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Jubilaciones y educación: ¿Negación de la esperanza?


Gran parte de la sociedad panameña y de su gobierno reconocen que, en este mundo globalizado, la educación es primordial para asegurar crecientes niveles de progreso económico, equidad social y convivencia armoniosa y pacífica. Este reconocimiento está presente en casi todos los foros y eventos nacionales e internacionales cuyos discursos y ponencias tratan sobre el desarrollo y nos conectan con el futuro. Pero la realidad con frecuencia es otra. Actualmente, el personal docente, uno de los factores principales que hace posible la educación y garantiza, como ningún otro, la sostenibilidad y éxito de la transformación educativa, siente desaliento y gran incertidumbre hacia su porvenir profesional y familiar en virtud de la eliminación de su jubilación especial.
En Panamá ha llegado a su clímax el debate sobre las jubilaciones. El gobierno ha expresado que no habrá jubilaciones especiales para nadie, pues no existen los recursos para mantener este programa. La situación de las pensiones y jubilaciones entró en crisis, paradójicamente con la globalización y el mundo de bienestar que prometió la doctrina del libre mercado. El anuncio ruidoso de la alborada de un nuevo milenio, la era del conocimiento y del desarrollo científico-tecnológico, también ha sido el inicio de las revisiones de las políticas de bienestar y de los servicios del Estado en casi todos los países de la región y de una buena parte del mundo. A las inmensas oportunidades que ofrece esta nueva era, también se le agregan las enormes desigualdades que generan entre naciones y entre grupos de población. La regulación de estos procesos con las políticas eficaces y oportunas, para reducir la brecha social, es una de las tareas más urgentes de los gobiernos.
Uno de los grupos afectados con las nuevas medidas es, sin duda, el de los educadores. Este sector, con sus fortalezas, y debilidades, representan una clase profesional a la que se debe prestar atención especial en las decisiones del Estado. Se debe reconocer que la docencia debe ser considerada como una profesión, cuyos miembros prestan un servicio público, lo cual les exige no sólo el conocimiento profundo y competencia especial, adquiridos y mantenidos mediante estudios rigurosos y continuos, sino también un sentido de responsabilidad personal y colectiva con la educación, su alumnado y la propia comunidad. (OIT-UNESCO: 1966).
El personal docente tiene y tendrá en el futuro un lugar preferencial en los sistemas educativos, por representar uno de los elementos más decisivos en los procesos de aprendizaje y desarrollo del capital humano. Ningún cambio educativo es posible con docentes que no estén preparados debidamente y no se sientan identificados y comprometidos con sus postulados.
Una educación de calidad como la que aspira ofrecer el país sólo podrá lograrse con docentes bien formados y motivados para ejerce su profesión. Implica atraer al magisterio a las personas más capaces y profesionalmente comprometidas con la docencia, lo cual exige contar con un mínimo de estímulos que tornen atractiva esta profesión y que alcance el reconocimiento social que ha perdido y que es indispensable devolverle. Por ello es importante saber. ¿Quiénes son las maestras y profesores que están a cargo de la formación de nuestros hijos e hijas? ¿Cuál es su formación inicial y el perfeccionamiento profesional adquirido. ¿Cuáles son los valores que poseen y difunden? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cuáles son sus expectativas salariales y profesionales? Son preguntas a las que debemos responder como parte de este análisis.
Es necesario reconocer que existe un deterioro creciente en la docencia de básica y de media. Las personas más competentes y dedicadas no se sienten interesadas en la docencia, pues prefieren una carrera mejor remunerada y con mayores posibilidades de éxito. No son pocos los que entraron a este servicio y decidieron tempranamente explorar oportunidades en otros campos ocupacionales más prometedores. El salario de este personal, si bien es uno de los más altos de América Latina, es también de los más bajos relativamente, al compararse con el de otros profesionales y técnicos nacionales con igual nivel de estudios y exigencias laborales. Asimismo, este sector resiente la carencia de un sistema científico de reconocimiento económicos sustentando en el perfeccionamiento y en criterios de desempleo creciente que valoren, no sólo la formación lograda, sino también aspectos como la capacidad profesional, la dedicación, la creatividad y el compromiso.
Esta carrera docente deberá contemplar incentivos profesionales y económicos que aseguren justipreciar el buen desempeño profesional con los sobresueldos correspondientes, de modo que las y los docentes logren alcanzar un nivel salarial que le permita atender sus necesidades fundamentales, llevar una vida decorosa, cumplir con las exigencias de su puesto y destinar una parte de sus ingresos a un fondo de retiro para asegurar una vejez digna y sin atribulaciones.
Debemos empezar a trabajar ya en esta dirección. Es importante asegurarle un plan de retiro al sector magisterial directamente proporcional al valor que decimos tiene la educación para el futuro del país. Si de verdad sentimos y pensamos que debemos tener una mejor educación para asegurar el desarrollo económico y social, reducir la pobreza y la exclusión social, entonces empecemos por hacer de la profesión docente una carrera atractiva, estimulante y con esperanzas para todas las personas que en ella participen.
El desarrollo de la formación profesional del personal docente demanda un programa que incluya entre otros: becas, investigaciones, pasantías, premios a la excelencia docente, programas innovadores de formación inicial y continua; formación de formadores, tecnologías y recursos pedagógicos modernos. Pero ¿Cómo financiar todo esto? Una alternativa es destinar un porcentaje del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), a la inversión en el futuro de la educación. Una parte de este porcentaje bien podría servir para desarrollar la capacidad profesional de los educadores, considerado el medio más importante para asegurar a largo plazo la transformación del sistema educativo. Las universidades nacionales, con el liderazgo de la Universidad de Panamá y su Facultad de Ciencias de la Educación, deberían jugar un papel importante en este proceso renovador y recibir los aportes financieros suplementarios del Estado y la sociedad, para cumplir con esta impostergable misión.
La esperanza sólo se justifica en los que caminan. Demos esperanzas a la sociedad panameña en su futuro, forjando el personal docente que hará posible una mejor educación para todos.

101 años de Panamá América

 
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