Juicio a la justicia
El informe nos presenta conclusiones contundentes agrupadas en temas como independencia y transparencia en el sector justicia, seguridad ciudadana y sistema penitenciario, acceso a la justicia y situación de presos sin condena. Veamos algunas:
El proceso de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia está sometido a los intereses políticos partidistas que predominan en los Órganos Ejecutivo y Legislativo, cuestión que es rechazada por la comunidad y afecta la imagen de independencia del Poder Judicial.
El sistema de selección y designación de los servidores judiciales está basado en la discrecionalidad de la autoridad nominadora y no en la ponderación de méritos o atributos académicos, ni en criterios de ascenso de los funcionarios judiciales, lo que crea desconfianza en el régimen de carrera.
En el Órgano Judicial existe una estructura vertical que fomenta un control excesivo sobre los jueces de tribunales inferiores. El superior jerárquico interviene en: el sistema de selección, el nombramiento, la evaluación y la capacitación judicial, en la dirección y decisión de los procesos por falta disciplinaria y por falta a la ética judicial, en la aplicación de sanciones, lo cual no garantiza la transparencia y excelencia del proceso de selección judicial. Además, promueve la desconfianza interna y externa en las operaciones judiciales, al mismo tiempo que la vulnerabilidad de los jueces a la interferencia interna y externa.
En el sistema de justicia no se ha implementado un proceso de evaluación del desempeño del cargo que forme parte de la hoja de vida de los funcionarios y que justifique una política de ascenso, becas, licencias, traslados concursos, aumentos salariales, etc. Por lo tanto, no tiene aplicación práctica lo establecido en el reglamento de carrera judicial y de instrucción judicial.
Existe una reglamentación, dentro del contexto del Código Judicial, que regula los procedimientos por faltas disciplinarias y contra la ética judicial con disposiciones confusas, expuestas a variadas interpretaciones que restan seriedad a las instituciones de justicia. Por otra parte, no hay estadísticas que permitan conocer el número exacto de los procesos por falta a la ética o disciplinarias que se registran en el Órgano Judicial y el Ministerio Público, el tiempo que demoran esos procesos, el número de funcionarios sancionados o las sanciones que se aplican.
Existe un exceso de funciones de carácter judicial que la normativa concede al Ministerio Público, sin control jurisdiccional, como: ordenar detenciones preventivas, medidas cautelares personales, allanamientos, incautaciones entre otras. Tal situación no es aceptable en un sistema garantista, pues no se concibe la imparcialidad de agente de instrucción (fiscal o personero) que pueda investigar, recolectar pruebas, privar de libertad y, por último, acusar. El resultado es que casi el 50% de los detenidos preventivamente está a órdenes del Ministerio Público.
Según los propios operarios del sistema de justicia, el delito más propenso a quedar en impunidad es el de enriquecimiento injustificado, debido a la exigencia de la prueba preconstituida y otras exigencias legales que afectan las facultades que tiene el Ministerio Público para investigar este tipo de crímenes.
Existe una generalizada percepción de impunidad y corrupción que está afectando la imagen ciudadana del funcionamiento del sistema de justicia penal. Por otra parte, los ciudadanos observan que la justicia no se aplica en igualdad de condiciones para todos y todas.
No existen estudios ni estadísticas que ayuden a determinar el tiempo que demora la instrucción de un sumario en las Fiscalías Anticorrupción. La demora de las investigaciones está ligada a varios factores: cantidad de imputados, dependencias de pruebas por otras instituciones estatales -especialmente la Contraloría General de la República-, las medidas o tácticas dilatorias de los abogados y el tipo de conducta investigada.
Actualmente, no hay un sistema de indicadores sobre los casos investigados y procesados que tienen que ver con la corrupción, ni estadísticas claras de las sanciones o condenas que impone el Órgano Judicial.
No existe presupuesto ni recursos humanos calificados para investigar objetivamente lo que está sucediendo en el sistema de justicia penal en la lucha contra la corrupción. El panorama es sombrío y es explicable la percepción negativa que muchos panameños tienen sobre la justicia legal, pero lo cierto que debemos enrumbarnos a la promoción de la reforma judicial y al impulso de una cultura de rendición de cuentas de los que mueven el sistema de justicia.
(raulleisr@hotmail.com)
A propósito de esos embalses, solamente el costo de la indemnización de tierras y bienes, así como la reubicación de estos "60 mil indios" se ha calculado entre tres y cuatro mil millones de dólares.
Los "indios", que ahora son dueños de estas tierras y con título, no van a aceptar "cuentas de vidrio" ni baratijas como indemnización. Ya saben que estas tierras son ahora valiosísimas... ¡están en el Canal de Panamá!, y cuentan ya con asesores muy ilustrados.
Desde luego que el capitán Allard no menciona que los embalses causarán una catástrofe ambiental, destruyendo miles de hábitat e incontables especies de fauna y flora.
Tampoco menciona, por supuesto, que esos embalses no se construyen realmente para abastecer de agua a las nuevas esclusas, sino para hacer posible la construcción de dos hidroeléctricas y una planta potabilizadora de agua, que usará la Autoridad del Canal de Panamá para vender energía eléctrica y y el vital líquido a los panameños, como lo está haciendo con las que dejaron los norteamericanos, como si fuera un Estado independiente.
(eesquivel_rios@hotmail.com)
Me molesta eso, porque los sindicatos son parte de la democracia. Pero, de continuar cometiendo fallas, sin rectificar y autoevaluarse para saber dónde estuvo su error, perderán la consideración de la ciudadanía, de los pobres que pasaron horas largas para conseguir un medio de comunicación y para regresar a sus hogares en la noche.
Recuerden que ya los buseros no cuentan con simpatía. Ojalá recapaciten y cambien su manera de actuar para bien del movimiento sindicalista.
Ojalá paren la división de clases y se fortalezcan con buenos dirigentes que modernicen el sindicalismo en nuestro país.
Por otro lado, en los sucesos registrados en el Instituto Nacional, una unidad de la Policía Nacional que estaba de vacaciones, quien se encontraba en su residencia, sacó a relucir dos armas de fuego e hizo algunos disparos para ahuyentar a los manifestantes.
Según el agente, quien fue arrestado por miembros de la entidad policial, los estudiantes pusieron en riesgo la integridad física de su familia y sus bienes, entre ellos un vehículo que estaba estacionado en la parte baja del edificio donde reside.
En tanto, la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, advirtió que la violencia en ambas protestas son inexplicables, porque en ningún momento se presentó a las autoridades educativas un pliego de peticiones.
Cuestionó los actos propiciados por estudiantes del Artes y enfatizó que algunos de ellos mantienen conductas delictivas fuera del plantel.
Advirtió que los estudiantes retenidos y con mayoría edad tendrán que responder a la ley. "Es una barbarie la actuación de algunos de estos estudiantes", destacó.
La ministra informó que el Ministerio de Educación podrá prolongar la suspensión de las clases en estos planteles, si no se ha reestablecido el clima de normalidad que propicie el desarrollo efectivo de las labores educativas.
