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La aristocracia sindical panameña


Con la promulgación por parte de la Junta Provisional de Gobierno (controlada por la Guardia Nacional) del Decreto de Gabinete 252 del 30 de diciembre de 1971, se "aprobó" el Código de Trabajo, que rige desde 1972, junto a sus distintas reformas, las relaciones entre trabajadores y empleadores.
La base ideológica de este cuerpo legal fue la doctrina en boga desde los años "20 del siglo pasado del "constitucionalismo social" el cual, en el caso del Código Laboral que comentamos, buscaba la justicia social " fijando la protección estatal en beneficio de los trabajadores y crear las condiciones necesarias que aseguren a todo trabajador una existencia decorosa", según reza el artículo 1 de ese texto normativo.
El gobierno militar torrijista llevó a los extremos con sus acciones políticas de paternalismo y padrinazgo clientelista los preceptos rectores que válidamente se aceptaban y aún se aceptan en esta rama del Derecho, distorsionando con esto múltiples variables, como la inversión (nacional y extranjera) que empezó a caer desde 1972 y la productividad laboral que a mediano plazo trajo resultados negativos precisamente a aquellos panameño que no tienen un empleo.
Para inicios de los "80, empezaron a aflorar las consecuencias adversas para el funcionamiento de la economía panameña en general de las normas laborales inflexibles que protegían cada vez más a los que contaban con un empleo y le ponían trabas a los que no lo tenían, por cuanto que si la economía en su conjunto no crea riqueza por efecto de excesos de intervencionismo estatal, casi siempre de carácter político, y por ende parcializados, la tasa de creación de nuevos empleos decae. Esta situación fue más grave en la medida que el gobierno torrijista-norieguista rebasó con mucho ese proteccionismo tuitivo sano de las normas laborales y con su padrinazgo populista creó "células" o "roscas" de sindicatos a todo nivel de la vida socioeconómica panameña. Ello conllevó, poco a poco, al estancamiento del aparato productivo y de la libertad de conformar o constituir empresas o cooperativas independientes de producción. En los sectores del transporte, el agua y otras instituciones estatales o privadas se llegó a velar más por los intereses particulares de los sindicalistas y grupos de presión organizados, que por los mismos trabajadores, cuya existencia se fue haciendo cada vez más difícil. Sólo hay que recordar los sucesos de 1986 con el asesinato del obrero Yito Barrantes.
Tenemos, entonces, hoy en día, dirigentes sindicales enquistados que han perdido representatividad al alejarse más de los humildes trabajadores, a los que por ley deben responder por cuenta de privilegios políticos que los llevan a obtener cuantiosos ingresos, pasando a formar una suerte de aristocracia sindical que vive de las cuotas de los afiliados y de otras ventajas. Este fenómeno se ha dado en muchos otros países, sobretodo en Latinoamérica donde el dogma de la explotación capitalista devino en una bandera política para los dirigentes que se beneficiaron personalmente de la misma; y no fueron pocos casos que se dieron. México, Argentina, Nicaragua y Perú son ejemplos palmarios donde contribuyeron a arruinar directa e indirectamente a los propios trabajadores y la economía de esos países.
En Panamá, el Código de Trabajo, en la situación económica actual, se queda obsoleto al no permitir fórmulas alternas de crecimiento de la masa de trabajadores.
Muchos "líderes" sindicales se han volcado más a organizar movimientos parapolíticos de "choque" que cumplir con sus deberes primigenios. Algunos se agitan dentro de instituciones públicas y le están causando un daño enorme al país al no permitir cambios en las mismas y de fomentar la lucha de clases. En Chiriquí no han permitido que trabajadores independientes organizados en cooperativas, donde todos se beneficiarían por igual, logren iniciar nuevas relaciones con la empresa bananera PAFCO. La crisis que ha vivido la actividad empresarial bananera desde hace varios años con huelgas intransigentes devastadoras dirigidas por los sempiternos líderes sindicales reelegidos, es el colofón de un rosario de inmadurez y sectarismos ideológicos. En 1998 las pérdidas fueron cuantiosas, luego de más de un mes en huelga al tratar de forzar situaciones de hecho completamente insensatas.
En Puerto Armuelles, hoy en día, la crisis es de consecuencias casi irreversibles. Es la parte sindical con su dogmatismo miope el que ha llevado la responsabilidad del caos económico en la región con pérdidas de 4.5 millones de dólares en la pasada huelga.
En Bocas del Toro, las cooperativas independientes han dado mejores resultados de productividad que las organizaciones sindicales. Los hechos son evidentes, por lo que no es cierto que la solidaridad entre los pobres no es posible. Es hora de recordar, dicen Montaner, Mendoza y Vargas LLosa en su libro "Fabricantes de miseria" que, " la noción de conquista social debe ser elástica. En período de recesión, dichas conquistas pueden producir la parálisis o abiertamente la quiebra de las empresas, es decir, de las reales fuentes de trabajo. Los sindicatos tradicionales no han comprendido que dentro del inevitable proceso de globalización de la economía, la supervivencia y prosperidad de las naciones depende esencialmente de la capacidad competitiva de sus industrias. Palabras aleccionadoras para lo acontecido en Puerto Armuelles y que deben ser aplicables en situaciones similares. Cada día hay menos afiliados a sindicatos.
En Europa existen los "comités de empresas", donde los trabajadores y empleadores negocian y obtienen beneficios mediante un diálogo constructivo de ideas innovadoras. El que no puede seguir trabajando en las fincas bananeras, que pueda hacerlo en otro sector y es aquí donde el gobierno debe jugar su papel.
En Panamá, es momento de una "revolución" de pequeños propietarios, a través de un verdadero sistema de economía de libre mercado complementado con un cooperativismo desarrollista y no una utópica convulsión de proletarios politizados.

101 años de Panamá América

 
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