La Caja está en peligro
El SUNTRACS y CONUSI realizaron recientemente una serie de protestas contra el robo descarado de las cuotas de la Caja de Seguro Social por parte de un grupo de empresarios, que cuentan con el silencio cómplice de las autoridades. Estos capitalistas descuentan las cuotas, pero no las entregan a la Caja, es decir, se las roban, pero la ley no los persigue.
De acuerdo al exministro de Salud, Carlos Abadía, el monto total impago ascienda nada menos que a 60 millones de dólares, gran parte del cual es incobrable porque pertenece a empresas que ya dejaron de existir. Claro que es fácil saber quiénes son los ladrones, pero las leyes panameñas, hechas para proteger a la clase dominante, impide quitarles a estos empresarios las propiedades con la plata robada.
En vez de perseguir rateros de saco y corbata, se está preparando un golpe mayor contra la Caja de Seguro Social; la privatización. Cuando se habla de privatización algunos creen ingenuamente que se trata de privatizar los consultorios. No, a lo que le han puesto el ojo es a los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que suman unos 1,400 millones de dólares depositados en el Banco Nacional. Según ellos, los intereses allí son bajos, lo que "justificaría" trasladar parte de esos depósitos a bancos privados.
Los socialistas alertamos al movimiento obrero frente a la privatización de los fondos de la CSS, porque una vez que ellos pasen al sector privado no hay garantía de que no se pierdan (recordemos los 50 millones robados en BANAICO), ni siquiera de que se sostengan con mejores intereses. Lamentablemente parte de las jubilaciones ya fueron privatizadas, cuando el año pasado las jubilaciones especiales de algunos empleados públicos pasaron al sistema del SIACAP, como un sistema de ahorros manejado por empresas privadas.
Las medidas contra la CSS no acaban ahí, pues el FMI, apoyado en el informe actuarial de la OIT, ha propuesto un aumento de las cotizaciones a los trabajadores. Veamos lo que ha pasado en Chile, donde la dictadura sangrientas de Pinochet, debidamente asesorada por Estados Unidos, marcó el paso en cuanto a privatizaciones.
Respecto a las jubilaciones, desde 1981, ese país privatizó los fondos de pensiones, es decir, fueron entregados a financistas privados, llamados Administradores de Fondos de Pensiones (AFP). Así la burguesía chilena financió su crecimiento económico con la plata de los trabajadores, que fueron obligados a cotizar el 10 por ciento de sus sueldos al fondo de jubilación.
La mayor parte de la plata fue invertida en la Bolsa de Valores que, durante unos diez años experimentó gran estabilidad, lo que permitió pagar un rendimiento anual promedio de 10.4 por ciento. Pero durante los últimos cuatro años se inició la crisis financiera internacional y las acciones de la Bolsa chilena se desplomaron en un 30 por ciento, con lo cual el rendimiento promedio de las pensiones cayó por debajo del 5 por ciento (Fortune, 2/2/99).
No hay que ser un genio para darse cuenta que el futuro de las jubilaciones de los asalariados chilenos está en peligro, y que después de años de sostener con su cotizaciones la riqueza de los empresarios, corren el peligro de cobrar una miserable pensión. Ese es el peligro que amenaza también a los trabajadores panameños si se privatizan los fondos de la Caja de Seguro Social, como pretende el FMI y el Banco Mundial.
De acuerdo al exministro de Salud, Carlos Abadía, el monto total impago ascienda nada menos que a 60 millones de dólares, gran parte del cual es incobrable porque pertenece a empresas que ya dejaron de existir. Claro que es fácil saber quiénes son los ladrones, pero las leyes panameñas, hechas para proteger a la clase dominante, impide quitarles a estos empresarios las propiedades con la plata robada.
En vez de perseguir rateros de saco y corbata, se está preparando un golpe mayor contra la Caja de Seguro Social; la privatización. Cuando se habla de privatización algunos creen ingenuamente que se trata de privatizar los consultorios. No, a lo que le han puesto el ojo es a los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que suman unos 1,400 millones de dólares depositados en el Banco Nacional. Según ellos, los intereses allí son bajos, lo que "justificaría" trasladar parte de esos depósitos a bancos privados.
Los socialistas alertamos al movimiento obrero frente a la privatización de los fondos de la CSS, porque una vez que ellos pasen al sector privado no hay garantía de que no se pierdan (recordemos los 50 millones robados en BANAICO), ni siquiera de que se sostengan con mejores intereses. Lamentablemente parte de las jubilaciones ya fueron privatizadas, cuando el año pasado las jubilaciones especiales de algunos empleados públicos pasaron al sistema del SIACAP, como un sistema de ahorros manejado por empresas privadas.
Las medidas contra la CSS no acaban ahí, pues el FMI, apoyado en el informe actuarial de la OIT, ha propuesto un aumento de las cotizaciones a los trabajadores. Veamos lo que ha pasado en Chile, donde la dictadura sangrientas de Pinochet, debidamente asesorada por Estados Unidos, marcó el paso en cuanto a privatizaciones.
Respecto a las jubilaciones, desde 1981, ese país privatizó los fondos de pensiones, es decir, fueron entregados a financistas privados, llamados Administradores de Fondos de Pensiones (AFP). Así la burguesía chilena financió su crecimiento económico con la plata de los trabajadores, que fueron obligados a cotizar el 10 por ciento de sus sueldos al fondo de jubilación.
La mayor parte de la plata fue invertida en la Bolsa de Valores que, durante unos diez años experimentó gran estabilidad, lo que permitió pagar un rendimiento anual promedio de 10.4 por ciento. Pero durante los últimos cuatro años se inició la crisis financiera internacional y las acciones de la Bolsa chilena se desplomaron en un 30 por ciento, con lo cual el rendimiento promedio de las pensiones cayó por debajo del 5 por ciento (Fortune, 2/2/99).
No hay que ser un genio para darse cuenta que el futuro de las jubilaciones de los asalariados chilenos está en peligro, y que después de años de sostener con su cotizaciones la riqueza de los empresarios, corren el peligro de cobrar una miserable pensión. Ese es el peligro que amenaza también a los trabajadores panameños si se privatizan los fondos de la Caja de Seguro Social, como pretende el FMI y el Banco Mundial.
