año 1982, sino el año 1996 y se ajusta la metodología para que refleje la realidad económica actual y que incluya nuevos sectores de actividad económica. La revista considera el cambio positivo salvo por dos características. Primero, su inclusión de la economía informal, porque ésta no puede ser estimada con precisión y se presta a que la evaluación numérica del PIB resulte arbitraria. Sin embargo, dada la importancia de la economía informal en nuestros países, pienso que ello nos invita a tomar precauciones en el cálculo de la economía informal y a ser conservadores en su calculo, pero no a excluirla por completo, siempre y cuando se pueda calcular su crecimiento o decrecimiento anual razonablemente. Segundo, la oportunidad del cambio, pues el ajuste del PIB interfiere con la capacidad del mercado para evaluar la situación fiscal real y la dimensión real del déficit en comparación con los anteriores, sobre todo que al mismo tiempo se introdujo la consolidación contable de la ACP y el SPNF.
Mientras que el Ministro de Economía y Finanzas, con su optimismo que la realidad casi nunca justifica, augura para 2003 un crecimiento de 3%, IDEAglobal estima el crecimiento en no más de 1% y Crédit Suisse lo estima en 2%. Con respecto al futuro inmediato de las finanzas, ninguna de las fuentes es optimista. La firma Salomon Smith Barney calcula que la deuda total de Panamá aumentó $499 millones en 2002, considera que el balance fiscal consolidado arrojó un déficit de 4% en 2002 y tendrá un déficit de3.7% en 2003 y de 4.2% en 2004, el último año de la Presidencia de Mireya Moscoso.
De las diversas opiniones que he consultado, tanto de economistas panameños como de publicaciones extranjeras especializadas, saco la conclusión que necesitamos una reforma fiscal integral, que cubra los impuestos y otros ingresos del Estado, los egresos o gastos del mismo, la deuda en cuanto a su adquisición y a su amortización y muy especialmente la confiabilidad, transparencia y accesibilidad de la información financiera, pues por el camino que seguimos vamos al desastre. Sin esa reforma seriamente elaborada y ejecutada, no podemos aspirar a tener el desarrollo económico sostenido que nos permita salir de la pobreza y el alto desempleo, como lo venimos comprobando.
Por las mismas fuentes llego al convencimiento de que un Gobierno pueda concebir una reforma fiscal y ponerla en práctica necesita reunir ciertas carcterísticas. Primero, los máximos responsables de la política económica y financiera han de tener la capacidad y experiencia profesional de alto nivel, demostradas por sus aciertos, para saber (repito, saber) lo que tienen que hacer. Segundo, estos mismos responsables han de ser transparentes en sus planes y acción para dar a conocer y explicar sus propósitos, en vez de tratar de encubrirlos, como si el resto de los panameños e incluso los especialistas de instituciones y publicaciones extranjeras pudiéramos ser engañados fácilmente o amedrentados por acusaciones de tipo neo-norieguista de que formamos parte de una conspiración contra el Estado y la Patria. Tercero, estos mismos responsables han de colocarse en la vanguardia de la lucha contra la corrupción para lograr la autoridad moral de plantear más o diferentes impuestos
En su intento por responder a las críticas que he hecho sobre la doble irresponsabilidad de su gobierno, la Presidenta ha demostrado una mentalidad de neo-norieguismo, al interpretar las críticas a su gobierno como ataques a la seguridad del Estado y expresión de malos patriotas. Junto con esta mentalidad, la Presidenta recurre a métodos neo-norieguistas, pues hizo intervenir mi teléfono para luego dar una versión tergiversada a un periódico que le está políticamente subordinado, de manera que propague una calumnia que es además un absurdo. Estoy seguro de dicha intervención porque todas las personas mencionadas por el periódico eran personas con las que sólo había tenido contacto telefónico, de manera que yo era la única persona que sabía que había hablado con todas ellas, salvo los servicios de seguridad de la Presidencia que se dedican a esa forma de espionaje. Pero ni los interventores ni el periódico decían por qué los había llamado, a saber para asesorarme de puntos técnicos de economía y contabilidad, siguiendo mi costumbre cuando voy a declarar o escribir sobre un tema que tiene aspectos técnicos de asesorarme con especialistas.
