Justicia, harineros y pobre pueblo pobre
Todo país tiene dentro de su componente tras grandes poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En principio se supone que cada uno de estos poderes es independiente y que tienen plena autonomía para tomar sus propias decisiones; sin embargo, en la práctica es bien conocido que esto no funciona así. Panamá, en su organización, tiene constituido estos tres poderes. Ha establecido que el Poder Ejecutivo asume la responsabilidad de ejecutar todas las acciones correspondientes a la administración de gobernar, mediante la asignación de un presidente o presidenta con su equipo de Gobierno compuesto por ministros de Estado y directores de entidades autónomas o semi-autónomas.
Por otro lado, el Poder Legislativo tiene la tarea de hacer las leyes, aunque en los últimos tiempos también ejerce otras actividades, como por ejemplo, gestionar recursos para la construcción de obras, cuestionar la labor de los demás servidores públicos de jerarquía.
Finalmente, el Poder Judicial, que es la razón de este escrito, se asume que su responsabilidad consiste en impartir justicia. Debiera ser el garante del equilibrio social entre los ciudadanos con poder o sin poder, pobres o ricos, nacionales o extranjeros; pero por razones que cuestan entender, pareciera que la ceguera judicial que lo simboliza a través de la mujer con la espada y la balanza, es de una sola vía; es decir, sólo se ejerce la justicia al poderoso, pero esa misma justicia es ciega e inmisericorde cuando hay que aplicársela al pobre, al desprovisto de una fuente de poder. Lo más burdo de todo esto, consiste en que el Poder Judicial es el bastión en quien debemos depositar toda la confianza y si esa confianza se llega a perder, como en la actualidad está sucediendo, se corre el riesgo de estimular más el caos y aumento de conflictos delictivos.
La justicia para que sea justa, hace uso del concepto de las evidencias y entre más claras y precisas son, se espera que su aplicación sea expedita; pero en el caso de las empresas fabricantes de harinas, este principio no funciona y parece que la justicia ha quedado ciega y castrada para impartir la justicia correspondiente, en detrimento del pueblo consumidor de harinas, que resulta ser la mayoría, por la característica del producto.
En el nuevo orden económico se ha establecido el mercado de la libre competencia, si la participación del Estado garantiza la presencia del precio justo y por ende, brinda mayor beneficio al consumidor y en especial, a aquél cuyos ingresos limitados han de inducirlo a ser más eficiente y racional en el uso de sus recursos monetarios cuando lo logran obtener.
En Panamá, el Poder Ejecutivo sustituyó la presencia de la Oficina de Regulación de Precio por la CLICAC, entidad cuya función debe garantizar la libre competencia. Es el ente regulador y armonizador entre las relaciones de quien vende y quien compra un bien o servicio por valor de una cuantía no superior a los B/. 600.00 (excluyendo los servicios de luz, agua y telecomunicaciones, entre otros). A través de sus funciones como agente fiscalizador, detectó con evidencias claras y contundentes, la competencia desleal cometida por las empresas fabricantes de harinas en Panamá, quienes ilegalmente acordaban el precio de venta al consumidor (práctica de competencia monopolística que es penalizada ante la ley). En el operativo realizado fueron encontradas evidencias que no han podido ser refutadas, inclusive, textos que señalan las transacciones realizadas en su Cámara de Compensación y a pesar de todas las evidencias, aún el Poder Judicial, a través del juzgado correspondiente, no ha sido capaz de dictar su sentencia; obviamente se le dificulta encontrar un argumento contrario a un fallo condenatorio y aunque no lo crea, ha dilatado su toma de decisión, mediante argumentos que dejan mucho que decir de su integridad e idoneidad como juez en este caso. Las causas de esta dilatación de la justicia, aparentemente, obedece a que los personajes involucrados, gozan de un fuerte poder dentro de la administración del Gobierno (algunos ocupan cargos de relevancia como ministros o asesores).
