La ampliación: mora, equidad y respeto
EL ÚNICO dueño del Canal es la nación panameña, y más específicamente, el pueblo panameño que, con la sangre, el sacrificio y las lágrimas de varias generaciones, hizo posible los tratados Torrijos-Carter, que pusieron fin al control, a perpetuidad, de los Estados Unidos sobre el Canal y el enclave colonial de la Zona del Canal. Ese es el punto de partida para toda discusión y decisión sobre su futuro. Pero, por su conducta contumaz, es obvio que así no lo entienden, y muchos menos lo sienten, aquellos a quienes les hemos confiado su administración. Por tanto, es urgente hacérselos entender, y respetar. El Canal no es una república aparte; el enclave colonial no existe más, se acabó para siempre el 31 de diciembre de 1999.
Pero, aunque la Zona del Canal desapareció y los "zonians" no la habitan, esa realidad todavía no ha penetrado en muchas mentes que se resisten a aceptarla. El colonialismo tiene expresión física en la existencia de los territorios sometidos al control colonial y en el dominio que en ellos ejercen los colonizadores. Su existencia produce dos expresiones anímicas en los colonizados: de un lado, los que lo rechazan; del otro los que lo aceptan. En Panamá conocemos esos dos extremos, que se evidenciaron claramente en el referéndum sobre los tratados: dos tercios del país votó a favor y un tercio en contra. Sin embargo, es importante precisar que el tercio que se opuso, incluyó a un grupo de panameños que votó en contra, no porque prefiriera el status-quo, sino porque consideraba que los nuevos tratados no le hacían verdadera justicia a la causa panameña. Durante la vigencia del ignominioso tratado Hay-Bunau Varilla, impuesto como hipoteca a nuestro certificado de nacimiento como nación, en noviembre de 1903, tuvimos que convivir con la presencia física del enclave colonial, gobernado bajo las leyes de los Estados Unidos, que partió en dos nuestro territorio y creó una jurisdicción aparte en la que los panameños éramos extranjeros en nuestro propio país.
Los tratados del Canal de 1977, aunque pospusieron hasta el año de 1999 la recuperación física de la antigua Zona del Canal y el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre la totalidad de nuestro territorio, marcaron el inicio irreversible de ese proceso, en el que la Comisión del Canal, controlada por los Estados Unidos, se transformó, por disposición del Título XIV (artículos del 315 al 323), adicionado a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo Número 1 de 1993, en la Autoridad del Canal: "Una persona jurídica autónoma de Derecho Público". A ella le confiamos "privativamente la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá y sus actividades conexas".
Después de haber vivido 21 años de dictadura, en la que desapareció el Estado de Derecho y para prevenir riesgos, en una democracia que apenas comenzaba a balbucear, fue una decisión acertada separar la administración y operación del Canal de los vaivenes de la política criolla. Pero, también fue un acierto establecer algunas salvaguardas que afirmaran la naturaleza del Canal como un patrimonio inalienable de la Nación panameña, el derecho del pueblo panameño a recibir los beneficios de su operación mediante una cuota garantizada de sus ingresos y, lo que es más importante, el derecho, también inalienable, de decidir su futuro.
Sería un contrasentido histórico que la lucha del pueblo panameño tuviera como corolario la sustitución de la administración norteamericana por otro enclave colonial, ahora administrado por panameños. Al crear y encomendarle a la Autoridad del Canal la administración de la vía interoceánica, le delegamos ejercer una responsabilidad, como mandatarios del pueblo panameño, pero no renunciamos a nuestros derechos como propietarios del Canal.
La normativa constitucional no da pie para inventar interpretaciones. Pero la realidad que hemos vivido desde que el manejo y administración Canal pasó a manos panameñas demuestra que existen "otras agendas". Entre muchos de los administradores se ha arraigado la convicción de son ellos y no el pueblo panameño quien debe decidir al futuro del Canal. Y eso explica porqué durante tantos años ha imperado un secretismo insultante y porqué persiste la manipulación de la información sobre todo lo relacionado con la ampliación.
Hace más de 15 años comenzaron a estudiarse "las alternativas sobre el Canal". Se han gastado, de forma nunca aclarada, más de 50 millones de dólares en "estudios" y todavía a estas alturas, cuando ya se habla de fechas para el referendo sobre la ampliación del Canal, sólo un grupo muy pequeño de panameños conoce sus interioridades; pero, paradójicamente, se brindan prolijas explicaciones a intereses extranjeros.
Las nefastas experiencias vividas con las reformas tributarias y del Seguro Social debieran haberle enseñado algo a los actuales gobernantes; pero parece que no es así. Y a esa actitud de injustificado secretismo, parecen habérseles sumado los llamados "líderes de la oposición", que mantienen silencio sobre las conversaciones que han sostenido con el gobernante de turno.
Para enderezar las cosas, hacen falta tres correcciones inmediatas: Primero, el gobierno debe poner a disposición del país, sin más dilaciones sospechosas, toda la información, pero toda y de verdad, para que pueda iniciarse su discusión y análisis; segundo; los representantes de la ACP deben estar dispuestos a dar explicaciones claras, precisas y, sobre todo, sencillas e imparciales, sin excusarse en supuestas complejidades técnicas, sobre los aspectos medulares del proyecto; tercero, el debate sobre el proyecto debe fundamentarse en la equidad, de manera que puedan exponerse, con igualdad de oportunidad, todas las opiniones. En fin, lo que demandamos, como legítimos dueños que somos del Canal, es que se acabe la prolongada mora del gobierno en poner todas las cartas sobre la mesa; espacios y oportunidad para la discusión objetiva e imparcial, pero, fundamentalmente, menos demagogia y más respeto.
