Justicia y rencor
La palabra "rencor" está de moda a raíz del pacto PRD-PDC. Según varios dirigentes del PDC, no olvidar el pasado e insistir en que se haga justicia por las atrocidades cometidas durante la dictadura es ser rencoroso. Por ejemplo, el legislador Rubén Arosemena, presidente de PDC, dijo que "los dirigentes tenemos la obligación de tener visión de futuro y no quedarnos anclados en el pasado almacenando odios y rencores que sólo sirven para continuar empantanados". Un eco de ese argumento está en las palabras del joven que escribió: "La falta de tolerancia nos tiene nadando en este pozo de lama y lodo" (La Prensa 1 de septiembre del 2000; Eloy Fisher Hogan, La Prensa 7 de septiembre del 2000).
El argumento es falso. Los delitos y crímenes cometidos durante la dictadura militar son espinas que permanecen enterradas en el cuerpo social, causando infección y enfermedad, porque la mayoría de los malhechores no fueron castigados. Es la injusticia la que promueve el rencor. Como no se ha hecho justicia, no puede haber reconciliación.
No es la falta de tolerancia lo que aqueja a la ciudadanía, sino la impunidad y su producto lógico, la corrupción. El ejemplo más notorio de la impunidad que promueve la corrupción es la Asamblea Legislativa. Los legisladores se han concedido el uso de millonarias partidas circuitales para su enriquecimiento personal y su reelección, a la vez que mantienen a sus copartidarios en las planillas abultadas de la Asamblea. A cambio de favores, aprueban leyes sin tener idea de sus contenidos, cobrando por ello de diversas maneras. La mayor responsabilidad por esta situación recae en el PRD, cuyo poder desde los inicios de la década de 1990 se debe a decisiones que se tomaron inmediatamente después de la invasión en aras de una reconciliación promovida sin considerar las consecuencias.
Anteriormente he señalado que el 4 de febrero de 1990, cuatro recomendados a legislador por el PRD confrontaban cargos ante la ley. Mario Rognoni fue acusado de cometer delitos electorales por su copartidario Humberto López Tirone, quien alegaba que Rognoni y sus suplentes habían utilizado fondos del Estado para llevar a cabo su campaña electoral y habían confeccionado actas fraudulentas. Elías Castillo había sido acusado de apropiación indebida de fondos por el alcalde Willy Cochez. La detención de Alberto Alemán Boyd fue autorizada por el Ministerio Público el 2 de febrero de 1990 por delitos electorales. Contra Balbina Herrera pesaba una demanda criminal interpuesta por los familiares de Carlos Efraín Guzmán Baúles. Desde Colón se protestó contra la inclusión como legislador de Javier Parker, íntimo del narcodictador Noriega, porque se decía que el día de las elecciones sustrajo gran cantidad de actas.
En estos casos no valía el argumento de inmunidad parlamentaria porque la Constitución otorga esa inmunidad 5 días antes del período de la legislatura, durante ésta y 5 días después. No obstante, el 7 de febrero de 1990, El Panamá América publicó la opinión del entonces Ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Arias Calderón, de que los legisladores del PRD sólo podrían responder por los cargos contra ellos si la Asamblea les quitaba la inmunidad. Cuando la Asamblea Legislativa inició sus sesiones el 1 de marzo de 1990, el PRD contó con una bancada que incluía a todos los arriba mencionados, con la excepción de Parker (Janson Pérez, La Prensa 19 de marzo de 1998).
Esto no sólo escandalizó a quienes confrontados con esta impunidad se preguntaban: "¿No hay justicia en este país?" Tuvo otras repercusiones que afectan directamente al escenario político actual.
Esos polvos trajeron estos lodos. El partido que promovió la invasión al desconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 1984 y de 1989, volvió al poder y obtuvo mayorías relativas en la Asamblea en 1994 y 1999 porque sus candidatos contaron con grandes ventajas. La impunidad que le obsequió curules al PRD en 1990, legitimó al partido. La infraestructura partidista establecida mediante el uso de los recursos del Estado y el poder de las armas permaneció casi intacta. Debido a que pocas de las fortunas acumuladas a expensas del pueblo panameño durante la dictadura fueron incautadas, los candidatos perredistas disponían de los abundantes recursos requeridos para comprar los votos de cierto sector de la clase popular acostumbrado al paternalismo de la dictadura militar.
Los candidatos a legislador de otros partidos han estado en una enorme desventaja frente a los perredistas y, usualmente, los que logran ocupar una curul en la Asamblea, se incorporan al club de los legisladrones. Por lo tanto, es poco probable que la Asamblea apruebe las reformas requeridas para eliminar la corrupción en su seno. Para ello sería necesario convocar una Constituyente. Pero, como cambiar la Constitución actual para acabar con la corrupción no le conviene al PRD, queda claro que el motivo principal de su pacto con el PDC --que le permite controlar la Asamblea durante los próximos cuatro años-- es de erigir una barrera infranqueable a la convocatoria de una Constituyente.
