La corrupción contra el Estado de derecho
POR LO GENERAL, el discurso contra la corrupción se dirige contra los otros, los que no son como uno. A los empresarios les satisface criticar a los gobiernos porque abusan de su poder y se roban la plata del Estado, en vez de reconocer que hay miembros de su grey que buscan ventajas en los negocios por medio de actos ilícitos. Es mucho más probable que la corrupción se dé como un negocio compartido entre una parte privada y otra pública, que como una relación en la que el particular sólo se desempeña como víctima. Sin embargo, las declaraciones de los gremios empresariales rara vez tienen como objetivo denunciar la "iniciativa privada" en la producción de esta lacra social.
Los que están, o han estado, del lado gubernamental y leen con aprobación el párrafo anterior, se les olvida muy rápidamente que ellos son rehenes de la misma debilidad. Todos los políticos que alcanzan altas posiciones en el Estado dicen: "En mi gobierno, o en mi institución, no hay corrupción". Cuando lo que debieran decir es: "Pondré especial cuidado en que se lleve a todos los acusados de corrupción en mi gobierno, o mi institución, ante la justicia". O bien, "testificaré contra cualquier acto de corrupción que presencie". En ausencia de estos compromisos, lo que tenemos es una batalla entre grupos políticos en la que unos y otros desacreditan a sus adversarios endilgándole el epíteto de corrupto. Para un observador externo, no hay nobleza alguna en el que ve la paja en el ojo del prójimo y no ve la viga en el suyo. La lucha contra la corrupción no es una lucha entre políticos que se tachan mutuamente de corruptos.
Presto estoy a reconocer que las desviaciones en el uso del poder y las que caracterizan al poder público especialmente, son parte de la condición humana y no podremos erradicarlas al cero por ciento en el futuro previsible. Es justamente por eso que necesitamos un compromiso de las fuerzas políticas para que se fortalezcan los canales, a través de los cuales se hacen las denuncias y se dicten leyes que protejan a los denunciantes y a los testigos, pues es la única manera de procesar a los corruptos.
Es de fundamental importancia que cuando los partidos vean a uno de sus miembros, sea quien sea, obligado a rendir cuentas ante los tribunales de justicia, se aparten de la cuestión y no traten de utilizar el partido para defender los legítimos intereses de los imputados, que solo tienen existencia procesal. El que esto sea moneda de uso corriente entre políticos, no debe llevarnos a pensar que los llamados independientes son mejores que los demás, pues muchas veces detrás de una supuesta independencia se esconde una conexión política susceptible, como todas, de ser utilizada para fines aviesos.
La no pertenencia a grupos políticos está lejos de ser una credencial de honestidad, de la misma manera que estigmatizar a un partido, o movimiento, como naturalmente corrupto revela una actitud intolerante y antidemocrática.
En lugar de repetir el manido discurso de que hay que perseguir a los corruptos, que siempre son los otros, sugiero meditar sobre lo siguiente: ¿Qué haría un grupo de personas corruptas para impedir toda eficacia del Estado de derecho en la lucha contra la corrupción? Pensemos: ¿Cuáles son las acciones que habría que diseñar y ejecutar para restarle eficacia a los procedimientos y acciones punitivas de las autoridades judiciales, de modo que nunca puedan llegar a establecer la verdad en ninguna denuncia y siempre se les dificulte la identificación de los responsables? Trato de imaginarme cómo piensan los corruptos, y llego a la conclusión de que quizás responderían a estas preguntas así:
"Lo primero que hay que hacer es impedir que investigue quien tiene la capacidad real de investigar, que es el Ministerio Público. Permitir la formación de un sumario puede ser demoledor, sobre todo porque los medios de comunicación podrían llegar a obtener piezas del expediente y eso sería un golpe terrible a nuestra imagen. Así que lo primordial es obstaculizar el inicio de la investigación. Pero no podemos estar pidiendo favores a los funcionarios, pues eso es riesgoso y podría descubrirse. Así que mejor hagamos normas especiales. Inventemos alguna cosa para que el Ministerio Público no pueda actuar contra nosotros".
"Lo segundo: que los procedimientos no sean claros, es decir, que los regímenes especiales para la investigación de la corrupción política puedan recibir dos o tres interpretaciones distintas, de modo que los imputados siempre puedan alegar la nulidad de las actuaciones. Que los términos jurídicos estén mal empleados ayuda mucho a nuestra causa. Si podemos confundir las competencias de las distintas autoridades, mejor. Por ejemplo, si el fiscal electoral investiga, diremos que le toca al procurador; si el procurador investiga, diremos que debió hacerlo el fiscal electoral".
