La carrera administrativa y el dopaje que la invalida
"La Administración eficaz del gobierno depende de la selección de hombres y mujeres adecuados". Confucio
Cada vez que se da un cambio de gobierno salta al tapete la estabilidad de los funcionarios públicos y el régimen jurídico-civil que regula sus derechos y deberes. A saber usted cuántas veces se ha tocado el tema, desde 1941, cuando ya aparece como tal. (Constitución de 1941, Título XII, Derechos y Deberes de los servicios del Estado, Artículo 159).
La historia parece repetirse en una espiral de coincidencias, toda vez que fue el propio Dr. Arnulfo Arias quien institucionaliza el proceso de Carrera Administrativa y posteriormente el gobierno del Sr. Endara la convierte en Ley de la República. Hoy precisamente otra Administración Panameñista-Arnulfista le corresponderá revisar y subsanar los vicios, al cual ha sido objeto por el gobierno saliente.
No existen dudas que la Ley No.9 (De 20 de junio de 1994) "Por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa, ha llenado un vacío en materia de relaciones laborales del recurso humano, que opera en la burocracia administrativa gubernamental. Su esencia se enmarca en regular derechos y deberes y el establecimiento de un sistema de administración de Recursos Humanos, donde el crédito académico y la eficiencia son los requisitos para su ingreso y goce de su respaldo.
En base a lo antes expuesto, surgen múltiples interrogantes, acerca del mecanismo empleado para el ingreso de cientos de funcionarios públicos, al régimen de Carrera Administrativa, especialmente para aquellos que ingresaron en tiempos de campañas políticas, como lo fue el referéndum y la temporada -antes y después- de los comicios Presidenciales, Legislativos y Municipales de Mayo próximo pasado. Se rumora en algunos casos, el clientelismo político y la compra de consciencia. Todas estas dudas despiertan en la opinión pública un sentimiento que prostituye la Ley, a tal punto que ya se habla como un hecho, la revisión de los expedientes y todo lo relacionado con la materia de evaluación.
En lo personal mantengo un criterio, que me obliga a pensar que en esa Carrera Administrativa, no están todos los que son, ni son todos los que están. El alto índice de mediocridad que redunda en la prestación de un servicio público deficiente, aunado a una incontrolable indisciplina laboral que se manifiesta en una holgazanería y corrupción institucional, son algunas de las irregularidades que me hacen adoptar esta posición. Esta situación deja mal parados, aquellos funcionarios -del pasado y actual gobierno- honestos y laboriosos que justifican su salario, con el cumplimiento de sus funciones y horario laboral.
Desafortunadamente pagarán justos por pecadores, al no existir un organismo gremial con autoridad moral y alejado de intereses político- partidista que salga a enfrentar una situación, que tiende a agravarse, en la medida que el gobierno logre el control pleno de las Instituciones públicas, especialmente la Dirección General de Carrera Administrativa. Muy por lo contrario podría tener una cacería de bruja de darse, como ya es tradición en este país, para tiempo de cambios de gobierno.
Un régimen de Carrera Administrativa, con los debidos controles para su ingreso, es saludable para la Administración pública de un país que se perfila con buenos pasos. Para ello se requerirá de mejores funcionarios públicos, comprometidos con el místico apostolado de servir al país y no servirse de él. Recuerden que esta carrera debe ser limpia y sin dopaje, de lo contrario nos descalificarán a todos por igual.
Cada vez que se da un cambio de gobierno salta al tapete la estabilidad de los funcionarios públicos y el régimen jurídico-civil que regula sus derechos y deberes. A saber usted cuántas veces se ha tocado el tema, desde 1941, cuando ya aparece como tal. (Constitución de 1941, Título XII, Derechos y Deberes de los servicios del Estado, Artículo 159).
La historia parece repetirse en una espiral de coincidencias, toda vez que fue el propio Dr. Arnulfo Arias quien institucionaliza el proceso de Carrera Administrativa y posteriormente el gobierno del Sr. Endara la convierte en Ley de la República. Hoy precisamente otra Administración Panameñista-Arnulfista le corresponderá revisar y subsanar los vicios, al cual ha sido objeto por el gobierno saliente.
No existen dudas que la Ley No.9 (De 20 de junio de 1994) "Por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa, ha llenado un vacío en materia de relaciones laborales del recurso humano, que opera en la burocracia administrativa gubernamental. Su esencia se enmarca en regular derechos y deberes y el establecimiento de un sistema de administración de Recursos Humanos, donde el crédito académico y la eficiencia son los requisitos para su ingreso y goce de su respaldo.
En base a lo antes expuesto, surgen múltiples interrogantes, acerca del mecanismo empleado para el ingreso de cientos de funcionarios públicos, al régimen de Carrera Administrativa, especialmente para aquellos que ingresaron en tiempos de campañas políticas, como lo fue el referéndum y la temporada -antes y después- de los comicios Presidenciales, Legislativos y Municipales de Mayo próximo pasado. Se rumora en algunos casos, el clientelismo político y la compra de consciencia. Todas estas dudas despiertan en la opinión pública un sentimiento que prostituye la Ley, a tal punto que ya se habla como un hecho, la revisión de los expedientes y todo lo relacionado con la materia de evaluación.
En lo personal mantengo un criterio, que me obliga a pensar que en esa Carrera Administrativa, no están todos los que son, ni son todos los que están. El alto índice de mediocridad que redunda en la prestación de un servicio público deficiente, aunado a una incontrolable indisciplina laboral que se manifiesta en una holgazanería y corrupción institucional, son algunas de las irregularidades que me hacen adoptar esta posición. Esta situación deja mal parados, aquellos funcionarios -del pasado y actual gobierno- honestos y laboriosos que justifican su salario, con el cumplimiento de sus funciones y horario laboral.
Desafortunadamente pagarán justos por pecadores, al no existir un organismo gremial con autoridad moral y alejado de intereses político- partidista que salga a enfrentar una situación, que tiende a agravarse, en la medida que el gobierno logre el control pleno de las Instituciones públicas, especialmente la Dirección General de Carrera Administrativa. Muy por lo contrario podría tener una cacería de bruja de darse, como ya es tradición en este país, para tiempo de cambios de gobierno.
Un régimen de Carrera Administrativa, con los debidos controles para su ingreso, es saludable para la Administración pública de un país que se perfila con buenos pasos. Para ello se requerirá de mejores funcionarios públicos, comprometidos con el místico apostolado de servir al país y no servirse de él. Recuerden que esta carrera debe ser limpia y sin dopaje, de lo contrario nos descalificarán a todos por igual.