Si la Presidenta cree de verdad que yo inducía a estas personas a conspirar contra el Estado y la Patria, su deber no es de amenazarme, sino de denunciarme. La he retado a que lo haga. Por mi parte le recomendaría que se preocupara más de que al término de su período no la espere la suerte de Arnoldo Alemán, como lo expresó uno de sus asesores. De lo que puede estar segura la Presidente, que no he tenido ni tendré temor, cuando las circunstancias lo ameriten como ahora, de decir a voz en cuello: “El emperador está desnudo.”
El Credit Suisse First Bank of Boston en su publicación del 12 de Febrero y Barclays en la suya del 13 destacan la siguiente inexplicable anomalía: el Gobierno afirma que el déficit es de $237.6 millones y que éste representa 2% exactamente de PIB nominal. Si esto fuera verdad, se puede calcular que el PIB nominal de 2002 habría sido de $11.83 billones. Puesto que la cifra oficial del MEF para el PIB nominal de 2001 fue de $11.04 billones (ambas cifras de PIB son de acuerdo con el MEF y su nueva metodología de calcular el PIB), habría que concluir que el PIB creció de un año al otro a la tasa de 7.1 %, lo cual es imposible. Tanto el Gobierno como las fuentes independientes están de acuerdo de que esta tasa no superó el 1%. Ello quiere decir que el déficit no fue de 2% aún con las finanzas de la ACP consolidadas y que las cifras que proporciona el MEF carecen de la mínima credibilidad necesaria. Credit Suisse señala que de todos modos de acuerdo con las cifras revisadas del MEF el déficit se habría casi triplicado, de 0.7% en 2001 a 2% en 2002. Esto se habría debido primero al aumento marcado del componente de los salarios, segundo a no haberse ajustado a los ingresos decrecientes después de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohibió el uso de los recursos del Fondo Fiduciario para cubrir el faltante estructural de $100 millones de ingresos, y tercero a un inesperado déficit de $50 millones en la Caja de Seguro Social.
Lo que cabe preguntarse es cómo el Gobierno financiará el déficit, puesto que la consolidación de la ACP y el uso de su superavit para contrarrestar parte del déficit y presentarlo como sólo 2% del PIB es una operación puramente contable sin ninguna transferencia correspondiente de fondos. Probablemente el Gobierno ha acumulado cuentas por pagar en 2002, pero ello significa que en 2003 para pagar estas cuentas habrá que hacer recortes aún mayores en el rubro de los gastos o contraer un endeudamiento mayor que el anticipado o una combinación de ambas cosas, aunque los recortes serían lo menos probable en un año justo antes de un año electoral.
Por lo demás, Credit Suisse no ve señales de una fuerte recuperación a corto plazo de la economía panameña y considera improbable un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno tiene $150 millones prefinanciados desde 2002, pero tendrá que contraer deuda adicional de $200 millones vía documentos colocados en el mercado doméstico y $250 en el mercado internacional.
El análisis de Barclays es congruente. Destaca la percepción de que la Administración Moscoso no tiene la necesaria “disciplina fiscal”. Su incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal ha dramatizado este hecho. El mercado esperaba alguna forma de manipulación contable, además de la posposición de inversiones y de la acumulación de deudas por pagar a los proveedores privados (que han alcanzado entre $50 y $70 millones). “Para 2003 la situación fiscal permanecerá muy difícil... Un deterioro fiscal adicional podría ocurrir en 2003.”
Por su parte, la publicación IDEAglobal en su edición del 13 de febrero, después de criticar a fondo la consolidación contable de la ACP y el SPNF, considera que al margen de este tema “el hecho es que los resultados fiscales en Panamá no han sido tan buenos como han debido ser y que esta situación no cambiará pronto, lo cual es claramente negativo para los prospectos de la solvencia de Panamá”.
En su edición del 21 de febrero. La misma publicación analiza el cambio en la metodología para calcular el PIB. Ya no se usará de base el año 1982, sino el año 1996 y se ajusta la metodología para que refleje la realidad económica actual y que incluya nuevos sectores de actividad económica. La revista considera el cambio positivo salvo por dos características. Primero, su inclusión de la economía informal, porque ésta no puede ser estimada con precisión y se presta a que la evaluación numérica del PIB resulte arbitraria. Sin embargo, dada la importancia de la economía informal en nuestros países, pienso que ello nos invita a tomar precauciones en el cálculo de la economía informal y a ser conservadores en su calculo, pero no a excluirla por completo, siempre y cuando se pueda calcular su crecimiento o decrecimiento anual razonablemente. Segundo, la oportunidad del cambio, pues el ajuste del PIB interfiere con la capacidad del mercado para evaluar la situación fiscal real y la dimensión real del déficit en comparación con los anteriores, sobre todo que al mismo tiempo se introdujo la consolidación contable de la ACP y el SPNF.
