La Constituyente y el país que queremos
El 11 de diciembre de 2001, en el artículo que publiqué en este diario: "Constituyente ahora o nunca", señalé que, "Hace algún tiempo manifestamos que de permanecer con la misma Constitución preparada por testaferros de la dictadura y emperchada por ilusos, tendríamos, regularmente, todo tipo de problemas con categoría de crisis nacional, y el tiempo así no los sigue demostrando". A casi dos años, debo dar gracias a Dios que muchos de los que entonces atacaron los argumentos de quienes durante largo tiempo planteamos la necesidad de una nueva Constitución Política para poder desarrollar la democracia que queremos, han aceptado que es el camino adecuado; no para resolver todos los problemas del país, pero sí es el marco conceptual dentro del cual gobernantes y gobernados debemos actuar para desarrollar un sistema democrático con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible en beneficio, sobre todo, de las grandes mayorías nacionales.
Sin embargo, creo necesario advertir a la ciudadanía sobre las actuaciones y los planteamientos de quienes ahora tratan de convertirse en pescadores de río revuelto, aprovechando el momento histórico de frente al torneo electoral, en el cual ya estamos inmersos.
Hay aspectos que hoy los enemigos de la democracia pretenden encubrir o disfrazar, situaciones que nunca debemos olvidar como el hecho de que la actual Constitución de 1972 nació en las entrañas de los cuarteles para darle aspecto democrático a una dictadura y sus posteriores reformas, aún la de 1983, vigiladas también desde los cuarteles, en momentos en que no soportaban las presiones políticas y cuando daban por descontada la derrota que sufrirían al año siguiente en las elecciones, en las cuales tuvieron que recurrir al fraude electoral para arrebatarle el gobierno, una vez más, a las fuerzas democráticas.
Hay también lobos con piel de oveja que tratan de engañar al pueblo sosteniendo que de no reformarse la actual Constitución, de acuerdo a lo establecido en su artículo 308, y sustentando que se incluirá un tercer método de reforma mediante la Constituyente, se estaría violando el actual orden constitucional. Falso. Tienen que entender lo afirmado por el sacerdote Néstor Jaén: "En la actualidad, la cámara legislativa se encuentra en el sótano de la credibilidad y muchos de los cambios que se requieren poner en marcha incluyen a ese Organo estatal¨. Y agrego yo, Organo que es símbolo de la crisis institucional que vive el país.
Los panameños no podemos permitir, bajo ningún concepto, que al hablar de una convocatoria a una Asamblea Constituyente se nos mencione una fórmula que pueda sugerir que la Asamblea Legislativa tenga algún tipo de injerencia en el proyecto.
Una Asamblea Constituyente, cuyos miembros sean escogidos de todos los sectores de la sociedad panameña, convocada por el próximo presidente que resulte ungido con el voto en las elecciones populares de mayo de 2004, debe producir una verdadera reforma de las instituciones del Estado panameño para que tengamos garantía de una seguridad jurídica, aumentando los requisitos académicos y morales, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que los mismos sean postulados por distintas fuentes y no sólo por el Ejecutivo, estableciéndose además una verdadera carrera judicial. Una reforma del Estado que establezca un número fijo y no creciente de legisladores y que el Legislativo no pase de 50 miembros verdaderamente representativos de la población nacional, con funciones exclusivas de producir leyes para el desarrollo del país y a los que no se les permita, expresamente, el manejo de ningún tipo de partida del presupuesto nacional. Una reforma del Estado que permita el principio de la libre postulación para todos los cargos de elección popular. Una reforma del Estado que exija un porcentaje mínimo de los votos del electorado para escoger al presidente de la República, de manera que no tengamos presidentes de minorías. Una reforma del Estado que no permita la revocatoria del mandato. Los legisladores, una vez elegidos, deben representar a toda la nación y deben votar conforme a su conciencia y teniendo en cuenta los mejores intereses de las grandes mayorías nacionales. Una reforma del Estado que no consagre la impunidad disfrazada de inmunidad, de aquellos que son escogidos por los electores mediante el voto popular para servir a los mejores intereses de la patria.
Necesitamos una reforma del Estado creando un Tribunal Constitucional totalmente independiente de la Corte Suprema de Justicia, que garantice un verdadero control constitucional de los derechos humanos y las garantías individuales.
Como hemos dicho, los lobos con piel de oveja tratan de engañarnos cuestionando la constitucionalidad del medio que utilicemos para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Los panameños tenemos que tener muy claro que el hecho que la ciudadanía apruebe una nueva Constitución mediante un mecanismo no autorizado por la actual Constitución, no convierte a la nueva aprobada en una Constitución ilegítima. Ilegítima es la que fue impuesta por la fuerza de las armas.
Cito en este momento crucial de nuestra historia, lo expresado por nuestro maestro de Derecho Constitucional, el Dr. Carlos Bolívar Pedreschi, en 1983, en dos medios de comunicación social para que los pescadores en río revuelto no puedan engañar a la población panameña: "Ni las convocatorias a Asamblea Constituyente, ni las convocatorias a Referéndum, son susceptibles de calificación constitucional. Se trata de actos extraordinarios donde las autoridades constituidas, por las circunstancias igualmente extraordinarias que condicionan sus actuaciones, apelan a la máxima fuente de autoridad que es el pueblo y de la cual emanan todos los poderes constituidos. En consecuencia, siendo el pueblo, dentro de la concepción democrática del poder, la fuente de todo poder y la fuente de las autoridades constituidas, lo que el pueblo decida es siempre inapelable, pues dentro de la expresada concepción democrática del poder no hay autoridad superior al pueblo, y, dentro del orden jurídico normal a nadie se le ocurre apelar ante las autoridades inferiores".
