La constituyente
Panamá pasó de un gobierno militar a una democracia participativa, sin embargo, se empeña, por voluntad de una minoría, en mantener una Constitución desfasada que fue concebida para sustentar gobiernos autocráticos.
Cometen un yerro, que raya en la ignorancia supina, quienes afirman que una asamblea constituyente vulnera la Constitución actual. La constituyente es un instituto autónomo que al ser elegido por el pueblo debe adoptar el nuevo marco jurídico constitucional. En consecuencia, si el pueblo es el soberano el poder público sólo emana del mismo. Es por ello, que los actos de convocatoria a una asamblea constituyente no pueden ser susceptibles de calificación constitucional. En pocas palabras, no tiene asidero jurídico ni conceptual el demandar de inconstitucional, ante la Corte Suprema de Justicia, la convocatoria a una asamblea constituyente o un plebiscito para consultarle tal fin, pues todos los poderes nacen del pueblo y nadie, incluyendo la Constitución, puede estar por encima de esa voluntad soberana.
Históricamente, nuestro país ha tenido dos asambleas constituyentes, la de 1904 y la de 1946. En el hemisferio abundan los ejemplos de constituyentes que dieron paso a gobiernos democráticos, siendo significativos los esfuerzos de Colombia (1991), Honduras (1981), Guatemala (1985), Perú (1979) y El Salvador (1983). Recientemente, Venezuela se dirige hacia la constituyente como vía de actualizar sus instituciones democráticas. En fin, las asambleas constituyentes, como genuina representación popular, logran cristalizar la unificación de las voluntades políticas para llegar a ese gran entendimiento nacional que todos queremos.
En las elecciones generales recién pasadas, todos los candidatos presidenciales expresaron su compromiso de producir una nueva Constitución, de allí que no son valederos los argumentos estériles para sustentar ahora lo contrario.
Desde 1990 venimos clamando junto a insignes panameños como: Italo Antinori Bolaños, Víctor Méndez Fábrega, Manuel García Almengor, Diógenes Arosemena, Rafael Rodríguez, Alberto Quirós Guardia, Rubén Darío Carles, Jorge Gamboa, Miguel Antonio Bernal y otros, por una asamblea constituyente que promueva cambios en los tres órganos de poder como lo son: el|Ejecutivo, Judicial y Legislativo. El Legislativo no puede reformarse a sí mismo, por ello es imposible y romántico pensar en los mecanismos actuales de reforma previstos en la Constitución vigente. El Judicial por su lado, es objeto de injerencias aviesas del Ejecutivo, denunciadas por sus integrantes.
En 1992 el gobierno de Guillermo Endara y más reciente en 1998 el de Ernesto Pérez Balladares intentaron, infructuosamente, añadir parches constitucionales que el pueblo rechazó. En 1992, siendo el P.R.D. de oposición, se opuso a reformas parciales a la Constitución, sosteniendo públicamente su Secretario General, Ernesto Pérez Balladares, que había que producir una asamblea constituyente que reformara integralmente la Carta Fundamental. Desgraciadamente, en el trópico los políticos no son consecuentes con sus discursos o mensajes políticos.
Vale la pena recordar que en 1983 la Guardia Nacional junto con el P.R.D. y los grupos de oposición, salvo dos excepciones, reformaron parcialmente la Constitución sin respetar la cláusula de reforma que exigía que fuera, únicamente, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos quien podía hacerlo. Fueron entre otros miembros de esa Comisión :Jorge Fábrega (Presidente), Campo Elías Muñoz, Oydén Ortega, Hirisnel Sucre, Emeterio Miller, Fernando Manfredo, Carlos Enrique Landau y José A. Sossa.
Posteriormente se convocó a referéndum para su aprobación señalando la Corte Suprema de la época que el Consejo de Gabinete se apoyó en el principio constitucional de que el poder público sólo emana del pueblo, al contestar acción de inconstitucionalidad promovida por tres abogados.
La presidenta electa de Panamá, Mireya Moscoso, tiene un mandato abrumador del pueblo y debe impulsar la asamblea constituyente. Para ello, no necesita utilizar los actuales mecanismos de reforma. Basta un plebiscito para consultarle al pueblo si quiere la constituyente. Sabemos que por absoluta mayoría la consulta será un éxito, dejando así un Estado moderno que supo, al inicio del nuevo siglo, asumir su responsabilidad de renovar sus viejas y obsoletas instituciones políticas de gobierno.
