La Comisión del Canal, la ARI, y 14 familias
Cuando veo una injusticia, sufro. Mi mente se rebela y mi corazón se hace pedazos. Tratar con lo bueno y lo malo es fácil algunas veces, otras muy difícil, pero lidiar con la injusticia es acercarnos a destruir todo lo que Dios creó, y esto, es irresistible. De ahí este artículo.
Hay 14 residencias en Margarita, Colón, que aún no han sido revertidas. La ARI los ha tratado como parias, y la Comisión del Canal, de cuya institución existe una relación laboral no les ha dado su apoyo. Entre esas catorce familias hay ocho jubilados, dos que se jubilarán en diciembre de 1999, y dos accidentados trabajando con la Comisión del Canal de Panamá. Casi todos trabajaron en el Canal de Panamá por 25 años; algunos hasta 30, y aunque es cierto que recibieron buenos salarios, también es cierto que sus turnos y sueldos eran de "Silver Roll" por muchos años. Debo decir lo mismo de su trato, que a mi manera de ver sigue igual para ese grupo, aunque entre ellos hay una pareja de gringos con hijos panameños.
Las familias que menciono vienen luchando por un avalúo justo de la propiedad que han habitado por largo tiempo. Tres avalúos se han hecho y refrendado por autoridades competentes. Se ha venido negociando hasta que en 1997 se acordó que un duplex, por poner un ejemplo, podría adquirirse por $42.338.55. Suma razonable, que hoy se quiere subir a $69 mil dólares, un costo macro-injusto, con un terreno calculado a $35.00 por metro cuadrado, sin considerar los deméritos y ajustes necesarios. Lo sé porque yo viví por 20 años en Nuevo Cristóbal, primera área revertida, y de un patio a otro habían instalaciones de desagües, aguas negras, etc. Aún así, las propiedades fueron vendidas a precios justos y saludables, sin intermediarios, ni tanta técnica.
Por criterio social, el Toro rebajó 15% de su costo a otros residentes que no tenían que ver nada con la Comisión del Canal. Posiblemente pensó que esta última solicitaría algo igual a su gente, pero estuvo equivocado. El 29 de noviembre de 1999, James E. Ferrara, Director Ejecutivo de la Administración del Canal de Panamá, envió una circular a las 14 familias, donde sin consideración alguna y en tono deshumanizado les indicó que si para el 6 de diciembre de 1999 esos residentes no han hecho el abono inicial, tendrían que salir de esas residencias el 7 de diciembre de 1999. Hay amenaza, además; pues si las familias no actuaban, la Comisión del Canal tomaría los pasos necesarios para que se le descontinuaran todos los servicios como agua, luz, etc.
El 3 de diciembre, 1999, las 14 familias recibieron otra circular que envía Joseph W. Comelison, sub-administrador, en tono un poco distinto, pero con el mismo fin. Les advierte que el paquete pasará a la oficina de transición administrativa el 31 de diciembre 1999 y que después del 31 de enero del año 2000 se les cobrará renta comercial deducible de cualquier cantidad acumulada por retiro de la empresa. Las 14 familias no han hecho, ni harán, el depósito inicial del 10% del precio de venta porque sienten, con justificadas razón, que se les quiere cobrar casi 40% más que similares propiedades vendidas.
El grupo se ha motivado por todos lados, empezando por la comisión adecuada en la Asamblea Legislativa, con la ARI, con la Comisión del Canal de Panamá, etc. El 25 de noviembre de 1999, la Gobernadora de Colón envió una concienzuda carta al ingeniero Juliao, Ministro de Economía y Finanzas donde, con lujo de detalles, explica por qué este grupo ha sido tratado discriminatoriamente y yo espero que con la misma buena fe, y la misma voluntad de servir de la señora Gobernadora, el ministro Juliao responda como si fuera un SOS. Nos transfieren el Canal este mes y la ARI lo quiere celebrar desalojando a 14 familias. ¡Cuánta injusticia, Dios de todos!
Hay 14 residencias en Margarita, Colón, que aún no han sido revertidas. La ARI los ha tratado como parias, y la Comisión del Canal, de cuya institución existe una relación laboral no les ha dado su apoyo. Entre esas catorce familias hay ocho jubilados, dos que se jubilarán en diciembre de 1999, y dos accidentados trabajando con la Comisión del Canal de Panamá. Casi todos trabajaron en el Canal de Panamá por 25 años; algunos hasta 30, y aunque es cierto que recibieron buenos salarios, también es cierto que sus turnos y sueldos eran de "Silver Roll" por muchos años. Debo decir lo mismo de su trato, que a mi manera de ver sigue igual para ese grupo, aunque entre ellos hay una pareja de gringos con hijos panameños.
Las familias que menciono vienen luchando por un avalúo justo de la propiedad que han habitado por largo tiempo. Tres avalúos se han hecho y refrendado por autoridades competentes. Se ha venido negociando hasta que en 1997 se acordó que un duplex, por poner un ejemplo, podría adquirirse por $42.338.55. Suma razonable, que hoy se quiere subir a $69 mil dólares, un costo macro-injusto, con un terreno calculado a $35.00 por metro cuadrado, sin considerar los deméritos y ajustes necesarios. Lo sé porque yo viví por 20 años en Nuevo Cristóbal, primera área revertida, y de un patio a otro habían instalaciones de desagües, aguas negras, etc. Aún así, las propiedades fueron vendidas a precios justos y saludables, sin intermediarios, ni tanta técnica.
Por criterio social, el Toro rebajó 15% de su costo a otros residentes que no tenían que ver nada con la Comisión del Canal. Posiblemente pensó que esta última solicitaría algo igual a su gente, pero estuvo equivocado. El 29 de noviembre de 1999, James E. Ferrara, Director Ejecutivo de la Administración del Canal de Panamá, envió una circular a las 14 familias, donde sin consideración alguna y en tono deshumanizado les indicó que si para el 6 de diciembre de 1999 esos residentes no han hecho el abono inicial, tendrían que salir de esas residencias el 7 de diciembre de 1999. Hay amenaza, además; pues si las familias no actuaban, la Comisión del Canal tomaría los pasos necesarios para que se le descontinuaran todos los servicios como agua, luz, etc.
El 3 de diciembre, 1999, las 14 familias recibieron otra circular que envía Joseph W. Comelison, sub-administrador, en tono un poco distinto, pero con el mismo fin. Les advierte que el paquete pasará a la oficina de transición administrativa el 31 de diciembre 1999 y que después del 31 de enero del año 2000 se les cobrará renta comercial deducible de cualquier cantidad acumulada por retiro de la empresa. Las 14 familias no han hecho, ni harán, el depósito inicial del 10% del precio de venta porque sienten, con justificadas razón, que se les quiere cobrar casi 40% más que similares propiedades vendidas.
El grupo se ha motivado por todos lados, empezando por la comisión adecuada en la Asamblea Legislativa, con la ARI, con la Comisión del Canal de Panamá, etc. El 25 de noviembre de 1999, la Gobernadora de Colón envió una concienzuda carta al ingeniero Juliao, Ministro de Economía y Finanzas donde, con lujo de detalles, explica por qué este grupo ha sido tratado discriminatoriamente y yo espero que con la misma buena fe, y la misma voluntad de servir de la señora Gobernadora, el ministro Juliao responda como si fuera un SOS. Nos transfieren el Canal este mes y la ARI lo quiere celebrar desalojando a 14 familias. ¡Cuánta injusticia, Dios de todos!
