"A la brava no me siento con nadie"
En la edición dominical del diario El Siglo, correspondiente al 9 de abril del 2000 salieron, en primera plana, declaraciones que se le atribuyen a la Presidenta de Panamá y que hemos utilizado como encabezamiento de este escrito, no obstante, lo poco felices que son. En el cuerpo de la misma noticia se reproducen otras declaraciones de la Primera Mandataria en las que puntualiza que "mientras no se suspenda el paro, yo no tengo nada que hablar con ellas, (las enfermeras) y no voy a permitir que me sienten en una mesa de negociación a base de presión".
Estas expresiones las hemos escuchado en un sin número de ocasiones de parte de los gobernantes que hemos tenido. Estos parecen olvidar que cuando los ciudadanos apelan a medidas de presión, lo hacen en pleno ejercicio de su derecho constitucional y porque no ha habido otra forma de que sean escuchadas sus peticiones. ¿Cómo desea la Primera Mandataria que las enfermeras y auxiliares no recurran a un paro cuando la comisión nombrada por ella, el Ministro de Salud y el Ministro de Economía y Finanzas, han declarado que la Ley 8ª es tabú, que no admite discusión alguna. ¿Esta posición es de total intolerancia? ¿Olvida acaso, la Sra. Presidenta, que la Ley 8ª fue calificada por el arnulfismo, MOLIRENA, PDC y el Liberal como "el resultado de estrategias dictatoriales"? Curiosamente ahora avalan la criatura engendrada por esos métodos abusivos.
La arrogancia de la Presidenta Moscoso dista mucho de la imagen que proyectó durante su campaña política en la que ofreció solventar todos los problemas de Panamá, pasados, presentes y futuros. Nada escapó a su don y capacidad de enderezar y solucionar cuanto problema existe, emulando a la "mujer maravilla". Hubo muchos que le creyeron, pero también hubo otros tantos que no tragamos ni pizca de tanto palabreo y que el tiempo, poco a poco, está demostrando que no hubo nada serio en sus peroraciones.
Queremos recordar a la Presidenta Moscoso que el autoritarismo e intolerancia no corresponden a las facultades que le concede la Constitución Nacional a quien ejerce la primera magistratura de la Nación. Proceder de esta forma desnaturaliza el cargo que se ejerce. El Gobierno Nacional se equivocó y lo seguirá haciendo si para resolver los problemas nacionales opta por la arrogancia, intolerancia y autoritarismo. Hoy, más que nunca, la ley, la democracia y la libertad, constituyen los caminos indicados para resolver las querellas e inconformidades ciudadanas. Este tipo de posturas por las que la actual administración, definitivamente mal aconsejada, parece querer inclinarse son condenables y propias de los regímenes déspotas. El Ejecutivo debe contraponer a las peticiones de los ciudadanos argumentos, propuestas y posibles soluciones, en forma razonada, en un diálogo que sea provechoso y no querer doblegar a los humildes ciudadanos que no hacen otra cosa que reclamar derechos ilegalmente conculcados.
El Gobierno Nacional debe rectificar sus pasos. Todavía está a tiempo. Deben recordar que recién inician su gestión, y mucho es el camino que les falta por recorrer, y si desde ahora empiezan a colocar en situaciones de embarazos al pueblo en sus justas pretensiones, estarán minado el camino que les queda por recorrer y difícilmente podrán transitarlo.
El Gobierno debe desarrollar una política más cónsona con la cultura democrática que rechaza la violencia y consolida la paz. Su actitud de intolerancia y autoritarismo no hace otra cosa que evidenciar su incapacidad de poder resolver los problemas.
La intolerancia y autoritarismo no respeta las diferencias y hace uso indebido del mandato que le fue conferido. No debe confundirse la intolerancia y autoritarismo con "gobernar". La intolerancia es el recurso que emplean quienes son incapaces de persuadir o convencer a los demás. Recurren a estas medidas, porque no aceptan que otros piensen o actúen de manera diferente, que tengan proyectos diferentes de convivencia social y que aspiren a mejorar. En vez de dialogar optan por la liquidación de quien ose contradecirlos. Este tipo de violencia que se ha institucionalizado en el gobierno trastoca el orden jurídico y Constitucional, y lo que es más importante, va contra la libertad y los derechos humanos.
Queremos decirle a la Sra. Presidenta que debe ser tolerante ante las necesidades del pueblo que cada día ve menos realizable su anhelo de tener una existencia digna. De éstos están compuestas las FARCs. El presente gobierno puede y debe dialogar con el pueblo, acercarse humanamente a ellos, buscar puntos de contacto. No le será lícito, en cambio, valerse del poder para humillarlo y "hacer más fácil" el encuentro, como parecen haberle recomendado algunos a la Sra. Presidenta. Un encuentro así "facilitado", no conduce a ninguna parte. No se trata, con la excusa de gobernar, de maltratar a nadie.
