La Caja del Seguro Social
Sus diferentes programas cubren a la mayoría de la población panameña. Por consiguiente, las soluciones a los problemas que confronta no pueden ni deben improvisarse, no importa cuán bien intencionados puedan estar sus promotores.
El pasado gobierno, de manera estúpida, estuvo a punto de provocar un caos nacional y hasta hizo peligrar su estabilidad cuando, sin realizar las más elementales consultas, trató de imponer “sus reformas” al Seguro Social. La presión popular lo hizo retroceder y abrir un debate que culminó con la aprobación de una nueva versión de la Ley Orgánica de la Caja que, supuestamente, resolvería sus principales problemas. No ha sido así. Nuevamente se habla de déficit, tanto operativo como actuarial, en los programas de pensiones, y la atención a los miles de usuarios que en ella buscan remedio para sus enfermedades nunca mejoró. Hubo mucho ruido pero pocas nueces.
El nuevo gobierno del presidente Martinelli, desde la campaña electoral, prometió resolver los problemas de la Caja. Y, para cumplir su anunciado y ratificado propósito, antes de que se llenaran las formalidades legales, para sorpresa de nadie, escogió al nuevo director. Como su designación era de antemano conocida, (seguro por Saez Llorens mucho antes de que su nombre se conociera) y, además, asumió el cargo el 1 de octubre, tres meses después que el resto del gobierno, esperábamos que sus primeras acciones produjeran efectos impactantes y perceptibles que, todavía, no apuntan por ninguna parte.
Pero sin que su administración tenga algún logro que acreditar, el nuevo director ha sorprendido con algunas propuestas que generan enormes dudas y preocupaciones sobre la efectividad de su gestión, como la creación de más de media docena de subdirecciones generales, incrustadas inmediatamente debajo de su despacho, cuya utilidad, funciones y altos salarios para nada ha justificado, o su provocadora iniciativa de “limitar el número de los beneficiarios.”
La Caja del Seguro Social debe reducir sus costos operativos. De eso no hay duda; pero empezar por la reducción de los beneficiarios es poner la carreta delante de los bueyes. La nueva administración debe primero demostrar su capacidad para resolver eficazmente aspectos como la recuperación de los millones que suma la morosidad de los patronos o la inversión de sus reservas con mayor productividad, amén de mejorar, para ayer, el sistema de citas, las moras quirúrgicas o la escasez de medicamentos, injustificable cuando, por otra parte, se pierden millones en medicinas caducadas.
“Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República” Así comienza el Artículo 109 de la Constitución. Y debe hacerlo mediante el “sistema público”, que administra el ministerio de Salud o mediante la “seguridad social”. En resumidas cuentas, quienes no son atendidos por la seguridad social deberán serlo por el sistema público. Por tanto, antes de siquiera pretender “descargar al Seguro Social de los beneficiarios” debe existir la capacidad, instalada y funcionando, del “sistema público” para absolverlos. ¿Habrá pensado el nuevo director lo que significaría “endosarle” al sistema público 50 ó 100 mil de los actuales beneficiarios de la Caja?
La improvisación en materia de seguridad social, que volvería a tener efectos desastrosos, especialmente en los sectores más necesitados, fue, además, y conviene que el nuevo gobierno no lo olvide, factor importante en la derrota del PRD.
