Kelly y la pugna entre prensa y gobernantes
La trágica muerte del científico David Kelly y el entredicho que ésta planteó entre la cadena oficial British Broadcasting Corporation (BBC) y el gobierno británico de Tony Blair destacan una vez más la axiomática rivalidad que existe entre prensa y los gobernantes. En “El Tiempo” de Bogotá, el destacado columnista colombiano Daniel Samper Pizano la define perfectamente cuando destaca que “los gobiernos tienden a ocultar y la prensa tiende a destapar”. “Entre estos polos - señala- crecen toda suerte de abusos, complicidades, ejemplos heroicos, errores, suspicacias, atropellos y manipulaciones: desde aquel ex ministro francés que se suicidó tras padecer una injusta cacería de prensa, hasta la fotógrafa canadiense muerta a golpes hace pocos días por la policía iraní”.
También el crítico de medios Robert Scheer escribe en The Los Angeles Times: “En Inglaterra mataron al mensajero. Es cierto, la muerte del experto en armas biológicas fue suicidio. Pero si el modesto científico se quitó su propia vida, fue en respuesta a las críticas a las que fue sometido por el Ministerio de Defensa por la supuesta información que le proporcionó a la BBC, alegando que las iniciales denuncias contra Irak estuvieron basadas en informes deliberadamente exagerados para justificar una guerra. La denuncia le ha costado la vida a Kelly, un hombre que, según el escritor Nicholas Rufford, ‘quiso hacer lo correcto y fue masticado y escupido’”.
222...En Panamá se asiste a una pugna semejante entre gobierno y prensa, debido a que algunos funcionarios con frecuencia recurrían a la amenaza de silenciar a sus críticos con el uso de unas arcaicas leyes contra la difamación.
Ignoro si los lectores se habrán percatado de que, en dimensiones afortunadamente mucho más leves, en Panamá se asiste a una pugna semejante entre gobierno y prensa, debido a que algunos funcionarios con frecuencia recurrían a la amenaza de silenciar a sus críticos con el uso de unas arcaicas leyes contra la difamación.
Samper Pizano reconoció esta situación en su columna en El Tiempo de Bogotá cuando escribe: “Resulta absurdo plantear como punibles las opiniones que un periodista tenga sobre la conducta de ciertos funcionarios, por desagradables que ellas sean”.
“En Estados Unidos -señala- la justicia reconoce que el hombre público, por el solo hecho de serlo, tiene que aguantar opiniones adversas irritantes, mucho más graves que ‘patán’ o ‘abominable’. De no ser así, la opinión se volvería delito, como quiso consagrarlo en Colombia un reciente proyecto de ley con apoyo -y esto es preocupante- de la Fiscalía”.
Samper, el primer periodista latinoamericano que fuera premiado con la prestigiosa beca Nieman por la Universidad de Harvard, anota que la víctima no pertenece a ninguno de los bandos, sino que cae en medio del fuego cruzado. “Así pasó con David Kelly, el científico que se quitó la vida luego de que el gobierno británico revelara que filtró datos sobre las mentiras del primer ministro Tony Blair en torno al armamentismo iraquí. Kelly había dicho confidencialmente al Ministerio de Defensa que él era fuente de las informaciones difundidas por la BBC, y el ministerio lo vendió al ofrecer pistas impepinables sobre su identidad”.
El columnista califica de “fusilamiento parlamentario”, las presiones oficiales, el suicidio silvestre y, “para rematar, inexplicable traición post-mórtem del director de la BBC al declarar que Kelly había sido su informador secreto”.
“Todos los títeres de este drama están quedando sin cabeza. Incluso el pobre profesor fallecido, a quienes los funcionarios oficiales reprochan haber suministrado informaciones a la prensa, y la prensa le critica que no hubiera tenido el arrojo de denunciar en el Parlamento todo cuanto sabía sobre las patrañas en pro de la guerra”.
“El torbellino de emociones, indignación y enfrentamientos no debe ocultar una verdad cada vez más sólida: la guerra de Irak y la ruptura del sistema jurídico internacional se basaron en exageraciones y mentiras sobre el supuesto poder de Sadam Hussein”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
También el crítico de medios Robert Scheer escribe en The Los Angeles Times: “En Inglaterra mataron al mensajero. Es cierto, la muerte del experto en armas biológicas fue suicidio. Pero si el modesto científico se quitó su propia vida, fue en respuesta a las críticas a las que fue sometido por el Ministerio de Defensa por la supuesta información que le proporcionó a la BBC, alegando que las iniciales denuncias contra Irak estuvieron basadas en informes deliberadamente exagerados para justificar una guerra. La denuncia le ha costado la vida a Kelly, un hombre que, según el escritor Nicholas Rufford, ‘quiso hacer lo correcto y fue masticado y escupido’”.
222...En Panamá se asiste a una pugna semejante entre gobierno y prensa, debido a que algunos funcionarios con frecuencia recurrían a la amenaza de silenciar a sus críticos con el uso de unas arcaicas leyes contra la difamación.
Ignoro si los lectores se habrán percatado de que, en dimensiones afortunadamente mucho más leves, en Panamá se asiste a una pugna semejante entre gobierno y prensa, debido a que algunos funcionarios con frecuencia recurrían a la amenaza de silenciar a sus críticos con el uso de unas arcaicas leyes contra la difamación.
Samper Pizano reconoció esta situación en su columna en El Tiempo de Bogotá cuando escribe: “Resulta absurdo plantear como punibles las opiniones que un periodista tenga sobre la conducta de ciertos funcionarios, por desagradables que ellas sean”.
“En Estados Unidos -señala- la justicia reconoce que el hombre público, por el solo hecho de serlo, tiene que aguantar opiniones adversas irritantes, mucho más graves que ‘patán’ o ‘abominable’. De no ser así, la opinión se volvería delito, como quiso consagrarlo en Colombia un reciente proyecto de ley con apoyo -y esto es preocupante- de la Fiscalía”.
Samper, el primer periodista latinoamericano que fuera premiado con la prestigiosa beca Nieman por la Universidad de Harvard, anota que la víctima no pertenece a ninguno de los bandos, sino que cae en medio del fuego cruzado. “Así pasó con David Kelly, el científico que se quitó la vida luego de que el gobierno británico revelara que filtró datos sobre las mentiras del primer ministro Tony Blair en torno al armamentismo iraquí. Kelly había dicho confidencialmente al Ministerio de Defensa que él era fuente de las informaciones difundidas por la BBC, y el ministerio lo vendió al ofrecer pistas impepinables sobre su identidad”.
El columnista califica de “fusilamiento parlamentario”, las presiones oficiales, el suicidio silvestre y, “para rematar, inexplicable traición post-mórtem del director de la BBC al declarar que Kelly había sido su informador secreto”.
“Todos los títeres de este drama están quedando sin cabeza. Incluso el pobre profesor fallecido, a quienes los funcionarios oficiales reprochan haber suministrado informaciones a la prensa, y la prensa le critica que no hubiera tenido el arrojo de denunciar en el Parlamento todo cuanto sabía sobre las patrañas en pro de la guerra”.
“El torbellino de emociones, indignación y enfrentamientos no debe ocultar una verdad cada vez más sólida: la guerra de Irak y la ruptura del sistema jurídico internacional se basaron en exageraciones y mentiras sobre el supuesto poder de Sadam Hussein”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