Estas expresiones las hemos escuchado en un sin número de ocasiones de parte de los gobernantes que hemos tenido. Estos parecen olvidar que cuando los ciudadanos apelan a medidas de presión, lo hacen en pleno ejercicio de su derecho constitucional y porque no ha habido otra forma de que sean escuchadas sus peticiones. ¿Cómo desea la Primera Mandataria que las enfermeras y auxiliares no recurran a un paro cuando la comisión nombrada por ella, el Ministro de Salud y el Ministro de Economía y Finanzas, han declarado que la Ley 8ª es tabú, que no admite discusión alguna. ¿Esta posición es de total intolerancia? ¿Olvida acaso, la Sra. Presidenta, que la Ley 8ª fue calificada por el arnulfismo, MOLIRENA, PDC y el Liberal como "el resultado de estrategias dictatoriales"? Curiosamente ahora avalan la criatura engendrada por esos métodos abusivos.
La arrogancia de la Presidenta Moscoso dista mucho de la imagen que proyectó durante su campaña política en la que ofreció solventar todos los problemas de Panamá, pasados, presentes y futuros. Nada escapó a su don y capacidad de enderezar y solucionar cuanto problema existe, emulando a la "mujer maravilla". Hubo muchos que le creyeron, pero también hubo otros tantos que no tragamos ni pizca de tanto palabreo y que el tiempo, poco a poco, está demostrando que no hubo nada serio en sus peroraciones.
Queremos recordar a la Presidenta Moscoso que el autoritarismo e intolerancia no corresponden a las facultades que le concede la Constitución Nacional a quien ejerce la primera magistratura de la Nación. Proceder de esta forma desnaturaliza el cargo que se ejerce. El Gobierno Nacional se equivocó y lo seguirá haciendo si para resolver los problemas nacionales opta por la arrogancia, intolerancia y autoritarismo. Hoy, más que nunca, la ley, la democracia y la libertad, constituyen los caminos indicados para resolver las querellas e inconformidades ciudadanas. Este tipo de posturas por las que la actual administración, definitivamente mal aconsejada, parece querer inclinarse son condenables y propias de los regímenes déspotas. El Ejecutivo debe contraponer a las peticiones de los ciudadanos argumentos, propuestas y posibles soluciones, en forma razonada, en un diálogo que sea provechoso y no querer doblegar a los humildes ciudadanos que no hacen otra cosa que reclamar derechos ilegalmente conculcados.
El Gobierno Nacional debe rectificar sus pasos. Todavía está a tiempo. Deben recordar que recién inician su gestión, y mucho es el camino que les falta por recorrer, y si desde ahora empiezan a colocar en situaciones de embarazos al pueblo en sus justas pretensiones, estarán minado el camino que les queda por recorrer y difícilmente podrán transitarlo.
El Gobierno debe desarrollar una política más cónsona con la cultura democrática que rechaza la violencia y consolida la paz. Su actitud de intolerancia y autoritarismo no hace otra cosa que evidenciar su incapacidad de poder resolver los problemas.
La intolerancia y autoritarismo no respeta las diferencias y hace uso indebido del mandato que le fue conferido. No debe confundirse la intolerancia y autoritarismo con "gobernar". La intolerancia es el recurso que emplean quienes son incapaces de persuadir o convencer a los demás. Recurren a estas medidas, porque no aceptan que otros piensen o actúen de manera diferente, que tengan proyectos diferentes de convivencia social y que aspiren a mejorar. En vez de dialogar optan por la liquidación de quien ose contradecirlos. Este tipo de violencia que se ha institucionalizado en el gobierno trastoca el orden jurídico y Constitucional, y lo que es más importante, va contra la libertad y los derechos humanos.
Queremos decirle a la Sra. Presidenta que debe ser tolerante ante las necesidades del pueblo que cada día ve menos realizable su anhelo de tener una existencia digna. De éstos están compuestas las FARCs. El presente gobierno puede y debe dialogar con el pueblo, acercarse humanamente a ellos, buscar puntos de contacto. No le será lícito, en cambio, valerse del poder para humillarlo y "hacer más fácil" el encuentro, como parecen haberle recomendado algunos a la Sra. Presidenta. Un encuentro así "facilitado", no conduce a ninguna parte. No se trata, con la excusa de gobernar, de maltratar a nadie.
