Itinerario de la Mordaza 38
La sanción de la Ley 38, so pretexto de dotar a la Procuraduría de la Administración de un "Estatuto Orgánico", revela el logro alcanzado por los adversarios locales de un verdadero Estado de Derecho. Por ello, creo necesario que se conozca el itinerario de esta nueva mordaza, contenida en una Ley que, como veremos, es tortuosa, defectuosa e incestuosa. Antes debo indicar que esta Ley:
1) concentra poder en la Procuraduría, absorbiendo la facultad reglamentaria del Ministerio de la Presidencia para la coordinación de los reglamentos de los diversos componentes del "rgano Ejecutivo bajo la ley 33 de 1984, sin ser la Procuraduría parte integral del Ejecutivo. 2) Deroga toda disposición anterior concerniente a la libertad de información y augura muchísimo mal para la protección del derecho de petición y queja previsto en el artículo 851 del Código Administrativo; y 3) el artículo 9 que equipara los emolumentos de la Procuradora a aquellos de los magistrados de la Corte le asegura a la Procuradora, mediante ley-sustantiva, aquel aumento de B/7 mil a B/10 mil que el presidente Pérez Balladares le(s) dio a ambos procuradores mediante la ley-adjetiva que constituye el Presupuesto Nacional y que pudiera ser reducido en año(s) subsiguiente(s). Y, por supuesto no podían faltar: dos carros exonerados...
El anteproyecto elaborado por la Procuraduría de la Administración -con financiamiento del BID- llegó a la Asamblea Legislativa el 10 de abril de este año. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales -presidida por el PDC Rubén Arosemena- deja pasar "exprofeso" el plazo de discusión establecido por el Reglamento Interno de la Asamblea (art. 79).
El 23 de mayo la Procuradora (¡herself!) volvió a presentarlo. Y súbitamente la Comisión se recuperó de su letargo y entró en acción. Con el aire ya perfumado para ese entonces con los humores del FOFI, se producía, entretanto, una reunión de tres legisladores con la Procuradora acerca de "los salarios caídos de los legisladores". Unos días después -se nos informa- se recibe, en la Procuraduría de la Administración, una "consulta" de los legisladores sobre los salarios caídos.
En sólo hora y media del viernes 2 de junio, la Comisión aprobó en primer debate los 206 artículos vertidos en las 76 páginas de la ley propuesta. El lunes 5 de junio, en su inefable sabiduría, el Pleno acordó una petición de urgencia "notoria", firmada también por legisladores del arnulfismo, para una ley que, dicho sea de paso, contiene artículos programados para entrar en vigencia en marzo de 2001.
El jueves 15 de junio, después de haber "dormido" la propuesta, conforme lo dispone el artículo 138 del Reglamento Interno, el Pleno inició una sesión que, más que segundo debate, se caracterizó por los elogios personales a la Procuradora y a su antecesora allí presente como consultora pagada por el BID. A causa de la "regadera" de flores no alcanzó el tiempo ese mismo día y la petición de sesión-permanente aprobada, trasladó ese segundo "debate" para el día siguiente, viernes 16 de junio.
Esa sesión del viernes 16 resultó histórica en los anales de la Asamblea: ¡Hubo quórum (y tempranito)!. Lo curioso es que los legisladores reelectos - o sea, los elegibles para recibir, cada uno, los $54 mil de los "salarios caídos"- tanto del oficialismo como del PRD, estaban excepcionalmente puntuales y sentaditos. De ambos lados de la sala y notablemente ausentes estaban muchísimos legisladores recién electos. Cuando finalmente se aprueba en segundo debate (a eso de las 11:30 am) esta "Ley Orgánica para una mitad del Ministerio Público" (sin que sepamos aún si se cumplió con el artículo 161 del Reglamento Interno), la HL Haydee Milanés de Lay, gentil como siempre, le indica a los legisladores que habían "madrugado" y que se apresuraban a salir del Pleno, que se vuelvan a sentar, que lo que había terminado era la sesión permanente del 15 de junio, y que ahora venía la sesión del propio viernes 16, habilitado por la Junta Directiva para salir de los proyectos acumulados antes del receso.
El 23 de junio, tras el valor agregado por la Comisión de Corrección y Estilo y el añejamiento de rigor, el Pleno inicia su Tercer Debate. Lo acontecido también fue histórico: el Pleno acordó bajar el proyecto de vuelta a Segundo Debate, aprobó agregarle un artículo (que objetaría luego el grupo de Justicia y Paz, por postergar la entrada en vigencia de los tribunales de adolescentes sobre los que el Organo Judicial se confesaba moroso), lo volvió a subir por ahí mismo a tercer debate y, sin rubor o rechazo alguno, aprobó la nueva ley amordazadora.
