La Caja de Seguro Social: Acciones prontas, pero responsables
Ala situación de la Caja de Seguro Social (CSS) he dedicado una buena cantidad de escritos durante los años que lleva esta conversación semanal con los lectores de El Panamá América. Y, al igual que en el tema de las reformas constitucionales, mis posiciones siempre han sido las mismas. Desde mis primeros escritos, siempre alerté contra los intentos, abiertos o solapados, de privatizar la CSS o alguno de sus programas, especialmente el de pensiones, tras del que andan, porque nunca han renunciado a echarle mano, un grupo de bellacos que promueve el espejismo de las jubilaciones individualizadas para reemplazar el sistema basado en el principio de solidaridad, que constituye la esencia de la seguridad social.
La seguridad social panameña se fundamenta en el principio de que los más ganan más aportan para que los que menos ganan puedan tener acceso a servicios que de otra manera no estarían en capacidad de pagar por sus menores ingresos. Si ese principio se abandona, caería la barrera que nos separa de la insensibilidad social. En otras palabras, equivaldría a que cada quién se defienda como pueda. No estaríamos muy lejos de volver a la Ley de la Selva.
La CSS, y especialmente su Programa de Pensiones, lo he afirmado muchas veces, no llegó a su actual estado crítico por deficiencias en su estructura financiera. Las jubilaciones especiales, indebidamente cargadas a la Caja, los incumplimientos del Estado, que nunca aportó el capital semilla del Fondo Complementario, que debía generar los recursos para cubrir la diferencia entre la jubilación base y el último salario de los servidores públicos que se retiraban con este beneficio. Estos factores, sumados a la morosidad de patronos inescrupulosos, que no pagaban las cuotas que les correspondían y tampoco las que descontaban a sus trabajadores, están en la base del problema que hoy enfrenta la institución.
Es cierto que el problema se veía venir hace ya bastante tiempo. Es cierto, también, que ya no puede seguirse posponiendo su solución. E, igualmente cierto que las medidas que deben adoptarse son conocidas; y que si no se han tomado, ha sido por falta de decisión para asumir el costo político que ellas implican. En el pasado se adoptaron algunas, pero no fueron suficientes. Y quienes las promovieron recuerdan el precio que pagaron, políticamente hablando.
Utilizando como ejemplo el programa de pensiones, la realidad demuestra que no bastó que se aumentaran dos años a la edad de jubilación y, tampoco, la eliminación de las jubilaciones especiales. Las medidas tienen que ser más profundas: O se aumentan la edad de retiro y los años de cotización, o se aumentan las cuotas, o se reduce el monto básico de las pensiones. Unas o todas estas medidas serán necesarias, según determinen los cálculos actuariales, que no son, contrario a lo que muchos piensan y promueven, ninguna ciencia esotérica.
Para que el sistema pueda funcionar con sanidad financiera, sus ingresos deben ser suficientes para constituir las reservas de capital y que los rendimientos de las mismas alcancen para pagar las obligaciones, representadas por las pensiones. Si los rendimientos, es decir, los intereses y rentas que generan, no alcanzan para cubrir las obligaciones, entonces, para pagar las pensiones hay que echar mano a las reservas que, a medida que disminuyen, producen menos rendimientos e irán decreciendo hasta que se agoten y el sistema colapse.
El cálculo actuarial sirve para determinar cuanto deben ser los ingresos necesarios para constituir y mantener las reservas que aseguren los rendimientos, intereses o rentas, que se utilizarán para pagar las pensiones. Y al estimarse los ingresos requeridos, cualesquiera que éstos sean, esos serán los que debemos aportar los contribuyentes al sistema mediante las cuotas cuyo monto se determinará, mediante una proyección matemática de factores como la edad de afiliación, los años de cotización necesarios para jubilarse y el tiempo estimado durante el cual el pensionado recibirá la pensión.
La situación actual es que los ingresos no permiten mantener las reservas al nivel necesario para que sus rendimientos alcancen para cubrir las obligaciones. En consecuencia, hay que tomar los correctivos para que el sistema sea autosuficiente. Esos correctivos, para ser realistas, deben comprender medidas, como las que mencioné, basadas en un acuerdo nacional responsable. Si nos enfrascamos en retaceos egoístas, nos motiva la mezquindad política o la demagogia, las posibilidades de implementarlas desaparecerá y todos pagaremos las consecuencias.
