Juicio de Residencia y los Ministros
ACOSTUMBRADO al sensacionalismo y a la incertidumbre, el Presidente dejó expresado el cambio en su equipo ministerial, luego de la renuncia masiva de quienes ocupaban el cargo de Ministro de Estado.
La impresión ciudadana frente al drama público de las dimisiones, era que se trataba de otro espectáculo de los muchos que cotidianamente nos brindan quienes dirigen la cosa pública. Es claro que la distracción ciudadana, utilizada como método por el poder político, le ha sido altamente rentable. Esa metodología ha logrado influenciar en la conciencia de la gente, y ha afectado tremendamente su capacidad de lucha. Entretener la población, se ha convertido en una fórmula que se emplea cada vez, que se asoma y se tensionan las fuerzas del movimiento popular.
No causa extrañeza, que ante las contradicciones que se venían profundizando entre el Suntracs y los poderes económico y político, surgiera el caso de Saúl Méndez, como una manera de centrar la discusión en un asunto incierto, y desmovilizar la jornada de lucha que desnudaba cada vez más las pretensiones de la patronal y del gobierno.
Ahora, las renuncias en pleno del gabinete, y los posibles reemplazos, condujeron la atención ciudadana hacia quienes deberían ocupar los cargos. Es decir, la distrajo hacia ese objetivo, para disminuirle a la población -una vez más- la oportunidad de pensar y repensar sobre lo que viene afectando duramente y con permanencia, su existencia.
Esta estrategia -de vieja data- de distraer para confundir ha sido afinada por los gobiernos.
A juicio nuestro, no había necesidad de hacer un montaje de renuncias en pleno, para luego reemplazar a algunos y mantener a otros. Simplemente con el ejercicio de la facultad legal de nombrar y remover a los ministros, ejercida en cualquier momento, y principalmente cuando el sentido ciudadano así lo exigía, en los casos de los ministros de Salud, Educación y recientemente, el de Trabajo, pudo haberse producido el reemplazo de los mismos.
Los resultados de la gestión gubernamental, en mayor medida cuestionables, los cuales expresan serios déficit en seguridad, salud, educación, costo de vida, servicios públicos, administración de justicia, e igualmente altos niveles en los terrenos de la corrupción, tráfico de influencia, descomposición familiar, violencia, indicaban la necesidad radical y absoluta de cambio, por cuanto que inconsecuentes con las propuestas de más empleos, más seguridad y cero corrupción, no han sido capaces de impulsar verdaderos cambios.
Interesante sería que a los ministros excluidos, se le sometiera, tal y como ocurrió durante el periodo colonial americano a un Juicio de Residencia. Este fue un procedimiento que se le siguió a los funcionarios que dejaban un cargo. En él, se revisaban todas sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido la posición, ni asumir otro hasta que concluyese el juicio. Este procedimiento era público, y terminado el proceso, si era positivo, la autoridad podía ascender en el cargo u ocupar otro. No obstante, si había cometido errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida de ocupar un cargo.
Era un juicio sumario y público, realizado inmediatamente el funcionario dejaba el cargo. No había tiempo para subterfugios y evasivas, ni para permitir, las influencias, para favorecer a alguno.
Si al menos en Panamá, eso fuera así, bastante quedarían inhabilitados de por vida, para ejercer cargos públicos.
Los cambios ministeriales no garantizan en modo alguno, mejores perspectivas para el país. Tampoco lo eran, los que tuvieron que abandonaron la trinchera. El claro ejemplo, está en la suplantación de Juan Bosco Bernal, en el Ministerio de Educación, por Miguel Angel Cañizales, que necesariamente , no significó mejores condiciones para la Educación Panameña.
Los gobiernos deben responder a la voluntad de los electores, que a fin de cuentas, son los beneficiados o no, por la actuación de sus miembros. De la misma manera, las elecciones o las designaciones en los cargos, deben estar a tono con el interés ciudadano. Desafortunadamente, estamos muy lejos, que así sea en nuestro país.
La impresión ciudadana frente al drama público de las dimisiones, era que se trataba de otro espectáculo de los muchos que cotidianamente nos brindan quienes dirigen la cosa pública. Es claro que la distracción ciudadana, utilizada como método por el poder político, le ha sido altamente rentable. Esa metodología ha logrado influenciar en la conciencia de la gente, y ha afectado tremendamente su capacidad de lucha. Entretener la población, se ha convertido en una fórmula que se emplea cada vez, que se asoma y se tensionan las fuerzas del movimiento popular.
No causa extrañeza, que ante las contradicciones que se venían profundizando entre el Suntracs y los poderes económico y político, surgiera el caso de Saúl Méndez, como una manera de centrar la discusión en un asunto incierto, y desmovilizar la jornada de lucha que desnudaba cada vez más las pretensiones de la patronal y del gobierno.
Ahora, las renuncias en pleno del gabinete, y los posibles reemplazos, condujeron la atención ciudadana hacia quienes deberían ocupar los cargos. Es decir, la distrajo hacia ese objetivo, para disminuirle a la población -una vez más- la oportunidad de pensar y repensar sobre lo que viene afectando duramente y con permanencia, su existencia.
Esta estrategia -de vieja data- de distraer para confundir ha sido afinada por los gobiernos.
A juicio nuestro, no había necesidad de hacer un montaje de renuncias en pleno, para luego reemplazar a algunos y mantener a otros. Simplemente con el ejercicio de la facultad legal de nombrar y remover a los ministros, ejercida en cualquier momento, y principalmente cuando el sentido ciudadano así lo exigía, en los casos de los ministros de Salud, Educación y recientemente, el de Trabajo, pudo haberse producido el reemplazo de los mismos.
Los resultados de la gestión gubernamental, en mayor medida cuestionables, los cuales expresan serios déficit en seguridad, salud, educación, costo de vida, servicios públicos, administración de justicia, e igualmente altos niveles en los terrenos de la corrupción, tráfico de influencia, descomposición familiar, violencia, indicaban la necesidad radical y absoluta de cambio, por cuanto que inconsecuentes con las propuestas de más empleos, más seguridad y cero corrupción, no han sido capaces de impulsar verdaderos cambios.
Interesante sería que a los ministros excluidos, se le sometiera, tal y como ocurrió durante el periodo colonial americano a un Juicio de Residencia. Este fue un procedimiento que se le siguió a los funcionarios que dejaban un cargo. En él, se revisaban todas sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido la posición, ni asumir otro hasta que concluyese el juicio. Este procedimiento era público, y terminado el proceso, si era positivo, la autoridad podía ascender en el cargo u ocupar otro. No obstante, si había cometido errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida de ocupar un cargo.
Era un juicio sumario y público, realizado inmediatamente el funcionario dejaba el cargo. No había tiempo para subterfugios y evasivas, ni para permitir, las influencias, para favorecer a alguno.
Si al menos en Panamá, eso fuera así, bastante quedarían inhabilitados de por vida, para ejercer cargos públicos.
Los cambios ministeriales no garantizan en modo alguno, mejores perspectivas para el país. Tampoco lo eran, los que tuvieron que abandonaron la trinchera. El claro ejemplo, está en la suplantación de Juan Bosco Bernal, en el Ministerio de Educación, por Miguel Angel Cañizales, que necesariamente , no significó mejores condiciones para la Educación Panameña.
Los gobiernos deben responder a la voluntad de los electores, que a fin de cuentas, son los beneficiados o no, por la actuación de sus miembros. De la misma manera, las elecciones o las designaciones en los cargos, deben estar a tono con el interés ciudadano. Desafortunadamente, estamos muy lejos, que así sea en nuestro país.
