La asamblea de los diputados
PARA que la antigua Asamblea Legislativa, ahora denominada Asamblea Nacional, se gane el respeto de la ciudadanía se requiere algo más que el cambio de nombre que se adoptó mediante las últimas reformas constitucionales. El problema, como es obvio, tampoco depende de que a los absurdamente llamados "padres de la patria" se les denomine legisladores o diputados. Si el pueblo panameño tiene una pésima imagen de la Asamblea, es porque ella la ha creado y se la merece.
Antes de la discusión y aprobación de las reformas constitucionales, todos los sondeos de opinión ponían de manifiesto la demanda popular para que se redujera el número de los legisladores o diputados; también se pedía la eliminación de los suplentes y de los privilegios desproporcionados de que gozan los miembros de la Asamblea, sus suplentes y muchos de sus funcionarios. Ninguna de esas exigencias fue satisfecha. La Asamblea panameña tiene más diputados, calculados en base a población, que todos los países centroamericanos y suramericanos.
La última reforma constitucional, por decisión de la propia asamblea, en lugar de fijar normas para propiciar la reducción de sus miembros, consagró reglas para evitarla. Además, se aprobó continuar con la anomalía de los suplentes. Ignoró en cuantos países los miembros del parlamento tienen suplentes, pero dudo que sean muchos. Por lo pronto, es un hecho que en las democracias que se toman como modelo esa figura no existe. En Panamá no sólo hemos mantenido la figura de los suplentes sino que, adicionalmente, se le paga sueldo de manera permanente y se les conceden privilegios que resultan ofensivos para el ciudadano común.
Según las cifras presupuestarias, la Asamblea consume cuarenta millones anuales. Eso sin contar el costo de todas las exoneraciones y privilegios que suman otra buena cantidad de millones en ingresos que deja de recibir el Estado. En un programa de opinión que escuché ayer, en el que participaron varios diputados, incluido el nuevo presidente de la Asamblea, ante el cuestionamiento de un oyente, alguno de ellos se atrevió a defender esa cifra y hasta a calificarla de insuficiente. Su argumento fue que, como mínimo, la Asamblea debía tener un presupuesto igual al del Organo Judicial, porque ambos eran órganos superiores del Estado. Para el año 2005, esos presupuestos son similares en monto, pero sería absurdo que se les mantuviera a un mismo nivel cuando en el caso del Organo Judicial, contrario a lo que ocurre en el Legislativo, por razón del crecimiento de la población y del aumento de la demanda social, anualmente deben crearse nuevos tribunales y juzgados. La Asamblea de los Diputados, no debiera tener más de 60 miembros; los suplentes deben eliminarse totalmente, y si se mantienen sólo deben cobrar dietas cuando actúen en reemplazo del principal; los privilegios y prebendas deben reducirse o eliminarse del todo; y el número de sus funcionarios y asesores debe ser revisado para reducirlo a los que sean realmente necesarios. El nuevo presidente del Organo Legislativo, pareciera, por sus recientes declaraciones y despliegues publicitarios, que está animado de buenas intenciones; pero eso no basta. El pueblo lo que espera son medidas concretas. La suspensión temporal, por ejemplo, del privilegio de las exoneraciones de vehículos es buena señal, pero si al final no introduce un cambio radical, la buena reacción inicial que ha producido se desvanecerá y aumentará la frustración popular. Si el nuevo presidente de la Asamblea y sus colegas, principalmente de la bancada oficialista, que tiene el control de ese órgano, quieren demostrar con hechos que están animados de un propósito firme de mejorar las cosas, debieran comenzar por tomar algunas medidas específicas y a corto plazo, en la dirección que el pueblo ha venido demandando de manera reiterada. En ese orden de ideas, sería de gran valor, que se iniciara, cuanto antes, una auditoría de los cargos existentes.
La Asamblea tiene demasiados funcionarios y asesores que no se justifican. Una auditoría así lo determinaría. Pero para que esa auditoría sea realmente sería y efectiva se la debe confiar a una instancia externa a la Asamblea que, con objetividad y por encima de los intereses transitorios y personales de sus miembros, pueda recomendar los correctivos necesarios.
Mientras la Asamblea no le demuestre al país, con hechos, que está dispuesta a reformarse, de muy poco servirán los propósitos enmienda y su imagen seguirá mereciendo la baja y justificada estimación en que la tenemos.
En ésta se les indica evitar ingerir alimentos en las áreas de trabajo, debido a que esto podría alterar las condiciones higiénico sanitarias producto de los desechos y olores que van directamente al sistema de ducto de las manejadoras.
También se enfatiza en el buen manejo que se le debe dar a los desechos, los no tóxicos en bolsas negras y en bolsas rojas, además se recomienda no alterar la infraestructura original del edificio, pues afectaría la ventilación natural de éste.
Actualmente los servicios se continúan brindando a través de los Centros de Atención Provisional en Salud (CAPS), localizados en diferentes puntos.
En el Centro Comercial El Cruce se encuentra el laboratorio, farmacia, registro médico, consulta externa, radioterapia, medicina general; mientras que en Plaza Tocumen se ubica el cuarto de urgencia. Además, también se presta atención en otras policlínicas como la Manuel María Valdés.
Los trabajos de remodelación y descontaminación se están realizando desde el mes de agosto del año pasado.
La Caja de Seguro Social ha gastado más de 800 mil balboas en alquileres de locales durante los tres años.
La Policlínica J.J. Vallarino atiende a moradores de Pedregal, Mañanitas, 24 de Diciembre, Rufina Alfaro y Tocumen.
