Justicia para los educadores
El gremio de los educadores es el más numeroso entre los servidores del Estado. Esa circunstancia, siempre ha hecho difícil atender sus justas demandas de mejoras salariales, a pesar de que su remuneración, comparada con las que reciben otros profesionales que prestan sus servicios en la administración pública, es de las más bajas.
La profesión docente siempre ha tenido el reconocimiento general de la comunidad, pero éste pocas veces ha pasado de los adjetivos para materializarse en las compensaciones económicas que con justicia se merece.
Quienes han escogido la docencia como profesión, han tenido dos motivaciones : una vocación especial para dedicarse a la formación de las nuevas generaciones y el aliciente de alcanzar la jubilación con el último salario, al final de su carrera.
Si reparamos lo que ha ocurrido desde que se modificó el régimen original que amparaba a los educadores, sobrada razón les asiste para reclamar contra las medidas adoptadas, especialmente por el gobierno anterior; en contra de sus intereses y para exigir que se les devuelva a un sistema de jubilaciones justo.
Antes de la creación del Fondo Complementario, el Estado era el responsable único de las jubilaciones de los educadores, así como de las reconocidas a otros servidores públicos; enfermeras, policías, bomberos, telegrafistas, etc.
El Fondo Complementario se estableció para asegurarle a todos los servidores públicos el derecho a jubilarse con el último salario, mediante el pago de un aporte adicional, equivalente al 2% de los mismos. Los educadores nada ganaron con la implantación de este sistema, pero sí perdieron, porque antes no estaban obligados a aportar ese 2%.
Después vino la Ley 8 de 1997, que se llevó de calle todas las jubilaciones especiales, excepto las de los policías y los bomberos. Los educadores han sido, comparativamente, el grupo más afectado, porque han sido privados del beneficio de la jubilación especial, al igual que el resto de los servidores del Estado, sin atención al hecho de que sus remuneraciones son inferiores, como promedio, al resto de los funcionarios amparados por una carrera de servicio público.
La situación actual tendrá que revisarse, necesariamente, para buscarle una solución justa. La educación es demasiado importante para el futuro de la nación y sin educadores motivados no puede haber buena educación.
No es viable, dadas las limitaciones financieras del Estado, volver a un régimen igual al que existía originalmente. Eso, quienes primero lo entienden son los educadores. Creo que con su conducta y actitud contemporizadora han dado pruebas de su disposición a buscar una solución de consenso. Pero para llegar a una solución no sólo basta con que los educadores contribuyan. Además, es imprescindible el aporte del Estado y de la sociedad.
Los educadores ya han hecho su aporte, y adicionalmente, según entiendo, están dispuestos a continuar pagando el 2% que contribuían al Fondo Complementario. Pero está por verse qué aportaría el Estado y el resto de la sociedad.
Si la educación nos concierne a todos y un buen sistema educativo es el único camino que abre las puertas al desarrollo, entonces, hay que repartir las cargas y asumir su mejoramiento como una responsabilidad nacional.
Del sistema original, en el que el Estado respondía íntegramente por las jubilaciones de los educadores, hemos pasado al extremo opuesto en que no aporta nada para cubrirlas. Y el resto de la sociedad pasa agachada.
Comencemos por asumir, pero no sólo de palabra, que la educación es un compromiso de todos, y también asumamos que debe haber un esfuerzo compartido para transformarla en un verdadero instrumento de desarrollo. Dispongámonos a resolver, con justicia y visión de futuro, la situación de sus protagonistas, más sacrificados, que son los educadores.
La profesión docente siempre ha tenido el reconocimiento general de la comunidad, pero éste pocas veces ha pasado de los adjetivos para materializarse en las compensaciones económicas que con justicia se merece.
Quienes han escogido la docencia como profesión, han tenido dos motivaciones : una vocación especial para dedicarse a la formación de las nuevas generaciones y el aliciente de alcanzar la jubilación con el último salario, al final de su carrera.
Si reparamos lo que ha ocurrido desde que se modificó el régimen original que amparaba a los educadores, sobrada razón les asiste para reclamar contra las medidas adoptadas, especialmente por el gobierno anterior; en contra de sus intereses y para exigir que se les devuelva a un sistema de jubilaciones justo.
Antes de la creación del Fondo Complementario, el Estado era el responsable único de las jubilaciones de los educadores, así como de las reconocidas a otros servidores públicos; enfermeras, policías, bomberos, telegrafistas, etc.
El Fondo Complementario se estableció para asegurarle a todos los servidores públicos el derecho a jubilarse con el último salario, mediante el pago de un aporte adicional, equivalente al 2% de los mismos. Los educadores nada ganaron con la implantación de este sistema, pero sí perdieron, porque antes no estaban obligados a aportar ese 2%.
Después vino la Ley 8 de 1997, que se llevó de calle todas las jubilaciones especiales, excepto las de los policías y los bomberos. Los educadores han sido, comparativamente, el grupo más afectado, porque han sido privados del beneficio de la jubilación especial, al igual que el resto de los servidores del Estado, sin atención al hecho de que sus remuneraciones son inferiores, como promedio, al resto de los funcionarios amparados por una carrera de servicio público.
La situación actual tendrá que revisarse, necesariamente, para buscarle una solución justa. La educación es demasiado importante para el futuro de la nación y sin educadores motivados no puede haber buena educación.
No es viable, dadas las limitaciones financieras del Estado, volver a un régimen igual al que existía originalmente. Eso, quienes primero lo entienden son los educadores. Creo que con su conducta y actitud contemporizadora han dado pruebas de su disposición a buscar una solución de consenso. Pero para llegar a una solución no sólo basta con que los educadores contribuyan. Además, es imprescindible el aporte del Estado y de la sociedad.
Los educadores ya han hecho su aporte, y adicionalmente, según entiendo, están dispuestos a continuar pagando el 2% que contribuían al Fondo Complementario. Pero está por verse qué aportaría el Estado y el resto de la sociedad.
Si la educación nos concierne a todos y un buen sistema educativo es el único camino que abre las puertas al desarrollo, entonces, hay que repartir las cargas y asumir su mejoramiento como una responsabilidad nacional.
Del sistema original, en el que el Estado respondía íntegramente por las jubilaciones de los educadores, hemos pasado al extremo opuesto en que no aporta nada para cubrirlas. Y el resto de la sociedad pasa agachada.
Comencemos por asumir, pero no sólo de palabra, que la educación es un compromiso de todos, y también asumamos que debe haber un esfuerzo compartido para transformarla en un verdadero instrumento de desarrollo. Dispongámonos a resolver, con justicia y visión de futuro, la situación de sus protagonistas, más sacrificados, que son los educadores.
