La carrera administrativa como caja de votantes
No puede ser más obvia la verdadera intención de quien, como ave de rapiña, reconoce que el momento de llevar adelante un programa para congraciarse con el funcionariado es ahora cuando faltan seis meses, días menos días más, para las elecciones. Pero voy a recordarle a los lisonjeros de las oportunidades, algunos hechos que quizá ellos no quieran rememorar.
Muy recientes están aún los acontecimientos relacionados con el affaire de la Caja de Seguro Social (CSS), donde quedó patentizada la más abierta burla a la institucionalidad legal, que dio como resultado la remoción y el despido del Dr. Juan Jované, como su director. Quién habría de pensar que quienes, en un acto de manifiesta ilegalidad, podrían ahora presentarse al país como los más fieles suscritos a la Ley de Carrera Administrativa, cuando uno de los principios fundamentales de la misma se basa en el reconocimiento de los méritos, trayectoria, estudio y años de servicio.
Es conocido que, como consecuencia de aquel exabrupto, la nueva dirección de la CSS procedió al despido o envío de vacaciones de funcionarios de largos años de trabajo en la institución, desconociendo lo que establece y da sentido a la ejecución de la Carrera Administrativa.
No es que estemos en desacuerdo con la necesidad de normalizar y profesionalizar a cientos de miles de trabajadores estatales ni de la justicia de la Ley, que bien aplicada vendría a sacar de la zozobra y la incertidumbre a quienes en verdad lo merecen, por sus méritos y perfil profesional. Lo que nos parece de mayor torpeza política o pataleos de ahogado es tomar dicha necesidad y ofrecerla como señuelo o migaja, con la expectativa velada de ser favorecidos con el voto de los funcionarios. Es, por otro lado, un acto de crasa falta de respeto a la dignidad humana.
En ocasiones anteriores hemos escrito que la calidad y la eficiencia del trabajo corren aparejadas con la administración científica de los recursos humanos; y si esto es válido para la empresa privada, mucho más lo es para las instituciones públicas, dado que los servicios que se ofrecen a la comunidad panameña, desde salud y educación hasta los asistenciales, deben estar dotados de calidad y servidos por personas competentes, motivadas y respetadas. Pero la verdad es otra.
No olvidamos cómo en el amanecer del actual gobierno la fila de profesionales, científicos, técnicos y personal especializado recibió la nefasta carta de despido. Se produjo un bajón en el perfil de los servicios prestados en la medida en que se fueron a la calle cientos de años de conocimientos y experiencia. Mermó la calidad en aquel entonces, y aún dicho efecto sigue evidenciándose en los diferentes ministerios e instituciones.
El desequilibrio se magnificó cuando el personal nombrado, por el único mérito de haber pegado una papeleta o haber abanicado una banderita o por ser hermano, hermana o cuñada de un capo de alguno de los partidos en gobierno, quedó preso de la improvisación y al arbitrio de la voluntad política, sin ninguna o escasa capacitación.
El estratégico objetivo de una carrera administrativa, bien aplicado, es el de procurar para la administración pública los mejores recursos humanos del país, justo para buscar el más elevado desempeño posible y ofrecer a la comunidad el mejor perfil en cuanto a servicios y trato se refiere. Si ese fuere el propósito, la determinación de quienes califican para los cargos y de quienes permanecen en ellos, no debería estar en manos de ningún ministerio, sino de una entidad normalizadora, certificadora y formadora independiente, de modo que los recursos humanos que ingresen y permanezcan en el sistema público, lo hagan por sus méritos y demostrado desempeño. De otra forma, la carrera administrativa se convierte, como ahora el gobierno lo quiere hacer, en una especie de caja de votantes y no se terminará por alinear al servicio de los panameños y panameñas más preparados y motivados posible.
Es nuestro sentir que en esta era del conocimiento, de la información y de la innovación permanente, en que las empresas e instituciones estatales se conciben como espacios en aprendizaje permanente y en que el denominador común es el aseguramiento de la calidad, el Gobierno quiera improvisar un proceso que requiere de personal preparado, de un clima organizacional institucional favorable y de llevarlo a cabo en un momento no electoral como en el que nos encontramos. Me parece que las intenciones del gobierno son francamente reprochables y de muy mal gusto, incluso para quines se supone que dicha acción debe favorecer.
