La Asamblea Legislativa y los tránsitos radiactivos
Algunos hechos recientes sucedidos en el plano internacional sustentan y justifican la adopción por el "rgano Legislativo del proyecto de ley sobre restricciones al transporte de materiales radiactivos, presentado por la Legisladora Teresita de Arias y prohijado por la Comisión de Población Ambiente y Desarrollo, que lo sometió a la consideración de la Asamblea Legislativa el 3 de octubre recién pasado.
La iniciativa legislativa alcanza el espacio del Mar Territorial y el perímetro de la Zona Económica Exclusiva de la República de Panamá, que se extiende hasta las 200 millas marinas de sus costas en ambos océanos. Sin duda, su adopción ubicará a Panamá en línea con los categóricos pronunciamientos dirigidos a impedir el tránsito de naves con carga radiactiva por aguas del Mar Caribe, que han sido hechos por la Asociación de Estados del Caribe y por el Parlamento Centroamericano con la firma de Panamá. Igualmente armonizaría con la enérgica posición fijada por los países del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, quienes se oponen al paso por su Zona Económica Exclusiva de los buques con carga radioactiva, como ya lo hicieron con el "Pacific Swan" y el "Pacific Sandpiper".
Las reacciones de parte de los voceros de la Autoridad del Canal no han sido positivas. Estos funcionarios alegan que los cargamentos marítimos de desechos nucleares radiactivos se transportan bajo medidas de seguridad tan extremas, que hacen esa travesía menos peligrosa que las de otros cargamentos, como el petróleo, por ejemplo.
Las réplicas a esas reacciones han sido contundentes, y acordes con la conciencia, cada vez más compartida en nuestro país y en el mundo entero, de que la cuestión del tratamiento y el transporte de los desechos nucleares es uno de los temas más graves que las generaciones presentes deben enfrentar. El tema debe ser tratado por todos con un enfoque objetivo, sin prejuicios, sin falacias.
La magnitud del espantoso ataque terrorista que destruyó a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre, alcanzó una dimensión que obligó a pensar a la opinión mundial y a la opinión responsable en Panamá, sobre la necesidad de que los Gobiernos adoptaran de inmediato medidas concretas para prevenir e impedir similares actos de terrorismo en nuestra jurisdicción.
Esta no es una mera reflexión retórica. Por ello, sorprende, por decir lo menos, que se quiera pretender que las aguas de nuestra Zona Económica Exclusiva en el Pacífico y en el Caribe constituyen una servidumbre internacional que subordine la seguridad del país a los intereses de los países dedicados al comercio del reciclaje de desechos radiactivos utilizando residuos de uranio y plutonio para la fabricación de combustible nuclear.
Quienes sustentan la tesis de que la Autoridad del Canal es una entidad de derecho público con las características de una república dentro de otra república, se han dedicado a escribir sobre el tema de la vía interoceánica con un acento que más pareciera quererse curar en salud y con el criterio "el que ha sido cocinero antes que fraile, lo que pasa en la cocina bien lo sabe"
Para estos intérpretes de la actitud mental de la administración canalera, es una herejía que la Asamblea Legislativa, tome la decisión de prohibir el tránsito por aguas panameñas de materiales radiactivos. Llegaron al extremo de pretender sustentar que ni el Ejecutivo ni el Legislativo están facultados constitucionalmente para adoptar medidas en cualquier punto del territorio nacional que a juicio de ellos pudiera afectar positiva o negativamente al Canal de Panamá.
En otras palabras, estos desvaríos autoritarios están dirigidos a sustentar la tesis antinacional de que el Canal no existe para Panamá sino que Panamá existe para el Canal. El tema del colonialismo o del neocolonialismo en los predios de la ACP, es mencionado por quienes se preocupan por elevar la imagen del Administrador y de la Junta Directiva del Canal. La defensa que hacen aduciendo que la Autoridad del Canal no tiene "mentalidad colonialista", tiene su razón de ser, pues en la conciencia de nuestro pueblo hay un rechazo, una condena instintiva a todo intento de configuración de "zonians panameños", enfilados a tomar el sitio que dejaron vacante los "zonians norteamericanos" de la Compañía del Canal de Panamá, de la Gobernación de la Zona del Canal, de los Tribunales de la Zona del Canal, de las Cárceles de la Zona del Canal y del sistema racista del "rol de oro y rol de plata".