No se puede echar tierra al pasado. Hay que seguir excavando hasta descubrir las raíces de los problemas que hoy afectan negativamente el ejercicio del poder. Alegar que quienes miran al pasado son rencorosos o intolerantes es una treta para mantener el statu quo.
El argumento es falso. Los delitos y crímenes cometidos durante la dictadura militar son espinas que permanecen enterradas en el cuerpo social, causando infección y enfermedad, porque la mayoría de los malhechores no fueron castigados. Es la injusticia la que promueve el rencor. Como no se ha hecho justicia, no puede haber reconciliación.
No es la falta de tolerancia lo que aqueja a la ciudadanía, sino la impunidad y su producto lógico, la corrupción. El ejemplo más notorio de la impunidad que promueve la corrupción es la Asamblea Legislativa. Los legisladores se han concedido el uso de millonarias partidas circuitales para su enriquecimiento personal y su reelección, a la vez que mantienen a sus copartidarios en las planillas abultadas de la Asamblea. A cambio de favores, aprueban leyes sin tener idea de sus contenidos, cobrando por ello de diversas maneras. La mayor responsabilidad por esta situación recae en el PRD, cuyo poder desde los inicios de la década de 1990 se debe a decisiones que se tomaron inmediatamente después de la invasión en aras de una reconciliación promovida sin considerar las consecuencias.
Anteriormente he señalado que el 4 de febrero de 1990, cuatro recomendados a legislador por el PRD confrontaban cargos ante la ley. Mario Rognoni fue acusado de cometer delitos electorales por su copartidario Humberto López Tirone, quien alegaba que Rognoni y sus suplentes habían utilizado fondos del Estado para llevar a cabo su campaña electoral y habían confeccionado actas fraudulentas. Elías Castillo había sido acusado de apropiación indebida de fondos por el alcalde Willy Cochez. La detención de Alberto Alemán Boyd fue autorizada por el Ministerio Público el 2 de febrero de 1990 por delitos electorales. Contra Balbina Herrera pesaba una demanda criminal interpuesta por los familiares de Carlos Efraín Guzmán Baúles. Desde Colón se protestó contra la inclusión como legislador de Javier Parker, íntimo del narcodictador Noriega, porque se decía que el día de las elecciones sustrajo gran cantidad de actas.
En estos casos no valía el argumento de inmunidad parlamentaria porque la Constitución otorga esa inmunidad 5 días antes del período de la legislatura, durante ésta y 5 días después. No obstante, el 7 de febrero de 1990, El Panamá América publicó la opinión del entonces Ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Arias Calderón, de que los legisladores del PRD sólo podrían responder por los cargos contra ellos si la Asamblea les quitaba la inmunidad. Cuando la Asamblea Legislativa inició sus sesiones el 1 de marzo de 1990, el PRD contó con una bancada que incluía a todos los arriba mencionados, con la excepción de Parker (Janson Pérez, La Prensa 19 de marzo de 1998).
Esto no sólo escandalizó a quienes confrontados con esta impunidad se preguntaban: "¿No hay justicia en este país?" Tuvo otras repercusiones que afectan directamente al escenario político actual.
Esos polvos trajeron estos lodos. El partido que promovió la invasión al desconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 1984 y de 1989, volvió al poder y obtuvo mayorías relativas en la Asamblea en 1994 y 1999 porque sus candidatos contaron con grandes ventajas. La impunidad que le obsequió curules al PRD en 1990, legitimó al partido. La infraestructura partidista establecida mediante el uso de los recursos del Estado y el poder de las armas permaneció casi intacta. Debido a que pocas de las fortunas acumuladas a expensas del pueblo panameño durante la dictadura fueron incautadas, los candidatos perredistas disponían de los abundantes recursos requeridos para comprar los votos de cierto sector de la clase popular acostumbrado al paternalismo de la dictadura militar.
Los candidatos a legislador de otros partidos han estado en una enorme desventaja frente a los perredistas y, usualmente, los que logran ocupar una curul en la Asamblea, se incorporan al club de los legisladrones. Por lo tanto, es poco probable que la Asamblea apruebe las reformas requeridas para eliminar la corrupción en su seno. Para ello sería necesario convocar una Constituyente. Pero, como cambiar la Constitución actual para acabar con la corrupción no le conviene al PRD, queda claro que el motivo principal de su pacto con el PDC --que le permite controlar la Asamblea durante los próximos cuatro años-- es de erigir una barrera infranqueable a la convocatoria de una Constituyente.
No se puede echar tierra al pasado. Hay que seguir excavando hasta descubrir las raíces de los problemas que hoy afectan negativamente el ejercicio del poder. Alegar que quienes miran al pasado son rencorosos o intolerantes es una treta para mantener el statu quo.
