Jugando con la democracia
Uno de los conceptos jurídicos que más desarrollo jurisprudencial y doctrinal requiere en nuestro país es la llamada "desviación de poder". Un gobernante utiliza su poder en forma desviada cuando, cumpliendo con las formalidades legales, persigue fines no previstos en la ley o incluso, fines contrarios a los establecidos en las normas legales, ya sea en forma expresa o tácita.
Traigo el tema a colación, porque la Administración Pérez Balladares, en varias ocasiones, ha incurrido en la causal de "desviación de poder", la cual vicia de nulidad los actos administrativos. O por lo menos, así debe ocurrir en una sociedad democrática que cuente con un Organo Judicial independiente e imparcial, es decir, un Organo Judicial muy distinto al que, lamentablemente, tenemos en nuestro país.
La última actuación torcida del actual Presidente lo constituye el número plural de nombramientos que, por virtud de leyes propuestas por el propio Ejecutivo, se extienden por períodos que trascienden el término constitucional del mandato de Pérez Balladares. Me refiero a nombramientos en instituciones tales como la Superintendencia Bancaria, Autoridad Nacional del Ambiente, Autoridad Marítima y Registro Público.
Los defensores de estos nombramientos aducen que se está cumpliendo con todos los requisitos legales, puesto que el Ejecutivo presenta los proyectos de ley y la Asamblea los aprueba, pero lo cierto es que se están utilizando los poderes que la Constitución da para burlarse del espíritu de la misma. Y es que nuestra Carta Magna, con todos sus defectos, señala claramente que vivimos en un Estado democrático, donde existe la separación de los poderes. Así lo dice el artículo 2, al señalar que los Organos Legislativo, Ejecutivo y Judicial actuarán separada e independientemente, pero en armónica colaboración.
Con base en el principio de la separación de los poderes, es claro que no debe utilizarse una mayoría legislativa para aprobar leyes que se entrometan en las facultades de nombramiento de un próximo Ejecutivo, menos aún debe hacerse en plena etapa de transición, cuando el pueblo panameño ya ha escogido al sucesor de la Administración en ejercicio.
Si llevamos el argumento del Presidente Pérez Balladares a su extremo, veremos que, cumpliendo con las formalidades constitucionales, él podría, al menos en teoría, proponer leyes que le permitan nombrar, en los escasos tres meses que le quedan, a todos los directores de entidades autónomas y semiautónomas, lo cual constituiría un claro desconocimiento popular expresado el pasado 2 de mayo.
Existen instituciones, cuyos directores deben ser protegidos por períodos estables, fijados por Constitución o ley, para efectos de protegerlos de los vaivenes o presiones políticas. Estas instituciones son aquellas que juegan un papel de fiscalización, que constituyen baluarte fundamentales del llamado "sistema de pesos y contrapesos". Se trata de instituciones tales como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral.
Por otro lado, existen otras instituciones, cuya naturaleza y funciones son propias del Poder Ejecutivo y en tal sentido, están diseñadas para convertirse en brazos ejecutores de la política económica, ambiental o social de la Administración que, en una coyuntura dada, jefatura la nave del Estado. No es otra la función de instituciones tales como la ANAM y la Autoridad Marítima. Es absurdo que una Presidenta de la República no pueda designar a la persona que mejor estime preparada para llevar adelante la estrategia de desarrollo marítimo de su gobierno y por el contrario, se vea obligada a trabajar con quien claramente responde a una administración anterior que, además, es contraria a la suya. Y lo mismo podemos decir del Registro Público y de la Autoridad Nacional del Ambiente, por mencionar algunos ejemplos de esta infundada práctica.
Finalmente, no podemos olvidar que, al iniciar su gestión en 1994, Pérez Balladares designó a personas de su confianza en el Registro Público, en la Autoridad Portuaria, en la Comisión Bancaria Nacional y en el INRENARE. Cinco años después, su soberbia pretende negarle el mismo derecho a quien legítimamente se ganó el derecho a sucederle en la Presidencia de la República. Si sale adelante con su capricho, la democracia panameña habrá perdido, mientras que quienes practican el deleznable "juego vivo", habrán resultado vencedores.