"Siempre hemos tenido el apoyo de nuestros familiares, gracias a ellos hemos logrado rehabilitarnos", dijo uno que prefirió que no se revelara su identidad.
Pero, aunque la Zona del Canal desapareció y los "zonians" no la habitan, esa realidad todavía no ha penetrado en muchas mentes que se resisten a aceptarla. El colonialismo tiene expresión física en la existencia de los territorios sometidos al control colonial y en el dominio que en ellos ejercen los colonizadores. Su existencia produce dos expresiones anímicas en los colonizados: de un lado, los que lo rechazan; del otro los que lo aceptan. En Panamá conocemos esos dos extremos, que se evidenciaron claramente en el referéndum sobre los tratados: dos tercios del país votó a favor y un tercio en contra. Sin embargo, es importante precisar que el tercio que se opuso, incluyó a un grupo de panameños que votó en contra, no porque prefiriera el status-quo, sino porque consideraba que los nuevos tratados no le hacían verdadera justicia a la causa panameña. Durante la vigencia del ignominioso tratado Hay-Bunau Varilla, impuesto como hipoteca a nuestro certificado de nacimiento como nación, en noviembre de 1903, tuvimos que convivir con la presencia física del enclave colonial, gobernado bajo las leyes de los Estados Unidos, que partió en dos nuestro territorio y creó una jurisdicción aparte en la que los panameños éramos extranjeros en nuestro propio país.
Los tratados del Canal de 1977, aunque pospusieron hasta el año de 1999 la recuperación física de la antigua Zona del Canal y el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre la totalidad de nuestro territorio, marcaron el inicio irreversible de ese proceso, en el que la Comisión del Canal, controlada por los Estados Unidos, se transformó, por disposición del Título XIV (artículos del 315 al 323), adicionado a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo Número 1 de 1993, en la Autoridad del Canal: "Una persona jurídica autónoma de Derecho Público". A ella le confiamos "privativamente la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá y sus actividades conexas".
Después de haber vivido 21 años de dictadura, en la que desapareció el Estado de Derecho y para prevenir riesgos, en una democracia que apenas comenzaba a balbucear, fue una decisión acertada separar la administración y operación del Canal de los vaivenes de la política criolla. Pero, también fue un acierto establecer algunas salvaguardas que afirmaran la naturaleza del Canal como un patrimonio inalienable de la Nación panameña, el derecho del pueblo panameño a recibir los beneficios de su operación mediante una cuota garantizada de sus ingresos y, lo que es más importante, el derecho, también inalienable, de decidir su futuro.
Sería un contrasentido histórico que la lucha del pueblo panameño tuviera como corolario la sustitución de la administración norteamericana por otro enclave colonial, ahora administrado por panameños. Al crear y encomendarle a la Autoridad del Canal la administración de la vía interoceánica, le delegamos ejercer una responsabilidad, como mandatarios del pueblo panameño, pero no renunciamos a nuestros derechos como propietarios del Canal.
La normativa constitucional no da pie para inventar interpretaciones. Pero la realidad que hemos vivido desde que el manejo y administración Canal pasó a manos panameñas demuestra que existen "otras agendas". Entre muchos de los administradores se ha arraigado la convicción de son ellos y no el pueblo panameño quien debe decidir al futuro del Canal. Y eso explica porqué durante tantos años ha imperado un secretismo insultante y porqué persiste la manipulación de la información sobre todo lo relacionado con la ampliación.
Hace más de 15 años comenzaron a estudiarse "las alternativas sobre el Canal". Se han gastado, de forma nunca aclarada, más de 50 millones de dólares en "estudios" y todavía a estas alturas, cuando ya se habla de fechas para el referendo sobre la ampliación del Canal, sólo un grupo muy pequeño de panameños conoce sus interioridades; pero, paradójicamente, se brindan prolijas explicaciones a intereses extranjeros.
Las nefastas experiencias vividas con las reformas tributarias y del Seguro Social debieran haberle enseñado algo a los actuales gobernantes; pero parece que no es así. Y a esa actitud de injustificado secretismo, parecen habérseles sumado los llamados "líderes de la oposición", que mantienen silencio sobre las conversaciones que han sostenido con el gobernante de turno.
Para enderezar las cosas, hacen falta tres correcciones inmediatas: Primero, el gobierno debe poner a disposición del país, sin más dilaciones sospechosas, toda la información, pero toda y de verdad, para que pueda iniciarse su discusión y análisis; segundo; los representantes de la ACP deben estar dispuestos a dar explicaciones claras, precisas y, sobre todo, sencillas e imparciales, sin excusarse en supuestas complejidades técnicas, sobre los aspectos medulares del proyecto; tercero, el debate sobre el proyecto debe fundamentarse en la equidad, de manera que puedan exponerse, con igualdad de oportunidad, todas las opiniones. En fin, lo que demandamos, como legítimos dueños que somos del Canal, es que se acabe la prolongada mora del gobierno en poner todas las cartas sobre la mesa; espacios y oportunidad para la discusión objetiva e imparcial, pero, fundamentalmente, menos demagogia y más respeto.
"Siempre hemos tenido el apoyo de nuestros familiares, gracias a ellos hemos logrado rehabilitarnos", dijo uno que prefirió que no se revelara su identidad.
