La Constituyente : Un proyecto democrático necesario
No podemos aceptar la manipulación del tema relacionado a la Constituyente. En el seno del pueblo ha quedado la impresión, de que se trató de una especie de mascarón de proa, que se usó para enfrentar el hecho de que la oposición eventualmente pudiera haberse alzado con el control del "rgano Legislativo. Discrepamos y criticamos esa posición, ya que para los que realmente creemos en la democracia, la Constituyente es un proyecto ineludible para perfeccionar y afianzar el sistema democrático panameño.
En reiteradas ocasiones he venido señalando, que las superestructuras jurídico - políticas panameñas, han perdido consistencia y coherencia, lo que se traduce en una institucionalidad con una precaria cuota de legitimidad social, lo que las hace poco confiables. Es evidente entonces, que la recomposición de todo el sistema jurídico político actual, pasa necesariamente por revisar integralmente toda la Constitución. Desde hace va- rios años, venimos observando cómo el orden jurídico constitucional vigente ya no es garantía de un funcionamiento armónico y coherente de las relaciones entre el Estado, la comunidad y la sociedad civil. Estamos bajo merced de un relativismo jurídico, que da lugar a espacios para todo tipo de prácticas, que están terminando por minar la frágil institucionalidad existente (el concepto de relativismo jurídico, lo usamos en el sentido, que ya no es el mismo, cuando aquellas se crearon) ; fenómeno este peligroso, ya que pudiera inaugurar un periodo político, caracterizado por agudas contradicciones, que sabemos donde empiezan, pero no, donde terminan.
Dice un refrán, "que no hay peor ciego, que el que no quiera ver". Nuestra clase política está padeciendo de este síndrome. No logra captar y menos entender, que la sociedad demanda nuevos correlatos institucionales. La actual Constitución es un adefesio jurídico, ya que las relaciones y las correlaciones que la concibieron, guardaban correspondencia con el régimen de excepción de la década de los setenta y ochenta. Aquellas apuntaban siempre hacia una concentración de poder. Vivimos una época diferente que se caracteriza por la búsqueda incesante de formas que potencien a la sociedad civil, como un factor importante de gobernabilidad, en tanto que pareciera ser la única manera de recomponer el carácter elitista, sectario y mercantilista del Estado de hoy.
Dentro de este contexto, hay que revisar todo lo relativo a la administración de justicia, el régimen electoral y parlamentario y también debatir la conveniencia o no de conti- nuar con un sistema excesivamente concentrador de poderes como lo es el presidencialista.
Porfirio Muñoz, candidato a la presidencia de México, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, señala que: "El presidencialismo es el vértice de lo que un gran sociólogo francés ha llamado la "pirámide de los cacicazgos". El presidencialismo en América Latina ha generado gobiernos populistas de derecha, intereses mezquinos y grupales, para elevarse como un proyecto democrático necesario. No se trata de imitar al pueblo venezolano como han sostenido algunos adversarios de la idea de convocar al pueblo para que se dote de nuevas relaciones institucionales, sino de hacer conciencia, que nuestra cons-titución ha devenido en un muro de contención para la democracia. No podemos vivir bajo un régimen jurídico que no garantiza coherencia ni estabilidad, ni tampoco, dentro de un régimen político, que no concibe a la sociedad civil, como fuerza motriz capaz de perfeccionar la democracia.
En reiteradas ocasiones he venido señalando, que las superestructuras jurídico - políticas panameñas, han perdido consistencia y coherencia, lo que se traduce en una institucionalidad con una precaria cuota de legitimidad social, lo que las hace poco confiables. Es evidente entonces, que la recomposición de todo el sistema jurídico político actual, pasa necesariamente por revisar integralmente toda la Constitución. Desde hace va- rios años, venimos observando cómo el orden jurídico constitucional vigente ya no es garantía de un funcionamiento armónico y coherente de las relaciones entre el Estado, la comunidad y la sociedad civil. Estamos bajo merced de un relativismo jurídico, que da lugar a espacios para todo tipo de prácticas, que están terminando por minar la frágil institucionalidad existente (el concepto de relativismo jurídico, lo usamos en el sentido, que ya no es el mismo, cuando aquellas se crearon) ; fenómeno este peligroso, ya que pudiera inaugurar un periodo político, caracterizado por agudas contradicciones, que sabemos donde empiezan, pero no, donde terminan.
Dice un refrán, "que no hay peor ciego, que el que no quiera ver". Nuestra clase política está padeciendo de este síndrome. No logra captar y menos entender, que la sociedad demanda nuevos correlatos institucionales. La actual Constitución es un adefesio jurídico, ya que las relaciones y las correlaciones que la concibieron, guardaban correspondencia con el régimen de excepción de la década de los setenta y ochenta. Aquellas apuntaban siempre hacia una concentración de poder. Vivimos una época diferente que se caracteriza por la búsqueda incesante de formas que potencien a la sociedad civil, como un factor importante de gobernabilidad, en tanto que pareciera ser la única manera de recomponer el carácter elitista, sectario y mercantilista del Estado de hoy.
Dentro de este contexto, hay que revisar todo lo relativo a la administración de justicia, el régimen electoral y parlamentario y también debatir la conveniencia o no de conti- nuar con un sistema excesivamente concentrador de poderes como lo es el presidencialista.
Porfirio Muñoz, candidato a la presidencia de México, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, señala que: "El presidencialismo es el vértice de lo que un gran sociólogo francés ha llamado la "pirámide de los cacicazgos". El presidencialismo en América Latina ha generado gobiernos populistas de derecha, intereses mezquinos y grupales, para elevarse como un proyecto democrático necesario. No se trata de imitar al pueblo venezolano como han sostenido algunos adversarios de la idea de convocar al pueblo para que se dote de nuevas relaciones institucionales, sino de hacer conciencia, que nuestra cons-titución ha devenido en un muro de contención para la democracia. No podemos vivir bajo un régimen jurídico que no garantiza coherencia ni estabilidad, ni tampoco, dentro de un régimen político, que no concibe a la sociedad civil, como fuerza motriz capaz de perfeccionar la democracia.