Mientras que el Ministro de Economía y Finanzas, con su optimismo que la realidad casi nunca justifica, augura para 2003 un crecimiento de 3%, IDEAglobal estima el crecimiento en no más de 1% y Crédit Suisse lo estima en 2%. Con respecto al futuro inmediato de las finanzas, ninguna de las fuentes es optimista. La firma Salomon Smith Barney calcula que la deuda total de Panamá aumentó $499 millones en 2002, considera que el balance fiscal consolidado arrojó un déficit de 4% en 2002 y tendrá un déficit de3.7% en 2003 y de 4.2% en 2004, el último año de la Presidencia de Mireya Moscoso.
De las diversas opiniones que he consultado, tanto de economistas panameños como de publicaciones extranjeras especializadas, saco la conclusión que necesitamos una reforma fiscal integral, que cubra los impuestos y otros ingresos del Estado, los egresos o gastos del mismo, la deuda en cuanto a su adquisición y a su amortización y muy especialmente la confiabilidad, transparencia y accesibilidad de la información financiera, pues por el camino que seguimos vamos al desastre. Sin esa reforma seriamente elaborada y ejecutada, no podemos aspirar a tener el desarrollo económico sostenido que nos permita salir de la pobreza y el alto desempleo, como lo venimos comprobando.
Por las mismas fuentes llego al convencimiento de que un Gobierno pueda concebir una reforma fiscal y ponerla en práctica necesita reunir ciertas carcterísticas. Primero, los máximos responsables de la política económica y financiera han de tener la capacidad y experiencia profesional de alto nivel, demostradas por sus aciertos, para saber (repito, saber) lo que tienen que hacer. Segundo, estos mismos responsables han de ser transparentes en sus planes y acción para dar a conocer y explicar sus propósitos, en vez de tratar de encubrirlos, como si el resto de los panameños e incluso los especialistas de instituciones y publicaciones extranjeras pudiéramos ser engañados fácilmente o amedrentados por acusaciones de tipo neo-norieguista de que formamos parte de una conspiración contra el Estado y la Patria. Tercero, estos mismos responsables han de colocarse en la vanguardia de la lucha contra la corrupción para lograr la autoridad moral de plantear más o diferentes impuestos
En su intento por responder a las críticas que he hecho sobre la doble irresponsabilidad de su gobierno, la Presidenta ha demostrado una mentalidad de neo-norieguismo, al interpretar las críticas a su gobierno como ataques a la seguridad del Estado y expresión de malos patriotas. Junto con esta mentalidad, la Presidenta recurre a métodos neo-norieguistas, pues hizo intervenir mi teléfono para luego dar una versión tergiversada a un periódico que le está políticamente subordinado, de manera que propague una calumnia que es además un absurdo. Estoy seguro de dicha intervención porque todas las personas mencionadas por el periódico eran personas con las que sólo había tenido contacto telefónico, de manera que yo era la única persona que sabía que había hablado con todas ellas, salvo los servicios de seguridad de la Presidencia que se dedican a esa forma de espionaje. Pero ni los interventores ni el periódico decían por qué los había llamado, a saber para asesorarme de puntos técnicos de economía y contabilidad, siguiendo mi costumbre cuando voy a declarar o escribir sobre un tema que tiene aspectos técnicos de asesorarme con especialistas.
Si la Presidenta cree de verdad que yo inducía a estas personas a conspirar contra el Estado y la Patria, su deber no es de amenazarme, sino de denunciarme. La he retado a que lo haga. Por mi parte le recomendaría que se preocupara más de que al término de su período no la espere la suerte de Arnoldo Alemán, como lo expresó uno de sus asesores. De lo que puede estar segura la Presidente, que no he tenido ni tendré temor, cuando las circunstancias lo ameriten como ahora, de decir a voz en cuello: “El emperador está desnudo.”