Desde una perspectiva de tolerancia y objetividad, debemos admitir que es legítimo, sensato y razonable salir a la palestra para desvirtuar la afrenta del neocolonialismo, del autoritarismo y del exclusivismo discriminante y elitista. Sin embargo, resulta doloroso y opresivo, deprimente y descorazonador que en la argumentación para presentar una imagen transparente de la Autoridad del Canal, se invoque la aplicación de procedimientos injustos y anacrónicos que se le impusieron a Panamá en cláusulas colonialistas del Tratado Hay-Buneau Varilla, de ingrata recordación, y que tanto daño le hicieron a la Nación panameña en lo político, en lo económico y en lo espiritual.
Afirmar, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa incurriría en un desacierto al prohibir el paso de buques con carga radiactiva por el Mar Territorial y por la Zona Económica Exclusiva equivale a negar la soberanía de la República sobre su espacio marítimo, su espacio territorial y su espacio aéreo. Equivale también a despojar a Panamá de su soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, a condenarla a que renuncie a la protección de su medio ambiente natural y a su desarrollo económico.
La ofensa que se infiere a la Nación panameña, por su incuestionable carácter de Estado moderno, independiente y democrático, es mayor al argüir los defensores de la Autoridad del Canal que el "rgano Legislativo no puede prohibir el tránsito de barcos con carga radiactiva por el mar territorial o por la Zona Económica Exclusiva, porque ello significaría negarles la utilización del Canal, invocando la teoría de que el Canal es una "servidumbre internacional". Aceptar semejante tesis, significaría que la República entera queda constituida en "servidumbre internacional".
Lo que es más grave aún, y por tanto inadmisible, es que en estos términos se reformula, se resucita, se da nueva vida a la disposición del Tratado Hay-Buneau Varilla que le imponía a Panamá la obligación de abrir su espacio marítimo y sus puertos en todo el país al tránsito de buques que quisieran utilizar el Canal de uno a otro océano. Lo irónico de la situación es que el Tratado de 1903 no le permitía a Panamá detener a buques en aguas panameñas, pero los Estados Unidos si tenían la potestad de hacerlo en aguas del Canal, a riesgo de causar daños catastróficos a las ciudades terminales del Canal, como fue el caso de la detención del "Imías" y el "William Foster" en aguas del Canal y que fueron liberados ante la protesta del Gobierno panameño.
Esta interpretación me produce estupor. De ella se desprende que Panamá tiene hipotecado su derecho a ejercer plena soberanía sobre sus mares y sobre sus recursos marítimos. De ella se desprende que aunque Panamá firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, está impedida, por razón de sus obligaciones canaleras, de cumplir acabadamente con las disposiciones establecidas en esa Convención. De ella se desprende que aunque Panamá firmó la Declaración de Santiago de Chile, acordada por la Cumbre del Grupo de Río en Septiembre de 2000, nuestro país no puede cooperar con el resto de los países de la región para tomar medidas que nos protejan contra los riesgos que el paso de buques cargados con desechos radiactivos implica para cada país y para toda la región. De ella se desprende que ciertas limitaciones de nuestra soberanía que estaban contenidas en el Tratado Hay-Buneau Varilla no están realmente del todo guardadas en el museo imaginario colectivo de nuestros dolores nacionales.
He visto que hay un intento de convencer al país de que nadie fuera de una élite canalera conoce los temas del canal, de convencer que la mejor forma de portarse como patriotas panameños es callarse y no hacer olas sobre temas sensibles que se refieren al Canal. Debo decir que sobre esos temas y sobre el funcionamiento del Canal mi opinión trasluce independencia de espíritu. No hay el deseo de incomodar a nadie. Asombra que golpes envueltos provengan de los Ejecutivos del Canal Causa sincera pena que muchos panameños, poseedores de incontestables conocimientos y experiencias, adquiridos tras largos años de manejo de los asuntos canaleros, hayan sido descartados, postergados o ignorados, a pesar de que a mi juicio no quedan a la zaga de ninguno de los especialistas locales o extranjeros.
Me parece que sobre los asuntos del Canal hay que tener grandeza y no dar pie para que nadie -ni panameños ni extraños- piensen que los asuntos del Canal son tratados en nuestro país, por los panameños, con la mentalidad de la cama del perro, con desaliño, con egoísmos, con mezquindades. Los temas canaleros no deben volverse una forma inédita de cortapisa, de prohibición, de "no trespassing", a fuerza de querer tratarlos furtivamente. Sobre los temas canaleros no deben producirse individualismos exacerbados o irreductibles a los reflejos condicionados que el pueblo panameño tiene con relación al Canal.
