¿Justicia o impunidad?
Bien ha hecho el nuevo gobierno en ordenar auditorías en todas las dependencias oficiales. También es correcto que el Presidente Torrijos señale que éstas las debe ejecutar la entidad que de acuerdo a la Constitución y la Ley le corresponde. Fortalece aún más el Estado de Derecho dejar claro que aquellos probables delitos o faltas que se descubrieran, los deberá encausar el Ministerio Público y juzgar y sancionar el Órgano Judicial. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, surge la duda de si todo este esfuerzo producirá actos de justicia o será simplemente la legitimación de la impunidad.
El actual Contralor General de la República, designado a gusto de la Sra. Moscoso por la Asamblea Legislativa anterior, estará en el cargo hasta el 31 de diciembre de este año. Es este funcionario quien finalmente decidiría qué hacer con las auditorías que realizarán sus subalternos a los ex funcionarios arnulfistas, molirenas y liberales. Las posibles denuncias deberán ser tramitadas por el Ministerio Público, entidad que en estos casos usualmente recurre al peritaje de la propia Contraloría. Finalmente, los expedientes serán del conocimiento de una Corte Suprema de Justicia con mayoría del mismo signo que quienes podrían ser juzgados. Ante ese aparente conflicto de intereses, y lo que nos ha enseñado la experiencia, podemos preguntar cuánta confianza debemos afincar en que se hará justicia.
Para fortalecer el Estado de Derecho debemos respetar la institucionalidad. Así como la Contraloría, el Ministerio Público y la Corte Suprema son instituciones, también lo son los principios generales del Derecho. Entre estos últimos están el de la presunción de inocencia, el del debido proceso y el de la cosa juzgada.
Piensa mal y acertarás dice el adagio. Si las auditorías no se hicieran con el celo profesional debido, o tuvieran cualquier error que le impidiera al juzgador determinar la culpabilidad del encausado, aquél se vería obligado a sobreseerlo "por falta de pruebas"; si después de esto no se pudiera reabrir el caso porque es "cosa juzgada" y "nadie debe ser juzgado dos veces por la misma causa", ¿se estaría haciendo justicia y luchando contra la corrupción, o estaríamos extendiendo un manto de impunidad "vacunando" a corruptos contra nuevos procesos judiciales?
El dilema es evidente. Por una parte, hay que hacer las auditorías, las cuales deben ser realizadas por quien tiene el mandato constitucional; los procesos deben ser abiertos por los fiscales y las responsabilidades deben ser determinadas por el Órgano Judicial. Por la otra, hay que velar porque éstas se hagan de manera que no contengan defectos que puedan impedir que se haga justicia. No podemos ni debemos cambiar el cómo, pero tal vez sea posible decidir el cuando. ¿No sería más prudente esperar hasta enero?
El actual Contralor General de la República, designado a gusto de la Sra. Moscoso por la Asamblea Legislativa anterior, estará en el cargo hasta el 31 de diciembre de este año. Es este funcionario quien finalmente decidiría qué hacer con las auditorías que realizarán sus subalternos a los ex funcionarios arnulfistas, molirenas y liberales. Las posibles denuncias deberán ser tramitadas por el Ministerio Público, entidad que en estos casos usualmente recurre al peritaje de la propia Contraloría. Finalmente, los expedientes serán del conocimiento de una Corte Suprema de Justicia con mayoría del mismo signo que quienes podrían ser juzgados. Ante ese aparente conflicto de intereses, y lo que nos ha enseñado la experiencia, podemos preguntar cuánta confianza debemos afincar en que se hará justicia.
Para fortalecer el Estado de Derecho debemos respetar la institucionalidad. Así como la Contraloría, el Ministerio Público y la Corte Suprema son instituciones, también lo son los principios generales del Derecho. Entre estos últimos están el de la presunción de inocencia, el del debido proceso y el de la cosa juzgada.
Piensa mal y acertarás dice el adagio. Si las auditorías no se hicieran con el celo profesional debido, o tuvieran cualquier error que le impidiera al juzgador determinar la culpabilidad del encausado, aquél se vería obligado a sobreseerlo "por falta de pruebas"; si después de esto no se pudiera reabrir el caso porque es "cosa juzgada" y "nadie debe ser juzgado dos veces por la misma causa", ¿se estaría haciendo justicia y luchando contra la corrupción, o estaríamos extendiendo un manto de impunidad "vacunando" a corruptos contra nuevos procesos judiciales?
El dilema es evidente. Por una parte, hay que hacer las auditorías, las cuales deben ser realizadas por quien tiene el mandato constitucional; los procesos deben ser abiertos por los fiscales y las responsabilidades deben ser determinadas por el Órgano Judicial. Por la otra, hay que velar porque éstas se hagan de manera que no contengan defectos que puedan impedir que se haga justicia. No podemos ni debemos cambiar el cómo, pero tal vez sea posible decidir el cuando. ¿No sería más prudente esperar hasta enero?