Sin embargo, creo necesario advertir a la ciudadanía sobre las actuaciones y los planteamientos de quienes ahora tratan de convertirse en pescadores de río revuelto, aprovechando el momento histórico de frente al torneo electoral, en el cual ya estamos inmersos.
Hay aspectos que hoy los enemigos de la democracia pretenden encubrir o disfrazar, situaciones que nunca debemos olvidar como el hecho de que la actual Constitución de 1972 nació en las entrañas de los cuarteles para darle aspecto democrático a una dictadura y sus posteriores reformas, aún la de 1983, vigiladas también desde los cuarteles, en momentos en que no soportaban las presiones políticas y cuando daban por descontada la derrota que sufrirían al año siguiente en las elecciones, en las cuales tuvieron que recurrir al fraude electoral para arrebatarle el gobierno, una vez más, a las fuerzas democráticas.
Hay también lobos con piel de oveja que tratan de engañar al pueblo sosteniendo que de no reformarse la actual Constitución, de acuerdo a lo establecido en su artículo 308, y sustentando que se incluirá un tercer método de reforma mediante la Constituyente, se estaría violando el actual orden constitucional. Falso. Tienen que entender lo afirmado por el sacerdote Néstor Jaén: "En la actualidad, la cámara legislativa se encuentra en el sótano de la credibilidad y muchos de los cambios que se requieren poner en marcha incluyen a ese Organo estatal¨. Y agrego yo, Organo que es símbolo de la crisis institucional que vive el país.
Los panameños no podemos permitir, bajo ningún concepto, que al hablar de una convocatoria a una Asamblea Constituyente se nos mencione una fórmula que pueda sugerir que la Asamblea Legislativa tenga algún tipo de injerencia en el proyecto.
Una Asamblea Constituyente, cuyos miembros sean escogidos de todos los sectores de la sociedad panameña, convocada por el próximo presidente que resulte ungido con el voto en las elecciones populares de mayo de 2004, debe producir una verdadera reforma de las instituciones del Estado panameño para que tengamos garantía de una seguridad jurídica, aumentando los requisitos académicos y morales, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que los mismos sean postulados por distintas fuentes y no sólo por el Ejecutivo, estableciéndose además una verdadera carrera judicial. Una reforma del Estado que establezca un número fijo y no creciente de legisladores y que el Legislativo no pase de 50 miembros verdaderamente representativos de la población nacional, con funciones exclusivas de producir leyes para el desarrollo del país y a los que no se les permita, expresamente, el manejo de ningún tipo de partida del presupuesto nacional. Una reforma del Estado que permita el principio de la libre postulación para todos los cargos de elección popular. Una reforma del Estado que exija un porcentaje mínimo de los votos del electorado para escoger al presidente de la República, de manera que no tengamos presidentes de minorías. Una reforma del Estado que no permita la revocatoria del mandato. Los legisladores, una vez elegidos, deben representar a toda la nación y deben votar conforme a su conciencia y teniendo en cuenta los mejores intereses de las grandes mayorías nacionales. Una reforma del Estado que no consagre la impunidad disfrazada de inmunidad, de aquellos que son escogidos por los electores mediante el voto popular para servir a los mejores intereses de la patria.
Necesitamos una reforma del Estado creando un Tribunal Constitucional totalmente independiente de la Corte Suprema de Justicia, que garantice un verdadero control constitucional de los derechos humanos y las garantías individuales.
Como hemos dicho, los lobos con piel de oveja tratan de engañarnos cuestionando la constitucionalidad del medio que utilicemos para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Los panameños tenemos que tener muy claro que el hecho que la ciudadanía apruebe una nueva Constitución mediante un mecanismo no autorizado por la actual Constitución, no convierte a la nueva aprobada en una Constitución ilegítima. Ilegítima es la que fue impuesta por la fuerza de las armas.
Cito en este momento crucial de nuestra historia, lo expresado por nuestro maestro de Derecho Constitucional, el Dr. Carlos Bolívar Pedreschi, en 1983, en dos medios de comunicación social para que los pescadores en río revuelto no puedan engañar a la población panameña: "Ni las convocatorias a Asamblea Constituyente, ni las convocatorias a Referéndum, son susceptibles de calificación constitucional. Se trata de actos extraordinarios donde las autoridades constituidas, por las circunstancias igualmente extraordinarias que condicionan sus actuaciones, apelan a la máxima fuente de autoridad que es el pueblo y de la cual emanan todos los poderes constituidos. En consecuencia, siendo el pueblo, dentro de la concepción democrática del poder, la fuente de todo poder y la fuente de las autoridades constituidas, lo que el pueblo decida es siempre inapelable, pues dentro de la expresada concepción democrática del poder no hay autoridad superior al pueblo, y, dentro del orden jurídico normal a nadie se le ocurre apelar ante las autoridades inferiores".