Ojalá, la presidenta electa insista en cumplir su promesa de la asamblea constituyente, siendo respaldada por el Colegio Nacional de
Cometen un yerro, que raya en la ignorancia supina, quienes afirman que una asamblea constituyente vulnera la Constitución actual. La constituyente es un instituto autónomo que al ser elegido por el pueblo debe adoptar el nuevo marco jurídico constitucional. En consecuencia, si el pueblo es el soberano el poder público sólo emana del mismo. Es por ello, que los actos de convocatoria a una asamblea constituyente no pueden ser susceptibles de calificación constitucional. En pocas palabras, no tiene asidero jurídico ni conceptual el demandar de inconstitucional, ante la Corte Suprema de Justicia, la convocatoria a una asamblea constituyente o un plebiscito para consultarle tal fin, pues todos los poderes nacen del pueblo y nadie, incluyendo la Constitución, puede estar por encima de esa voluntad soberana.
Históricamente, nuestro país ha tenido dos asambleas constituyentes, la de 1904 y la de 1946. En el hemisferio abundan los ejemplos de constituyentes que dieron paso a gobiernos democráticos, siendo significativos los esfuerzos de Colombia (1991), Honduras (1981), Guatemala (1985), Perú (1979) y El Salvador (1983). Recientemente, Venezuela se dirige hacia la constituyente como vía de actualizar sus instituciones democráticas. En fin, las asambleas constituyentes, como genuina representación popular, logran cristalizar la unificación de las voluntades políticas para llegar a ese gran entendimiento nacional que todos queremos.
En las elecciones generales recién pasadas, todos los candidatos presidenciales expresaron su compromiso de producir una nueva Constitución, de allí que no son valederos los argumentos estériles para sustentar ahora lo contrario.
Desde 1990 venimos clamando junto a insignes panameños como: Italo Antinori Bolaños, Víctor Méndez Fábrega, Manuel García Almengor, Diógenes Arosemena, Rafael Rodríguez, Alberto Quirós Guardia, Rubén Darío Carles, Jorge Gamboa, Miguel Antonio Bernal y otros, por una asamblea constituyente que promueva cambios en los tres órganos de poder como lo son: el|Ejecutivo, Judicial y Legislativo. El Legislativo no puede reformarse a sí mismo, por ello es imposible y romántico pensar en los mecanismos actuales de reforma previstos en la Constitución vigente. El Judicial por su lado, es objeto de injerencias aviesas del Ejecutivo, denunciadas por sus integrantes.
En 1992 el gobierno de Guillermo Endara y más reciente en 1998 el de Ernesto Pérez Balladares intentaron, infructuosamente, añadir parches constitucionales que el pueblo rechazó. En 1992, siendo el P.R.D. de oposición, se opuso a reformas parciales a la Constitución, sosteniendo públicamente su Secretario General, Ernesto Pérez Balladares, que había que producir una asamblea constituyente que reformara integralmente la Carta Fundamental. Desgraciadamente, en el trópico los políticos no son consecuentes con sus discursos o mensajes políticos.
Vale la pena recordar que en 1983 la Guardia Nacional junto con el P.R.D. y los grupos de oposición, salvo dos excepciones, reformaron parcialmente la Constitución sin respetar la cláusula de reforma que exigía que fuera, únicamente, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos quien podía hacerlo. Fueron entre otros miembros de esa Comisión :Jorge Fábrega (Presidente), Campo Elías Muñoz, Oydén Ortega, Hirisnel Sucre, Emeterio Miller, Fernando Manfredo, Carlos Enrique Landau y José A. Sossa.
Posteriormente se convocó a referéndum para su aprobación señalando la Corte Suprema de la época que el Consejo de Gabinete se apoyó en el principio constitucional de que el poder público sólo emana del pueblo, al contestar acción de inconstitucionalidad promovida por tres abogados.
La presidenta electa de Panamá, Mireya Moscoso, tiene un mandato abrumador del pueblo y debe impulsar la asamblea constituyente. Para ello, no necesita utilizar los actuales mecanismos de reforma. Basta un plebiscito para consultarle al pueblo si quiere la constituyente. Sabemos que por absoluta mayoría la consulta será un éxito, dejando así un Estado moderno que supo, al inicio del nuevo siglo, asumir su responsabilidad de renovar sus viejas y obsoletas instituciones políticas de gobierno.
Ojalá, la presidenta electa insista en cumplir su promesa de la asamblea constituyente, siendo respaldada por el Colegio Nacional de