La iniciativa legislativa alcanza el espacio del Mar Territorial y el perímetro de la Zona Económica Exclusiva de la República de Panamá, que se extiende hasta las 200 millas marinas de sus costas en ambos océanos. Sin duda, su adopción ubicará a Panamá en línea con los categóricos pronunciamientos dirigidos a impedir el tránsito de naves con carga radiactiva por aguas del Mar Caribe, que han sido hechos por la Asociación de Estados del Caribe y por el Parlamento Centroamericano con la firma de Panamá. Igualmente armonizaría con la enérgica posición fijada por los países del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, quienes se oponen al paso por su Zona Económica Exclusiva de los buques con carga radioactiva, como ya lo hicieron con el "Pacific Swan" y el "Pacific Sandpiper".
Las reacciones de parte de los voceros de la Autoridad del Canal no han sido positivas. Estos funcionarios alegan que los cargamentos marítimos de desechos nucleares radiactivos se transportan bajo medidas de seguridad tan extremas, que hacen esa travesía menos peligrosa que las de otros cargamentos, como el petróleo, por ejemplo.
Las réplicas a esas reacciones han sido contundentes, y acordes con la conciencia, cada vez más compartida en nuestro país y en el mundo entero, de que la cuestión del tratamiento y el transporte de los desechos nucleares es uno de los temas más graves que las generaciones presentes deben enfrentar. El tema debe ser tratado por todos con un enfoque objetivo, sin prejuicios, sin falacias.
La magnitud del espantoso ataque terrorista que destruyó a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre, alcanzó una dimensión que obligó a pensar a la opinión mundial y a la opinión responsable en Panamá, sobre la necesidad de que los Gobiernos adoptaran de inmediato medidas concretas para prevenir e impedir similares actos de terrorismo en nuestra jurisdicción.
Esta no es una mera reflexión retórica. Por ello, sorprende, por decir lo menos, que se quiera pretender que las aguas de nuestra Zona Económica Exclusiva en el Pacífico y en el Caribe constituyen una servidumbre internacional que subordine la seguridad del país a los intereses de los países dedicados al comercio del reciclaje de desechos radiactivos utilizando residuos de uranio y plutonio para la fabricación de combustible nuclear.
Quienes sustentan la tesis de que la Autoridad del Canal es una entidad de derecho público con las características de una república dentro de otra república, se han dedicado a escribir sobre el tema de la vía interoceánica con un acento que más pareciera quererse curar en salud y con el criterio "el que ha sido cocinero antes que fraile, lo que pasa en la cocina bien lo sabe"
Para estos intérpretes de la actitud mental de la administración canalera, es una herejía que la Asamblea Legislativa, tome la decisión de prohibir el tránsito por aguas panameñas de materiales radiactivos. Llegaron al extremo de pretender sustentar que ni el Ejecutivo ni el Legislativo están facultados constitucionalmente para adoptar medidas en cualquier punto del territorio nacional que a juicio de ellos pudiera afectar positiva o negativamente al Canal de Panamá.
En otras palabras, estos desvaríos autoritarios están dirigidos a sustentar la tesis antinacional de que el Canal no existe para Panamá sino que Panamá existe para el Canal. El tema del colonialismo o del neocolonialismo en los predios de la ACP, es mencionado por quienes se preocupan por elevar la imagen del Administrador y de la Junta Directiva del Canal. La defensa que hacen aduciendo que la Autoridad del Canal no tiene "mentalidad colonialista", tiene su razón de ser, pues en la conciencia de nuestro pueblo hay un rechazo, una condena instintiva a todo intento de configuración de "zonians panameños", enfilados a tomar el sitio que dejaron vacante los "zonians norteamericanos" de la Compañía del Canal de Panamá, de la Gobernación de la Zona del Canal, de los Tribunales de la Zona del Canal, de las Cárceles de la Zona del Canal y del sistema racista del "rol de oro y rol de plata".