En el acto de sanción, realizado el 31 de julio en los lujosos salones de la Procuraduría de la Administración, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, "en armónica colaboración entre sí", brindaron con "champagne". Sólo faltó "la Fuerza Pública"...
1) concentra poder en la Procuraduría, absorbiendo la facultad reglamentaria del Ministerio de la Presidencia para la coordinación de los reglamentos de los diversos componentes del "rgano Ejecutivo bajo la ley 33 de 1984, sin ser la Procuraduría parte integral del Ejecutivo. 2) Deroga toda disposición anterior concerniente a la libertad de información y augura muchísimo mal para la protección del derecho de petición y queja previsto en el artículo 851 del Código Administrativo; y 3) el artículo 9 que equipara los emolumentos de la Procuradora a aquellos de los magistrados de la Corte le asegura a la Procuradora, mediante ley-sustantiva, aquel aumento de B/7 mil a B/10 mil que el presidente Pérez Balladares le(s) dio a ambos procuradores mediante la ley-adjetiva que constituye el Presupuesto Nacional y que pudiera ser reducido en año(s) subsiguiente(s). Y, por supuesto no podían faltar: dos carros exonerados...
El anteproyecto elaborado por la Procuraduría de la Administración -con financiamiento del BID- llegó a la Asamblea Legislativa el 10 de abril de este año. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales -presidida por el PDC Rubén Arosemena- deja pasar "exprofeso" el plazo de discusión establecido por el Reglamento Interno de la Asamblea (art. 79).
El 23 de mayo la Procuradora (¡herself!) volvió a presentarlo. Y súbitamente la Comisión se recuperó de su letargo y entró en acción. Con el aire ya perfumado para ese entonces con los humores del FOFI, se producía, entretanto, una reunión de tres legisladores con la Procuradora acerca de "los salarios caídos de los legisladores". Unos días después -se nos informa- se recibe, en la Procuraduría de la Administración, una "consulta" de los legisladores sobre los salarios caídos.
En sólo hora y media del viernes 2 de junio, la Comisión aprobó en primer debate los 206 artículos vertidos en las 76 páginas de la ley propuesta. El lunes 5 de junio, en su inefable sabiduría, el Pleno acordó una petición de urgencia "notoria", firmada también por legisladores del arnulfismo, para una ley que, dicho sea de paso, contiene artículos programados para entrar en vigencia en marzo de 2001.
El jueves 15 de junio, después de haber "dormido" la propuesta, conforme lo dispone el artículo 138 del Reglamento Interno, el Pleno inició una sesión que, más que segundo debate, se caracterizó por los elogios personales a la Procuradora y a su antecesora allí presente como consultora pagada por el BID. A causa de la "regadera" de flores no alcanzó el tiempo ese mismo día y la petición de sesión-permanente aprobada, trasladó ese segundo "debate" para el día siguiente, viernes 16 de junio.
Esa sesión del viernes 16 resultó histórica en los anales de la Asamblea: ¡Hubo quórum (y tempranito)!. Lo curioso es que los legisladores reelectos - o sea, los elegibles para recibir, cada uno, los $54 mil de los "salarios caídos"- tanto del oficialismo como del PRD, estaban excepcionalmente puntuales y sentaditos. De ambos lados de la sala y notablemente ausentes estaban muchísimos legisladores recién electos. Cuando finalmente se aprueba en segundo debate (a eso de las 11:30 am) esta "Ley Orgánica para una mitad del Ministerio Público" (sin que sepamos aún si se cumplió con el artículo 161 del Reglamento Interno), la HL Haydee Milanés de Lay, gentil como siempre, le indica a los legisladores que habían "madrugado" y que se apresuraban a salir del Pleno, que se vuelvan a sentar, que lo que había terminado era la sesión permanente del 15 de junio, y que ahora venía la sesión del propio viernes 16, habilitado por la Junta Directiva para salir de los proyectos acumulados antes del receso.
El 23 de junio, tras el valor agregado por la Comisión de Corrección y Estilo y el añejamiento de rigor, el Pleno inicia su Tercer Debate. Lo acontecido también fue histórico: el Pleno acordó bajar el proyecto de vuelta a Segundo Debate, aprobó agregarle un artículo (que objetaría luego el grupo de Justicia y Paz, por postergar la entrada en vigencia de los tribunales de adolescentes sobre los que el Organo Judicial se confesaba moroso), lo volvió a subir por ahí mismo a tercer debate y, sin rubor o rechazo alguno, aprobó la nueva ley amordazadora.
En el acto de sanción, realizado el 31 de julio en los lujosos salones de la Procuraduría de la Administración, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, "en armónica colaboración entre sí", brindaron con "champagne". Sólo faltó "la Fuerza Pública"...
