Justicia
En esta columna no se defiende a nadie por interés alguno ni se ataca a alguien por malquerencia; pero frente a la ola de críticas y solicitudes de renuncia del ministro de Salud, Dr. Camilo Alleyne, con motivo de la trágica muerte de personas envenenadas con un producto medicinal suministrado por la Caja de Seguro Social (CSS), hemos observado que nadie ha ofrecido al público un balance sobre su gestión.
A diario recibimos noticias de que, en defensa de la salud colectiva, el MINSA ha detectado y retirado del mercado numerosos productos alimenticios y medicinales sin registro sanitario o vencidos; que ha multado a quienes los mantenían en el mercado y hasta ha ordenado el cierre de los respectivos locales; ha decomisado y castigado a individuos en posesión de carnes sin legítima procedencia; mantiene constantes alertas ciudadanas sobre la amenaza del fatal dengue hemorrágico y un ataque sin tregua al mosquito que lo propaga. También elabora planes de vacunación colectiva para prevenir el contagio de enfermedades. Y eso no es todo.
El Ministro no es inspector ni almacenista de los productos medicinales que se requieren para la CSS, hospitales ni centros de salud. Esas son funciones de subalternos, quienes son los llamados a informarle qué medicamentos deben ser adquiridos cuando escasean o se agotan. Por tanto, no hay razón para considerarlo como si fuera un delincuente, a menos que se le comprobara que permitió la distribución de un producto a pesar de haber sabido que era fatalmente peligroso. En síntesis, se le está atribuyendo culpa por un daño que no le debe ser imputado.
Compartimos el pesar que abruma a los familiares de las víctimas que tan triste y alarmantemente murieron por el canallesco suministro de un veneno que ha segado tantas vidas. Incluso, somos conscientes de que este escrito puede acarrearnos críticas y antipatías, pero es el caso que la voz de la conciencia nos impele a defender la justicia.
A diario recibimos noticias de que, en defensa de la salud colectiva, el MINSA ha detectado y retirado del mercado numerosos productos alimenticios y medicinales sin registro sanitario o vencidos; que ha multado a quienes los mantenían en el mercado y hasta ha ordenado el cierre de los respectivos locales; ha decomisado y castigado a individuos en posesión de carnes sin legítima procedencia; mantiene constantes alertas ciudadanas sobre la amenaza del fatal dengue hemorrágico y un ataque sin tregua al mosquito que lo propaga. También elabora planes de vacunación colectiva para prevenir el contagio de enfermedades. Y eso no es todo.
El Ministro no es inspector ni almacenista de los productos medicinales que se requieren para la CSS, hospitales ni centros de salud. Esas son funciones de subalternos, quienes son los llamados a informarle qué medicamentos deben ser adquiridos cuando escasean o se agotan. Por tanto, no hay razón para considerarlo como si fuera un delincuente, a menos que se le comprobara que permitió la distribución de un producto a pesar de haber sabido que era fatalmente peligroso. En síntesis, se le está atribuyendo culpa por un daño que no le debe ser imputado.
Compartimos el pesar que abruma a los familiares de las víctimas que tan triste y alarmantemente murieron por el canallesco suministro de un veneno que ha segado tantas vidas. Incluso, somos conscientes de que este escrito puede acarrearnos críticas y antipatías, pero es el caso que la voz de la conciencia nos impele a defender la justicia.