Según Franklin Castillo, coordinador del programa de salud ocupacional de la CSS, la descontaminación conllevó un proceso de 26 pasos, entre los que destacan: limpieza profunda, encapsulado de las áreas, nebulización y monitoreo microbiológico.
Antes de la discusión y aprobación de las reformas constitucionales, todos los sondeos de opinión ponían de manifiesto la demanda popular para que se redujera el número de los legisladores o diputados; también se pedía la eliminación de los suplentes y de los privilegios desproporcionados de que gozan los miembros de la Asamblea, sus suplentes y muchos de sus funcionarios. Ninguna de esas exigencias fue satisfecha. La Asamblea panameña tiene más diputados, calculados en base a población, que todos los países centroamericanos y suramericanos.
La última reforma constitucional, por decisión de la propia asamblea, en lugar de fijar normas para propiciar la reducción de sus miembros, consagró reglas para evitarla. Además, se aprobó continuar con la anomalía de los suplentes. Ignoró en cuantos países los miembros del parlamento tienen suplentes, pero dudo que sean muchos. Por lo pronto, es un hecho que en las democracias que se toman como modelo esa figura no existe. En Panamá no sólo hemos mantenido la figura de los suplentes sino que, adicionalmente, se le paga sueldo de manera permanente y se les conceden privilegios que resultan ofensivos para el ciudadano común.
Según las cifras presupuestarias, la Asamblea consume cuarenta millones anuales. Eso sin contar el costo de todas las exoneraciones y privilegios que suman otra buena cantidad de millones en ingresos que deja de recibir el Estado. En un programa de opinión que escuché ayer, en el que participaron varios diputados, incluido el nuevo presidente de la Asamblea, ante el cuestionamiento de un oyente, alguno de ellos se atrevió a defender esa cifra y hasta a calificarla de insuficiente. Su argumento fue que, como mínimo, la Asamblea debía tener un presupuesto igual al del Organo Judicial, porque ambos eran órganos superiores del Estado. Para el año 2005, esos presupuestos son similares en monto, pero sería absurdo que se les mantuviera a un mismo nivel cuando en el caso del Organo Judicial, contrario a lo que ocurre en el Legislativo, por razón del crecimiento de la población y del aumento de la demanda social, anualmente deben crearse nuevos tribunales y juzgados. La Asamblea de los Diputados, no debiera tener más de 60 miembros; los suplentes deben eliminarse totalmente, y si se mantienen sólo deben cobrar dietas cuando actúen en reemplazo del principal; los privilegios y prebendas deben reducirse o eliminarse del todo; y el número de sus funcionarios y asesores debe ser revisado para reducirlo a los que sean realmente necesarios. El nuevo presidente del Organo Legislativo, pareciera, por sus recientes declaraciones y despliegues publicitarios, que está animado de buenas intenciones; pero eso no basta. El pueblo lo que espera son medidas concretas. La suspensión temporal, por ejemplo, del privilegio de las exoneraciones de vehículos es buena señal, pero si al final no introduce un cambio radical, la buena reacción inicial que ha producido se desvanecerá y aumentará la frustración popular. Si el nuevo presidente de la Asamblea y sus colegas, principalmente de la bancada oficialista, que tiene el control de ese órgano, quieren demostrar con hechos que están animados de un propósito firme de mejorar las cosas, debieran comenzar por tomar algunas medidas específicas y a corto plazo, en la dirección que el pueblo ha venido demandando de manera reiterada. En ese orden de ideas, sería de gran valor, que se iniciara, cuanto antes, una auditoría de los cargos existentes.
La Asamblea tiene demasiados funcionarios y asesores que no se justifican. Una auditoría así lo determinaría. Pero para que esa auditoría sea realmente sería y efectiva se la debe confiar a una instancia externa a la Asamblea que, con objetividad y por encima de los intereses transitorios y personales de sus miembros, pueda recomendar los correctivos necesarios.
Mientras la Asamblea no le demuestre al país, con hechos, que está dispuesta a reformarse, de muy poco servirán los propósitos enmienda y su imagen seguirá mereciendo la baja y justificada estimación en que la tenemos.
En ésta se les indica evitar ingerir alimentos en las áreas de trabajo, debido a que esto podría alterar las condiciones higiénico sanitarias producto de los desechos y olores que van directamente al sistema de ducto de las manejadoras.
También se enfatiza en el buen manejo que se le debe dar a los desechos, los no tóxicos en bolsas negras y en bolsas rojas, además se recomienda no alterar la infraestructura original del edificio, pues afectaría la ventilación natural de éste.
Actualmente los servicios se continúan brindando a través de los Centros de Atención Provisional en Salud (CAPS), localizados en diferentes puntos.
En el Centro Comercial El Cruce se encuentra el laboratorio, farmacia, registro médico, consulta externa, radioterapia, medicina general; mientras que en Plaza Tocumen se ubica el cuarto de urgencia. Además, también se presta atención en otras policlínicas como la Manuel María Valdés.
Los trabajos de remodelación y descontaminación se están realizando desde el mes de agosto del año pasado.
La Caja de Seguro Social ha gastado más de 800 mil balboas en alquileres de locales durante los tres años.
La Policlínica J.J. Vallarino atiende a moradores de Pedregal, Mañanitas, 24 de Diciembre, Rufina Alfaro y Tocumen.
Según Franklin Castillo, coordinador del programa de salud ocupacional de la CSS, la descontaminación conllevó un proceso de 26 pasos, entre los que destacan: limpieza profunda, encapsulado de las áreas, nebulización y monitoreo microbiológico.
