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Juventud y políticas públicas


Cuando los candidatos y la candidata presidencial de 1999 firmaron el Pacto Nacional por la Juventud, se comprometieron a cumplir con la necesidad de abrir espacios y oportunidades para los y las jóvenes, elevando el tema de la juventud a prioridad del Estado panameño. La propuesta consistía en integrar este tema a la política general del Estado, donde la propia juventud tuviera la oportunidad de opinar y recomendar los objetivos y las acciones encaminadas a resolver las carencias actuales sobre la materia y vincularla con la política económica del país, de la cual depende fundamentalmente la superación de la pobreza y la generación de empleos.
A medio período presidencial poco o nada es lo que se ha avanzado sobre el tema, provocando la intranquilidad de los que observamos el deterioro de la juventud, carente de valores y de una orientación adecuada, que necesita respuestas y oportunidades renovadoras que le permitan canalizar adecuadamente sus inquietudes y donde los valores positivos se establezcan como la base de un futuro mejor para todos y todas.
El Consejo Nacional de la Juventud, organismo cuya responsabilidad ha sido la de propiciar el análisis, la reflexión y la solución de los problemas de la juventud ha asumido su parte. Ha cumplido con todos los acuerdos y funciones para el que fue creado como la creación de un Comité Coordinador del Consejo, la aprobación de mecanismos para la creación de los consejos de la juventud provinciales y municipales, y el establecimiento de las bases para la preparación de la agenda nacional de desarrollo humano de la juventud panameña, lo que lo ha llevado a recibir el Premio Mundial de la Juventud de las Naciones Unidas, pero este esfuerzo no es suficiente.
El Gobierno Nacional tiene que tomar acciones concretas y profundas que lleguen a la juventud. Los beneficios no pueden residir en pequeños sectores de la sociedad cuando los problemas se han incrementado y la juventud no tiene guías ni direcciones hacia donde avanzar.
Entre las acciones y acuerdos que esperan su realización esta la instalación del Comité Nacional de Políticas Públicas, que debe recomendar las políticas en materia de juventud que el Estado panameño debe ejecutar por medio de programas y proyectos específicos. Esta propuesta surge de la necesidad de que los propios jóvenes participen en la búsqueda de respuestas a sus problemas y que estas decisiones sean apoyadas por el Gobierno Nacional.
La juventud panameña enfrenta grandes retos en una sociedad que no le permite desarrollar su potencial, por lo que se hace necesario un proceso gradual de integración en lo social, político y cultural, donde el Estado asigne mayores recursos que se utilicen para promover, a todos lo niveles, las oportunidades que urgentemente se necesitan.
La política del Estado en torno a la juventud debe contemplar la igualdad de oportunidades en materia de educación, empleo, la disminución del ocio por medio de programas de aprovechamiento adecuado del tiempo libre, y la modernización del sistema educativo para hacerlo más eficiente y atractivo a los y las jóvenes.
Si el Estado no tiene la capacidad para resolver estas situaciones por medio del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, deben realizarse alianzas con el Ministerio de Educación y otras instituciones, llámese iglesias, fundaciones y organizaciones internacionales para lograr el cumplimiento de estas metas. Ante una sociedad que en la actualidad sobresale por la violencia, en todas sus variantes; la desintegración familiar y la falta de ejemplos positivos hay que realizar una avanzada enérgica y decisiva para detener o disminuir estas situaciones que ponen en peligro a nuestro país.
Los parámetros antes mencionados deben constituirse en el punto de partida donde prestemos la debida atención a las recomendaciones que la juventud puede realizar al respecto y establezcamos respuestas concretas a este panorama que no es el ideal para una nación que aspira a superarse en todos los sentidos.
Mientras que el legislador Wilson dijo que el proyecto a discutir en septiembre lo único hará será crear nueva burocracia que costaría al Estado hasta B/.10 millones anuales en pago de planillas y se creará un "mini" Ministerio de Educación en cada región.
Habrá que esperar hasta el próximo mes y los nuevos encuentros entre los participantes del Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación para conocer la nueva propuesta y los cambios que se introduzcan, a fin de lograr el consenso entre los actores de las conversaciones y los legisladores.

101 años de Panamá América

 
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