Justicia tardía, pero justicia al fin
Es posible que si el fallo de la Corte Suprema se hubiera dado antes, habría sido un desastre, en perjuicio de las demandas de justicia de las Madres de la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina. Un total estimado de 20 mil muertos y desaparecidos, cuya suerte nunca fue esclarecida, aguardaban la acción de los tribunales, mudos por causa de una ley de Punto Final dictada tras el restablecimiento de la democracia hace 15 años.
La mayoría de las víctimas están vinculadas a la guerra sucia desarrollada por las Fuerzas Armadas Argentinas contra la oposición civil en los años 1986 a 1988. A falta de justicia formal, un informe de la verdad y documentos de investigación complementarios detallaron, sin embargo, tétricos detalles que hablaban de fusilamientos, torturas, violaciones, robo de recién nacidos, de madres prisioneras, de lanzamientos desde helicópteros y de inmensas fosas comunes.
La dictadura militar argentina nunca lo supo ni entendió. Los derechos humanos pueden ser burlados y pisoteados, pero no olvidados. Y cuando el péndulo de la historia se mueve al otro extremo, hay que rendir cuentas, con la vida misma del responsible, si es preciso. Se cometieron demasiadas atrocidades por gente que en su momento se creyó impune y luego inmune.
Cuando cambiaron los tiempos, aún en el poder y poniendo condiciones a la democracia, se dotaron de un blindaje legal que, supuestamente les garantizaría total impunidad. Pues, tal cual ocurrió en Chile, se equivocaron. Tarde, pero inexorable, la justicia llegó en la forma de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que anula los efectos de la Ley de Punto Final y abre las puertas a la investigación y al procesamiento de los responsables de los crímenes cometidos contra los ciudadanos.
Aquí, donde una justicia más ciega de lo razonable, ha sido generosa en la exoneración y liberación de criminales, bajo tal o cual pretexto -prescripción, caducidad, hábeas corpus o amparo- no podemos sino regocijarnos de la dicha ajena, del digno ejemplo de la Corte Suprema Argentina.
La mayoría de las víctimas están vinculadas a la guerra sucia desarrollada por las Fuerzas Armadas Argentinas contra la oposición civil en los años 1986 a 1988. A falta de justicia formal, un informe de la verdad y documentos de investigación complementarios detallaron, sin embargo, tétricos detalles que hablaban de fusilamientos, torturas, violaciones, robo de recién nacidos, de madres prisioneras, de lanzamientos desde helicópteros y de inmensas fosas comunes.
La dictadura militar argentina nunca lo supo ni entendió. Los derechos humanos pueden ser burlados y pisoteados, pero no olvidados. Y cuando el péndulo de la historia se mueve al otro extremo, hay que rendir cuentas, con la vida misma del responsible, si es preciso. Se cometieron demasiadas atrocidades por gente que en su momento se creyó impune y luego inmune.
Cuando cambiaron los tiempos, aún en el poder y poniendo condiciones a la democracia, se dotaron de un blindaje legal que, supuestamente les garantizaría total impunidad. Pues, tal cual ocurrió en Chile, se equivocaron. Tarde, pero inexorable, la justicia llegó en la forma de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que anula los efectos de la Ley de Punto Final y abre las puertas a la investigación y al procesamiento de los responsables de los crímenes cometidos contra los ciudadanos.
Aquí, donde una justicia más ciega de lo razonable, ha sido generosa en la exoneración y liberación de criminales, bajo tal o cual pretexto -prescripción, caducidad, hábeas corpus o amparo- no podemos sino regocijarnos de la dicha ajena, del digno ejemplo de la Corte Suprema Argentina.