Muy recientes están aún los acontecimientos relacionados con el affaire de la Caja de Seguro Social (CSS), donde quedó patentizada la más abierta burla a la institucionalidad legal, que dio como resultado la remoción y el despido del Dr. Juan Jované, como su director. Quién habría de pensar que quienes, en un acto de manifiesta ilegalidad, podrían ahora presentarse al país como los más fieles suscritos a la Ley de Carrera Administrativa, cuando uno de los principios fundamentales de la misma se basa en el reconocimiento de los méritos, trayectoria, estudio y años de servicio.
Es conocido que, como consecuencia de aquel exabrupto, la nueva dirección de la CSS procedió al despido o envío de vacaciones de funcionarios de largos años de trabajo en la institución, desconociendo lo que establece y da sentido a la ejecución de la Carrera Administrativa.
No es que estemos en desacuerdo con la necesidad de normalizar y profesionalizar a cientos de miles de trabajadores estatales ni de la justicia de la Ley, que bien aplicada vendría a sacar de la zozobra y la incertidumbre a quienes en verdad lo merecen, por sus méritos y perfil profesional. Lo que nos parece de mayor torpeza política o pataleos de ahogado es tomar dicha necesidad y ofrecerla como señuelo o migaja, con la expectativa velada de ser favorecidos con el voto de los funcionarios. Es, por otro lado, un acto de crasa falta de respeto a la dignidad humana.
En ocasiones anteriores hemos escrito que la calidad y la eficiencia del trabajo corren aparejadas con la administración científica de los recursos humanos; y si esto es válido para la empresa privada, mucho más lo es para las instituciones públicas, dado que los servicios que se ofrecen a la comunidad panameña, desde salud y educación hasta los asistenciales, deben estar dotados de calidad y servidos por personas competentes, motivadas y respetadas. Pero la verdad es otra.
No olvidamos cómo en el amanecer del actual gobierno la fila de profesionales, científicos, técnicos y personal especializado recibió la nefasta carta de despido. Se produjo un bajón en el perfil de los servicios prestados en la medida en que se fueron a la calle cientos de años de conocimientos y experiencia. Mermó la calidad en aquel entonces, y aún dicho efecto sigue evidenciándose en los diferentes ministerios e instituciones.
El desequilibrio se magnificó cuando el personal nombrado, por el único mérito de haber pegado una papeleta o haber abanicado una banderita o por ser hermano, hermana o cuñada de un capo de alguno de los partidos en gobierno, quedó preso de la improvisación y al arbitrio de la voluntad política, sin ninguna o escasa capacitación.
El estratégico objetivo de una carrera administrativa, bien aplicado, es el de procurar para la administración pública los mejores recursos humanos del país, justo para buscar el más elevado desempeño posible y ofrecer a la comunidad el mejor perfil en cuanto a servicios y trato se refiere. Si ese fuere el propósito, la determinación de quienes califican para los cargos y de quienes permanecen en ellos, no debería estar en manos de ningún ministerio, sino de una entidad normalizadora, certificadora y formadora independiente, de modo que los recursos humanos que ingresen y permanezcan en el sistema público, lo hagan por sus méritos y demostrado desempeño. De otra forma, la carrera administrativa se convierte, como ahora el gobierno lo quiere hacer, en una especie de caja de votantes y no se terminará por alinear al servicio de los panameños y panameñas más preparados y motivados posible.
Es nuestro sentir que en esta era del conocimiento, de la información y de la innovación permanente, en que las empresas e instituciones estatales se conciben como espacios en aprendizaje permanente y en que el denominador común es el aseguramiento de la calidad, el Gobierno quiera improvisar un proceso que requiere de personal preparado, de un clima organizacional institucional favorable y de llevarlo a cabo en un momento no electoral como en el que nos encontramos. Me parece que las intenciones del gobierno son francamente reprochables y de muy mal gusto, incluso para quines se supone que dicha acción debe favorecer.
