La Caja de Seguro Social
Si alguna institución justifica urgente y especial atención pública, esa es la Caja de Seguro Social. Creada por el impulso visionario del doctor Arnulfo Arias, como una respuesta eminentemente social y solidaria para brindar asistencia en la enfermedad y seguridad en la vejez a aquellos que sólo dependen de su capacidad para trabajar, especialmente como asalariados, es, sin duda, la institución pública con mayores efectos en la sociedad panameña. Sus prestaciones afectan, directa o indirectamente, a 1,962.174 personas, divididas así: afiliados activos, 782,375; pensionados, 132,597; y dependientes, 1,179.799. Y ello sin contar a contratistas y proveedores.
La Caja de Seguro Social obtiene sus ingresos, principalmente, de los aportes de sus afiliados y, en grado muy ínfimo, de sus inversiones, sobretodo, después que se le quitó la facultad de hacer préstamos hipotecarios. Los ingresos se distribuyen para cubrir los costos de los servicios que presta en las áreas de salud y maternidad, riesgos profesionales y vejez y muerte, además de los gastos de administración, y para constituir las reservas.
La Caja está concebida para que sus ingresos cubran todos sus gastos presentes y también sus compromisos futuros. Las reservas, bien invertidas, deben generar ganancias suficientes para sostener, principalmente, el sistema de pensiones. La Caja, en otras palabras, debe ser una institución autosuficiente.
Independientemente de que si los servicios que la Caja presta mediante sus programas de salud, maternidad o de riesgos profesionales debieran mejorarse, en esas áreas la institución no enfrenta mayores problemas financieros. El problema está en el programa de vejez, de cuya sanidad financiera depende que las reservas generen suficientes ganancias para pagar a los actuales y futuros pensionados. Si las ganancias que produce no son suficientes para pagar las pensiones, entonces hay que “morder el capital” y es cuando se produce un déficit actuarial, que no es igual, y eso conviene recalcarlo, a un déficit corriente, que se produce cuando en un año fiscal los gastos son mayores que los ingresos.
En el programa de Pensiones ya existe un déficit actuarial que debe ser solucionado, pues de no corregirse oportunamente, eventualmente, haría colapsar el sistema. La reserva en un sistema de pensiones, en términos simples, opera como una cuenta de ahorros. Mientras su dueño sólo gaste los intereses el capital no disminuye, pero una vez comience a gastar parte de éste, inexorablemente, terminará sin intereses ni capital.
Si un sistema de pensiones comienza a gastar más de lo que producen las inversiones de su reserva, el colapso ocurrirá tarde o temprano, a menos que se revierta esa tendencia negativa. Para corregirla caben varias opciones: a) aumentar el número de cotizantes, b) aumentar el monto de sus cuotas y los años de cotización, c) aumentar la edad de jubilación, para evitar la presión sobre el sistema, pues, temporalmente, no se incrementaría el número de jubilados; d) aumentar el rendimiento de las reservas, mediante inversiones más productivas, por ejemplo, en préstamos hipotecarios; y e) subsidiar el fondo de reserva mediante aportes del presupuesto nacional o entregándole a la Caja, como se ha sugerido, propiedades revertidas para su venta o alquiler. Tal vez puede haber otras fórmulas, pero éstas me parecen las más relevantes.
El aumento del número de cotizantes o el subsidio del fondo de reserva no son posibles. Depender del crecimiento del empleo no es realista como solución inmediata y subsidiar el fondo de reserva encontraría justificadas resistencias. Las alternativas de aumentar el monto y los años de cotización y la edad de jubilación han sido consideradas en la mesa de diálogo. Por su costo político y porque afectarían las expectativas de muchos miles de personas, que las rechazan, serían las más difíciles de tomar, pero en algún momento no muy lejano habrá que tomar una decisión sobre alguna o todas, de lo contrario, la situación seguirá agravándose sin posibilidad de reversión.
No sé si cuando se han considerado alternativas para aumentar el rendimiento de las reservas se ha pensado en devolverle a la Caja la facultad de hacer préstamos hipotecarios y, tampoco, si ha sido descartada. Creo que no debiera ser excluida de las opciones.