Frente a esta realidad, el pobre pueblo pobre consumidor, no tiene más alternativa que organizarse y salir a todos los medios de comunicación masiva para hacer sentir sus derechos y lograr que el juez sentencie su condena en el caso de los fabricantes de harina. Sólo la insistencia de ese pobre pueblo pobre consumidor inducirá al Juez de Justicia a cumplir con su deber. La Biblia tiene un claro ejemplo en el Libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 2 al 5, que habla sobre la parábola de la viuda y el juez.
Por otro lado, el Poder Legislativo tiene la tarea de hacer las leyes, aunque en los últimos tiempos también ejerce otras actividades, como por ejemplo, gestionar recursos para la construcción de obras, cuestionar la labor de los demás servidores públicos de jerarquía.
Finalmente, el Poder Judicial, que es la razón de este escrito, se asume que su responsabilidad consiste en impartir justicia. Debiera ser el garante del equilibrio social entre los ciudadanos con poder o sin poder, pobres o ricos, nacionales o extranjeros; pero por razones que cuestan entender, pareciera que la ceguera judicial que lo simboliza a través de la mujer con la espada y la balanza, es de una sola vía; es decir, sólo se ejerce la justicia al poderoso, pero esa misma justicia es ciega e inmisericorde cuando hay que aplicársela al pobre, al desprovisto de una fuente de poder. Lo más burdo de todo esto, consiste en que el Poder Judicial es el bastión en quien debemos depositar toda la confianza y si esa confianza se llega a perder, como en la actualidad está sucediendo, se corre el riesgo de estimular más el caos y aumento de conflictos delictivos.
La justicia para que sea justa, hace uso del concepto de las evidencias y entre más claras y precisas son, se espera que su aplicación sea expedita; pero en el caso de las empresas fabricantes de harinas, este principio no funciona y parece que la justicia ha quedado ciega y castrada para impartir la justicia correspondiente, en detrimento del pueblo consumidor de harinas, que resulta ser la mayoría, por la característica del producto.
En el nuevo orden económico se ha establecido el mercado de la libre competencia, si la participación del Estado garantiza la presencia del precio justo y por ende, brinda mayor beneficio al consumidor y en especial, a aquél cuyos ingresos limitados han de inducirlo a ser más eficiente y racional en el uso de sus recursos monetarios cuando lo logran obtener.
En Panamá, el Poder Ejecutivo sustituyó la presencia de la Oficina de Regulación de Precio por la CLICAC, entidad cuya función debe garantizar la libre competencia. Es el ente regulador y armonizador entre las relaciones de quien vende y quien compra un bien o servicio por valor de una cuantía no superior a los B/. 600.00 (excluyendo los servicios de luz, agua y telecomunicaciones, entre otros). A través de sus funciones como agente fiscalizador, detectó con evidencias claras y contundentes, la competencia desleal cometida por las empresas fabricantes de harinas en Panamá, quienes ilegalmente acordaban el precio de venta al consumidor (práctica de competencia monopolística que es penalizada ante la ley). En el operativo realizado fueron encontradas evidencias que no han podido ser refutadas, inclusive, textos que señalan las transacciones realizadas en su Cámara de Compensación y a pesar de todas las evidencias, aún el Poder Judicial, a través del juzgado correspondiente, no ha sido capaz de dictar su sentencia; obviamente se le dificulta encontrar un argumento contrario a un fallo condenatorio y aunque no lo crea, ha dilatado su toma de decisión, mediante argumentos que dejan mucho que decir de su integridad e idoneidad como juez en este caso. Las causas de esta dilatación de la justicia, aparentemente, obedece a que los personajes involucrados, gozan de un fuerte poder dentro de la administración del Gobierno (algunos ocupan cargos de relevancia como ministros o asesores).
Frente a esta realidad, el pobre pueblo pobre consumidor, no tiene más alternativa que organizarse y salir a todos los medios de comunicación masiva para hacer sentir sus derechos y lograr que el juez sentencie su condena en el caso de los fabricantes de harina. Sólo la insistencia de ese pobre pueblo pobre consumidor inducirá al Juez de Justicia a cumplir con su deber. La Biblia tiene un claro ejemplo en el Libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 2 al 5, que habla sobre la parábola de la viuda y el juez.
