Juegan con la Nutrición Infantil
Recientemente publicamos un artículo en el cual se revelan ciertos datos sumamente preocupantes sobre la forma como el gobierno de Ernesto Pérez Balladares ha implementado la Ley 35 de 1995, "por la cual se establece el Programa de Distribución del Vaso de Leche y la Galleta Nutricional o Cremas Enriquecidas, en todos los centros oficiales de educación preescolar y primaria del país".
Dicha ley, "establece de manera gratuita y permanente, durante el periodo escolar, el programa de distribución de ocho (8) onzas mínimas de leche grado A o B, con galleta nutricionalmente mejorada, o con cremas nutritivas enriquecidas o un sustituto de igual o de superior valor nutritivo, a todos los estudiantes que asistan a los centros oficiales de educación preescolar y primaria".
La ley tiene su razón de ser en el alto nivel de desnutrición infantil ocasionado por la pobreza. De acuerdo a un folletín fechado en 1996 por la Dirección de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación, "a nivel nacional, 2 de cada 10 niños en edades de 6-9 años tienen desnutrición crónica". Con estos niveles, cualquier inversión que el gobierno haga en educación no podrá producir efectos positivos ya que un niño que está mal nutrido no puede aprender.
La propuesta original del Programa de Nutrición Escolar era por tanto llegar a cumplir con el mandato legal en un período de cuatro años, es decir, que para este año se debería estar suministrando el vaso de leche y la galleta a "todos" los niños en centros preescolares y primarios del país. Sin embargo, las autoridades responsables de su implementación han indicado que recortes presupuestarios han imposibilitado su cumplimiento. Para este año, en vez de invertir unos B/.19 millones que requería el programa, el gobierno ha presupuestado sólo B/.11 millones.
Como si no fuera poco la incapacidad gubernamental de implementar su propia ley, mientras se gasta miles o millones en lujosos viajes al extranjero para el Presidente y su "equipo de trabajo", también hemos conocido a través de nuestras investigaciones, que la distribución de dichos alimentos es inapropiada. En vez de llegar a los centros de enseñanza más recónditos en donde los niveles de desnutrición son superiores, el programa se ha concentrado en las áreas metropolitana y urbana de las principales provincias.
Para colmo de males, los escasos recursos han sido dirigidos en forma desproporcionada a la adquisición de la crema de maíz, la cual requiere agua para su preparación y utensilios para su consumo, recursos contaminados e inexistentes en las escuelas más remotas y apartadas.
La sensibilidad social no se pregona sino que se demuestra. Exigimos que dejen de jugar a la demagogia con el futuro del país, representado en nuestros niños y jóvenes, y hagan los sacrificios que sean necesarios para cumplir con la ley que esta misma administración promovió.
Dicha ley, "establece de manera gratuita y permanente, durante el periodo escolar, el programa de distribución de ocho (8) onzas mínimas de leche grado A o B, con galleta nutricionalmente mejorada, o con cremas nutritivas enriquecidas o un sustituto de igual o de superior valor nutritivo, a todos los estudiantes que asistan a los centros oficiales de educación preescolar y primaria".
La ley tiene su razón de ser en el alto nivel de desnutrición infantil ocasionado por la pobreza. De acuerdo a un folletín fechado en 1996 por la Dirección de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación, "a nivel nacional, 2 de cada 10 niños en edades de 6-9 años tienen desnutrición crónica". Con estos niveles, cualquier inversión que el gobierno haga en educación no podrá producir efectos positivos ya que un niño que está mal nutrido no puede aprender.
La propuesta original del Programa de Nutrición Escolar era por tanto llegar a cumplir con el mandato legal en un período de cuatro años, es decir, que para este año se debería estar suministrando el vaso de leche y la galleta a "todos" los niños en centros preescolares y primarios del país. Sin embargo, las autoridades responsables de su implementación han indicado que recortes presupuestarios han imposibilitado su cumplimiento. Para este año, en vez de invertir unos B/.19 millones que requería el programa, el gobierno ha presupuestado sólo B/.11 millones.
Como si no fuera poco la incapacidad gubernamental de implementar su propia ley, mientras se gasta miles o millones en lujosos viajes al extranjero para el Presidente y su "equipo de trabajo", también hemos conocido a través de nuestras investigaciones, que la distribución de dichos alimentos es inapropiada. En vez de llegar a los centros de enseñanza más recónditos en donde los niveles de desnutrición son superiores, el programa se ha concentrado en las áreas metropolitana y urbana de las principales provincias.
Para colmo de males, los escasos recursos han sido dirigidos en forma desproporcionada a la adquisición de la crema de maíz, la cual requiere agua para su preparación y utensilios para su consumo, recursos contaminados e inexistentes en las escuelas más remotas y apartadas.
La sensibilidad social no se pregona sino que se demuestra. Exigimos que dejen de jugar a la demagogia con el futuro del país, representado en nuestros niños y jóvenes, y hagan los sacrificios que sean necesarios para cumplir con la ley que esta misma administración promovió.