Para que el proceso pueda avanzar, el gobierno debe tomar la iniciativa y convocar a las fuerzas políticas y cívicas a un diálogo sereno y constructivo, donde se acuerden las medidas necesarias para salvar la CSS, con acciones prontas pero responsables. No queda mucho tiempo. Después de superado el tema de las reformas constitucionales, esa, en mi opinión, debe ser la prioridad del nuevo gobierno.
La seguridad social panameña se fundamenta en el principio de que los más ganan más aportan para que los que menos ganan puedan tener acceso a servicios que de otra manera no estarían en capacidad de pagar por sus menores ingresos. Si ese principio se abandona, caería la barrera que nos separa de la insensibilidad social. En otras palabras, equivaldría a que cada quién se defienda como pueda. No estaríamos muy lejos de volver a la Ley de la Selva.
La CSS, y especialmente su Programa de Pensiones, lo he afirmado muchas veces, no llegó a su actual estado crítico por deficiencias en su estructura financiera. Las jubilaciones especiales, indebidamente cargadas a la Caja, los incumplimientos del Estado, que nunca aportó el capital semilla del Fondo Complementario, que debía generar los recursos para cubrir la diferencia entre la jubilación base y el último salario de los servidores públicos que se retiraban con este beneficio. Estos factores, sumados a la morosidad de patronos inescrupulosos, que no pagaban las cuotas que les correspondían y tampoco las que descontaban a sus trabajadores, están en la base del problema que hoy enfrenta la institución.
Es cierto que el problema se veía venir hace ya bastante tiempo. Es cierto, también, que ya no puede seguirse posponiendo su solución. E, igualmente cierto que las medidas que deben adoptarse son conocidas; y que si no se han tomado, ha sido por falta de decisión para asumir el costo político que ellas implican. En el pasado se adoptaron algunas, pero no fueron suficientes. Y quienes las promovieron recuerdan el precio que pagaron, políticamente hablando.
Utilizando como ejemplo el programa de pensiones, la realidad demuestra que no bastó que se aumentaran dos años a la edad de jubilación y, tampoco, la eliminación de las jubilaciones especiales. Las medidas tienen que ser más profundas: O se aumentan la edad de retiro y los años de cotización, o se aumentan las cuotas, o se reduce el monto básico de las pensiones. Unas o todas estas medidas serán necesarias, según determinen los cálculos actuariales, que no son, contrario a lo que muchos piensan y promueven, ninguna ciencia esotérica.
Para que el sistema pueda funcionar con sanidad financiera, sus ingresos deben ser suficientes para constituir las reservas de capital y que los rendimientos de las mismas alcancen para pagar las obligaciones, representadas por las pensiones. Si los rendimientos, es decir, los intereses y rentas que generan, no alcanzan para cubrir las obligaciones, entonces, para pagar las pensiones hay que echar mano a las reservas que, a medida que disminuyen, producen menos rendimientos e irán decreciendo hasta que se agoten y el sistema colapse.
El cálculo actuarial sirve para determinar cuanto deben ser los ingresos necesarios para constituir y mantener las reservas que aseguren los rendimientos, intereses o rentas, que se utilizarán para pagar las pensiones. Y al estimarse los ingresos requeridos, cualesquiera que éstos sean, esos serán los que debemos aportar los contribuyentes al sistema mediante las cuotas cuyo monto se determinará, mediante una proyección matemática de factores como la edad de afiliación, los años de cotización necesarios para jubilarse y el tiempo estimado durante el cual el pensionado recibirá la pensión.
La situación actual es que los ingresos no permiten mantener las reservas al nivel necesario para que sus rendimientos alcancen para cubrir las obligaciones. En consecuencia, hay que tomar los correctivos para que el sistema sea autosuficiente. Esos correctivos, para ser realistas, deben comprender medidas, como las que mencioné, basadas en un acuerdo nacional responsable. Si nos enfrascamos en retaceos egoístas, nos motiva la mezquindad política o la demagogia, las posibilidades de implementarlas desaparecerá y todos pagaremos las consecuencias.
Para que el proceso pueda avanzar, el gobierno debe tomar la iniciativa y convocar a las fuerzas políticas y cívicas a un diálogo sereno y constructivo, donde se acuerden las medidas necesarias para salvar la CSS, con acciones prontas pero responsables. No queda mucho tiempo. Después de superado el tema de las reformas constitucionales, esa, en mi opinión, debe ser la prioridad del nuevo gobierno.