Traigo el tema a colación, porque la Administración Pérez Balladares, en varias ocasiones, ha incurrido en la causal de "desviación de poder", la cual vicia de nulidad los actos administrativos. O por lo menos, así debe ocurrir en una sociedad democrática que cuente con un Organo Judicial independiente e imparcial, es decir, un Organo Judicial muy distinto al que, lamentablemente, tenemos en nuestro país.
La última actuación torcida del actual Presidente lo constituye el número plural de nombramientos que, por virtud de leyes propuestas por el propio Ejecutivo, se extienden por períodos que trascienden el término constitucional del mandato de Pérez Balladares. Me refiero a nombramientos en instituciones tales como la Superintendencia Bancaria, Autoridad Nacional del Ambiente, Autoridad Marítima y Registro Público.
Los defensores de estos nombramientos aducen que se está cumpliendo con todos los requisitos legales, puesto que el Ejecutivo presenta los proyectos de ley y la Asamblea los aprueba, pero lo cierto es que se están utilizando los poderes que la Constitución da para burlarse del espíritu de la misma. Y es que nuestra Carta Magna, con todos sus defectos, señala claramente que vivimos en un Estado democrático, donde existe la separación de los poderes. Así lo dice el artículo 2, al señalar que los Organos Legislativo, Ejecutivo y Judicial actuarán separada e independientemente, pero en armónica colaboración.
Con base en el principio de la separación de los poderes, es claro que no debe utilizarse una mayoría legislativa para aprobar leyes que se entrometan en las facultades de nombramiento de un próximo Ejecutivo, menos aún debe hacerse en plena etapa de transición, cuando el pueblo panameño ya ha escogido al sucesor de la Administración en ejercicio.
Si llevamos el argumento del Presidente Pérez Balladares a su extremo, veremos que, cumpliendo con las formalidades constitucionales, él podría, al menos en teoría, proponer leyes que le permitan nombrar, en los escasos tres meses que le quedan, a todos los directores de entidades autónomas y semiautónomas, lo cual constituiría un claro desconocimiento popular expresado el pasado 2 de mayo.
Existen instituciones, cuyos directores deben ser protegidos por períodos estables, fijados por Constitución o ley, para efectos de protegerlos de los vaivenes o presiones políticas. Estas instituciones son aquellas que juegan un papel de fiscalización, que constituyen baluarte fundamentales del llamado "sistema de pesos y contrapesos". Se trata de instituciones tales como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral.
Por otro lado, existen otras instituciones, cuya naturaleza y funciones son propias del Poder Ejecutivo y en tal sentido, están diseñadas para convertirse en brazos ejecutores de la política económica, ambiental o social de la Administración que, en una coyuntura dada, jefatura la nave del Estado. No es otra la función de instituciones tales como la ANAM y la Autoridad Marítima. Es absurdo que una Presidenta de la República no pueda designar a la persona que mejor estime preparada para llevar adelante la estrategia de desarrollo marítimo de su gobierno y por el contrario, se vea obligada a trabajar con quien claramente responde a una administración anterior que, además, es contraria a la suya. Y lo mismo podemos decir del Registro Público y de la Autoridad Nacional del Ambiente, por mencionar algunos ejemplos de esta infundada práctica.
Finalmente, no podemos olvidar que, al iniciar su gestión en 1994, Pérez Balladares designó a personas de su confianza en el Registro Público, en la Autoridad Portuaria, en la Comisión Bancaria Nacional y en el INRENARE. Cinco años después, su soberbia pretende negarle el mismo derecho a quien legítimamente se ganó el derecho a sucederle en la Presidencia de la República. Si sale adelante con su capricho, la democracia panameña habrá perdido, mientras que quienes practican el deleznable "juego vivo", habrán resultado vencedores.