Si como registran los medios de comunicación la mesa de diálogo concluye sus labores, vendrá necesariamente la etapa de las decisiones políticas, por cuanto cualquiera sea el camino que se decida seguir, requerirá reformar el régimen legal de la Caja de Seguro Social. El debate está planteado y no será posible rehuirlo ni posponerlo. Pero debe ser abordado sin contaminaciones sectarias y desprovisto de demagogia, y en él deberán involucrarse quienes aspiran a dirigir los destinos nacionales, y más temprano que tarde.
La Caja de Seguro Social obtiene sus ingresos, principalmente, de los aportes de sus afiliados y, en grado muy ínfimo, de sus inversiones, sobretodo, después que se le quitó la facultad de hacer préstamos hipotecarios. Los ingresos se distribuyen para cubrir los costos de los servicios que presta en las áreas de salud y maternidad, riesgos profesionales y vejez y muerte, además de los gastos de administración, y para constituir las reservas.
La Caja está concebida para que sus ingresos cubran todos sus gastos presentes y también sus compromisos futuros. Las reservas, bien invertidas, deben generar ganancias suficientes para sostener, principalmente, el sistema de pensiones. La Caja, en otras palabras, debe ser una institución autosuficiente.
Independientemente de que si los servicios que la Caja presta mediante sus programas de salud, maternidad o de riesgos profesionales debieran mejorarse, en esas áreas la institución no enfrenta mayores problemas financieros. El problema está en el programa de vejez, de cuya sanidad financiera depende que las reservas generen suficientes ganancias para pagar a los actuales y futuros pensionados. Si las ganancias que produce no son suficientes para pagar las pensiones, entonces hay que “morder el capital” y es cuando se produce un déficit actuarial, que no es igual, y eso conviene recalcarlo, a un déficit corriente, que se produce cuando en un año fiscal los gastos son mayores que los ingresos.
En el programa de Pensiones ya existe un déficit actuarial que debe ser solucionado, pues de no corregirse oportunamente, eventualmente, haría colapsar el sistema. La reserva en un sistema de pensiones, en términos simples, opera como una cuenta de ahorros. Mientras su dueño sólo gaste los intereses el capital no disminuye, pero una vez comience a gastar parte de éste, inexorablemente, terminará sin intereses ni capital.
Si un sistema de pensiones comienza a gastar más de lo que producen las inversiones de su reserva, el colapso ocurrirá tarde o temprano, a menos que se revierta esa tendencia negativa. Para corregirla caben varias opciones: a) aumentar el número de cotizantes, b) aumentar el monto de sus cuotas y los años de cotización, c) aumentar la edad de jubilación, para evitar la presión sobre el sistema, pues, temporalmente, no se incrementaría el número de jubilados; d) aumentar el rendimiento de las reservas, mediante inversiones más productivas, por ejemplo, en préstamos hipotecarios; y e) subsidiar el fondo de reserva mediante aportes del presupuesto nacional o entregándole a la Caja, como se ha sugerido, propiedades revertidas para su venta o alquiler. Tal vez puede haber otras fórmulas, pero éstas me parecen las más relevantes.
El aumento del número de cotizantes o el subsidio del fondo de reserva no son posibles. Depender del crecimiento del empleo no es realista como solución inmediata y subsidiar el fondo de reserva encontraría justificadas resistencias. Las alternativas de aumentar el monto y los años de cotización y la edad de jubilación han sido consideradas en la mesa de diálogo. Por su costo político y porque afectarían las expectativas de muchos miles de personas, que las rechazan, serían las más difíciles de tomar, pero en algún momento no muy lejano habrá que tomar una decisión sobre alguna o todas, de lo contrario, la situación seguirá agravándose sin posibilidad de reversión.
No sé si cuando se han considerado alternativas para aumentar el rendimiento de las reservas se ha pensado en devolverle a la Caja la facultad de hacer préstamos hipotecarios y, tampoco, si ha sido descartada. Creo que no debiera ser excluida de las opciones.
Si como registran los medios de comunicación la mesa de diálogo concluye sus labores, vendrá necesariamente la etapa de las decisiones políticas, por cuanto cualquiera sea el camino que se decida seguir, requerirá reformar el régimen legal de la Caja de Seguro Social. El debate está planteado y no será posible rehuirlo ni posponerlo. Pero debe ser abordado sin contaminaciones sectarias y desprovisto de demagogia, y en él deberán involucrarse quienes aspiran a dirigir los destinos nacionales, y más temprano que tarde.
