La Carrera Administrativa
Todos los esfuerzos desplegados para otorgar a los funcionarios públicos panameños la estabilidad y protección en sus cargos mediante una ley de carrera administrativa se han desdibujado, por emplear una suave expresión, por las irregularidades detectadas en la administración anterior.
Se violaron, entre otros artículos de la ley No.9 de 1994, los pertinentes al procedimiento ordinario de ingreso a la carrera administrativa, porque, al parecer, la consigna de naturaleza política fue infiltrar unidades del PRD a cualquier precio, cuando faltaban pocos meses para que concluyera la administración Pérez Balladares y se actuaba con criterios antagónicos a la formación de funcionarios técnicos y apolíticos.
A la vista de las anomalías perpetradas, el actual gobierno debe cuidarse al máximo en no seguir el mismo camino, ya sea que se efectúen nombramientos bajo el marco de la carrera administrativa, ya se trate de separaciones de técnicos que, más allá de su filiación política, hayan demostrado idoneidad y competencia en el cargo. En materia de nombramientos administrativos de alto nivel tampoco debiera sobreponerse necesariamente la militancia partidaria a la experiencia profesional, ni la colaboración en la campaña electoral como un elemento superior al requisito de la competencia.
La separación de Fernando Manfredo, experimentado técnico en asuntos canaleros, no llena los requisitos de
objetividad evaluativa que deberían diferenciar una y otra administración gubernamental, sino que, por desgracia, las iguala. En cambio, la administración del canal brinda ejemplo de equilibrio al ratificar en su cargo al economista Ricaurte Vásquez, desentendiéndose de factores políticos. Por supuesto que los casos mencionados son muy distintos a los reclamados cambios en la cúpula de la ARI, la Autoridad Marítima y otros, que se basan en exigencias de confianza y transparencia administrativa. En cuanto a la CLICAC, el celo desplegado por el ingeniero Rafael Carles en la defensa de los consumidores mitiga las divergencias que puedan existir en torno a política arancelaria. En resumen, debemos desterrar de una vez por todas del escenario administrativo las separaciones de tinte político, como los nombramientos por favores, militancia o familiaridad. Panamá se merece una administración eficiente, estable y apolítica, que consolide la estructura estatal y erradique, gobierne quien gobierne, la plaga secular de la ineptitud y el compadrazgo politiquero.
Se violaron, entre otros artículos de la ley No.9 de 1994, los pertinentes al procedimiento ordinario de ingreso a la carrera administrativa, porque, al parecer, la consigna de naturaleza política fue infiltrar unidades del PRD a cualquier precio, cuando faltaban pocos meses para que concluyera la administración Pérez Balladares y se actuaba con criterios antagónicos a la formación de funcionarios técnicos y apolíticos.
A la vista de las anomalías perpetradas, el actual gobierno debe cuidarse al máximo en no seguir el mismo camino, ya sea que se efectúen nombramientos bajo el marco de la carrera administrativa, ya se trate de separaciones de técnicos que, más allá de su filiación política, hayan demostrado idoneidad y competencia en el cargo. En materia de nombramientos administrativos de alto nivel tampoco debiera sobreponerse necesariamente la militancia partidaria a la experiencia profesional, ni la colaboración en la campaña electoral como un elemento superior al requisito de la competencia.
La separación de Fernando Manfredo, experimentado técnico en asuntos canaleros, no llena los requisitos de
objetividad evaluativa que deberían diferenciar una y otra administración gubernamental, sino que, por desgracia, las iguala. En cambio, la administración del canal brinda ejemplo de equilibrio al ratificar en su cargo al economista Ricaurte Vásquez, desentendiéndose de factores políticos. Por supuesto que los casos mencionados son muy distintos a los reclamados cambios en la cúpula de la ARI, la Autoridad Marítima y otros, que se basan en exigencias de confianza y transparencia administrativa. En cuanto a la CLICAC, el celo desplegado por el ingeniero Rafael Carles en la defensa de los consumidores mitiga las divergencias que puedan existir en torno a política arancelaria. En resumen, debemos desterrar de una vez por todas del escenario administrativo las separaciones de tinte político, como los nombramientos por favores, militancia o familiaridad. Panamá se merece una administración eficiente, estable y apolítica, que consolide la estructura estatal y erradique, gobierne quien gobierne, la plaga secular de la ineptitud y el compadrazgo politiquero.
