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Japai del Arnulfismo


El plan de gobierno de Unión por Panamá intitulado "Nuestro compromiso para el cambio", en la parte introductoria a su Agenda Social, segundo párrafo, dice textualmente: "Dedicaremos los excedentes del Fondo Fiduciario para el Desarrollo a financiar programas de asistencia alimentaria para los grupos de extrema pobreza".
El actual Gobierno Nacional cuando estaba en plena campaña, jamás manifestó su decisión de hacer uso de los Fondos Fiduciarios para el Desarrollo, como ahora pretende hacerlo. ¿Qué los ha hecho variar su propuesta o compromiso adquirido con la ciudadanía? La razón la desconocemos, pero parece que se trataba de un as bajo la manga que mantenían y que le ocultaron al pueblo por razones obvias. Se comprometieron, contrajeron obligación, dieron palabra y fe empeñada de que los excedentes y réditos de esos fondos serían empleados para financiar programas de asistencia alimentaria para los grupos de extrema pobreza y ahora, de un plumazo, desean acabar con ellos.
Se ha anunciado que entre los legisladores que responden directamente al gobierno y la bancada del Partido Popular existe un acuerdo que permite al Gobierno Nacional hacerse de los Fondos Fiduciarios para el Desarrollo. Nos causa extrañeza esta situación, pues entre la posición del Gobierno Nacional, que fundamentalmente es gastarse los mil trescientos millones que hay, y la propuesta dicho partido, que salió publicada en una separata que se distribuyó por varios medios escritos, existen abismales diferencias pues de acuerdo con el Partido Popular el fondo debe incrementarse con una nueva concepción de inversión que generaría un rendimiento muy superior al actual. En efecto, establece entre otras cosas, la propuesta del Partido Popular que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo podría contar con activos de B/s. 2,700 millones en vez de los B/1,300 millones con los que cuenta en la actualidad, y aportar 200 millones de balboas más de los 73 millones de balboas del año pasado. Por otro lado, sugiere dicho partido que el fondo debe ser invertido, no gastado, para financiar inversiones de los municipios tales como agua potable, habilitación de playas que estimulen el turismo; inversiones para la generación de empleos; para la creación de viviendas populares; para la salud y educación, etc. Todas estas inversiones, según el Partido Popular, implican un rendimiento entre el 7 y el 8 por ciento, lo que incrementaría el rendimiento y para su manejo propone la creación de una Junta de Síndicos.
La ciudadanía no conoce el proyecto que se ha elaborado y por consiguiente no se ha podido realizar un debate sobre el mismo. Tan sólo se conocen esporádicas intervenciones de alguno que otro legislador que da a conocer lo que pudiera interpretarse como su parecer. Resulta poco conveniente que la suerte de todo ese patrimonio del pueblo sea decidido por un grupo minúsculo de panameños que sólo representan los intereses de los partidos a los que pertenecen y a los que deben plena lealtad, pues de lo contrario tienen que afrontar la "revocatoria de mandato".
Nos llama poderosamente la atención la metodología en todo esto. Y es que el sentido común, y las buenas finanzas, indica que antes de adquirir los fondos el gobierno debería conocer con precisión los proyectos específicos y monto exacto que se destinará a cada uno de ellos así como los estudios de factibilidad correspondientes. En idéntica forma como si se tratase de un empréstito a una Institución Financiera. Pero, por el contrario, el actual gobierno asume la actitud propia del que se ha ganado la lotería: una vez recibido el dinero del premio mira a ver en qué se lo gasta, lo que obviamente lleva, en la mayoría de los casos, a una mala inversión de los mismos. El Gobierno Nacional desea hacer su "japaí" con los dineros del Fondo Fiduciario para el Desarrollo.
Evidentemente que la ciudadanía, que ha perdido totalmente la fe en los políticos, ve esta situación como un zarpazo a los bienes del Estado por parte de los que hoy detentan el poder. La Presidenta del PRD declaró públicamente que se trata de un atraco a los fondos públicos. La Iglesia, por su parte, a través de Monseñor Cedeño, ha declarado referente al destino de estos fondos, que los legisladores deben en todo momento pensar en Panamá y no en sus partidos políticos, lo que evidentemente debe ser así, pero ello equivale a pedirle peras al olmo.
El pueblo, salvo algunas protestas en las calles que se han anunciado, permanecerá, como es costumbre, como un mero espectador del festín que se darán los grandes comensales de la República, los políticos que viven a la mesa a expensas de los bienes del Estado. El llamado pase de factura que pudiera dispensarles el pueblo no les preocupa porque, una vez engrosados sus bolsillos, se consideran hechos, además de la impunidad reinante.

101 años de Panamá América

 
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