Desde una perspectiva de tolerancia y objetividad, debemos admitir que es legítimo, sensato y razonable salir a la palestra para desvirtuar la afrenta del neocolonialismo, del autoritarismo y del exclusivismo discriminante y elitista. Sin embargo, resulta doloroso y opresivo, deprimente y descorazonador que en la argumentación para presentar una imagen transparente de la Autoridad del Canal, se invoque la aplicación de procedimientos injustos y anacrónicos que se le impusieron a Panamá en cláusulas colonialistas del Tratado Hay-Buneau Varilla, de ingrata recordación, y que tanto daño le hicieron a la Nación panameña en lo político, en lo económico y en lo espiritual.
Afirmar, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa incurriría en un desacierto al prohibir el paso de buques con carga radiactiva por el Mar Territorial y por la Zona Económica Exclusiva equivale a negar la soberanía de la República sobre su espacio marítimo, su espacio territorial y su espacio aéreo. Equivale también a despojar a Panamá de su soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, a condenarla a que renuncie a la protección de su medio ambiente natural y a su desarrollo económico.
La ofensa que se infiere a la Nación panameña, por su incuestionable carácter de Estado moderno, independiente y democrático, es mayor al argüir los defensores de la Autoridad del Canal que el "rgano Legislativo no puede prohibir el tránsito de barcos con carga radiactiva por el mar territorial o por la Zona Económica Exclusiva, porque ello significaría negarles la utilización del Canal, invocando la teoría de que el Canal es una "servidumbre internacional". Aceptar semejante tesis, significaría que la República entera queda constituida en "servidumbre internacional".
Lo que es más grave aún, y por tanto inadmisible, es que en estos términos se reformula, se resucita, se da nueva vida a la disposición del Tratado Hay-Buneau Varilla que le imponía a Panamá la obligación de abrir su espacio marítimo y sus puertos en todo el país al tránsito de buques que quisieran utilizar el Canal de uno a otro océano. Lo irónico de la situación es que el Tratado de 1903 no le permitía a Panamá detener a buques en aguas panameñas, pero los Estados Unidos si tenían la potestad de hacerlo en aguas del Canal, a riesgo de causar daños catastróficos a las ciudades terminales del Canal, como fue el caso de la detención del "Imías" y el "William Foster" en aguas del Canal y que fueron liberados ante la protesta del Gobierno panameño.
Esta interpretación me produce estupor. De ella se desprende que Panamá tiene hipotecado su derecho a ejercer plena soberanía sobre sus mares y sobre sus recursos marítimos. De ella se desprende que aunque Panamá firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, está impedida, por razón de sus obligaciones canaleras, de cumplir acabadamente con las disposiciones establecidas en esa Convención. De ella se desprende que aunque Panamá firmó la Declaración de Santiago de Chile, acordada por la Cumbre del Grupo de Río en Septiembre de 2000, nuestro país no puede cooperar con el resto de los países de la región para tomar medidas que nos protejan contra los riesgos que el paso de buques cargados con desechos radiactivos implica para cada país y para toda la región. De ella se desprende que ciertas limitaciones de nuestra soberanía que estaban contenidas en el Tratado Hay-Buneau Varilla no están realmente del todo guardadas en el museo imaginario colectivo de nuestros dolores nacionales.
He visto que hay un intento de convencer al país de que nadie fuera de una élite canalera conoce los temas del canal, de convencer que la mejor forma de portarse como patriotas panameños es callarse y no hacer olas sobre temas sensibles que se refieren al Canal. Debo decir que sobre esos temas y sobre el funcionamiento del Canal mi opinión trasluce independencia de espíritu. No hay el deseo de incomodar a nadie. Asombra que golpes envueltos provengan de los Ejecutivos del Canal Causa sincera pena que muchos panameños, poseedores de incontestables conocimientos y experiencias, adquiridos tras largos años de manejo de los asuntos canaleros, hayan sido descartados, postergados o ignorados, a pesar de que a mi juicio no quedan a la zaga de ninguno de los especialistas locales o extranjeros.
Me parece que sobre los asuntos del Canal hay que tener grandeza y no dar pie para que nadie -ni panameños ni extraños- piensen que los asuntos del Canal son tratados en nuestro país, por los panameños, con la mentalidad de la cama del perro, con desaliño, con egoísmos, con mezquindades. Los temas canaleros no deben volverse una forma inédita de cortapisa, de prohibición, de "no trespassing", a fuerza de querer tratarlos furtivamente. Sobre los temas canaleros no deben producirse individualismos exacerbados o irreductibles a los reflejos condicionados que el pueblo panameño tiene con relación al Canal.