"Lo tercero y muy importante: gente vulnerable en los tribunales. No se puede estar nombrando a personas que quieran después convertirse en Robespierre. Ese cuento de la rectitud, es el terror de la política. En las posiciones claves se necesita gente que tenga buenas razones para querer cooperar con nosotros y que no se vayan a volver locos porque son dizque independientes".
Que el lector evalúe si esta hipótetica respuesta tiene algo que ver con la situación actual. Podría serle de provecho saber que el régimen vigente para el juzgamiento de los diputados no fue el que propuso el Presidente electo, Martín Torrijos, el viernes 18 de junio de 2004, cuando presentó el paquete de reformas constitucionales, pues en este aspecto su propuesta original fue rechazada, sino uno "acordado" por una mayoría legislativa del periodo pasado. Que el lector evalúe si la impunidad política no está en condiciones de ganarle la batalla al Estado de derecho.
Los que están, o han estado, del lado gubernamental y leen con aprobación el párrafo anterior, se les olvida muy rápidamente que ellos son rehenes de la misma debilidad. Todos los políticos que alcanzan altas posiciones en el Estado dicen: "En mi gobierno, o en mi institución, no hay corrupción". Cuando lo que debieran decir es: "Pondré especial cuidado en que se lleve a todos los acusados de corrupción en mi gobierno, o mi institución, ante la justicia". O bien, "testificaré contra cualquier acto de corrupción que presencie". En ausencia de estos compromisos, lo que tenemos es una batalla entre grupos políticos en la que unos y otros desacreditan a sus adversarios endilgándole el epíteto de corrupto. Para un observador externo, no hay nobleza alguna en el que ve la paja en el ojo del prójimo y no ve la viga en el suyo. La lucha contra la corrupción no es una lucha entre políticos que se tachan mutuamente de corruptos.
Presto estoy a reconocer que las desviaciones en el uso del poder y las que caracterizan al poder público especialmente, son parte de la condición humana y no podremos erradicarlas al cero por ciento en el futuro previsible. Es justamente por eso que necesitamos un compromiso de las fuerzas políticas para que se fortalezcan los canales, a través de los cuales se hacen las denuncias y se dicten leyes que protejan a los denunciantes y a los testigos, pues es la única manera de procesar a los corruptos.
Es de fundamental importancia que cuando los partidos vean a uno de sus miembros, sea quien sea, obligado a rendir cuentas ante los tribunales de justicia, se aparten de la cuestión y no traten de utilizar el partido para defender los legítimos intereses de los imputados, que solo tienen existencia procesal. El que esto sea moneda de uso corriente entre políticos, no debe llevarnos a pensar que los llamados independientes son mejores que los demás, pues muchas veces detrás de una supuesta independencia se esconde una conexión política susceptible, como todas, de ser utilizada para fines aviesos.
La no pertenencia a grupos políticos está lejos de ser una credencial de honestidad, de la misma manera que estigmatizar a un partido, o movimiento, como naturalmente corrupto revela una actitud intolerante y antidemocrática.
En lugar de repetir el manido discurso de que hay que perseguir a los corruptos, que siempre son los otros, sugiero meditar sobre lo siguiente: ¿Qué haría un grupo de personas corruptas para impedir toda eficacia del Estado de derecho en la lucha contra la corrupción? Pensemos: ¿Cuáles son las acciones que habría que diseñar y ejecutar para restarle eficacia a los procedimientos y acciones punitivas de las autoridades judiciales, de modo que nunca puedan llegar a establecer la verdad en ninguna denuncia y siempre se les dificulte la identificación de los responsables? Trato de imaginarme cómo piensan los corruptos, y llego a la conclusión de que quizás responderían a estas preguntas así:
"Lo primero que hay que hacer es impedir que investigue quien tiene la capacidad real de investigar, que es el Ministerio Público. Permitir la formación de un sumario puede ser demoledor, sobre todo porque los medios de comunicación podrían llegar a obtener piezas del expediente y eso sería un golpe terrible a nuestra imagen. Así que lo primordial es obstaculizar el inicio de la investigación. Pero no podemos estar pidiendo favores a los funcionarios, pues eso es riesgoso y podría descubrirse. Así que mejor hagamos normas especiales. Inventemos alguna cosa para que el Ministerio Público no pueda actuar contra nosotros".
"Lo segundo: que los procedimientos no sean claros, es decir, que los regímenes especiales para la investigación de la corrupción política puedan recibir dos o tres interpretaciones distintas, de modo que los imputados siempre puedan alegar la nulidad de las actuaciones. Que los términos jurídicos estén mal empleados ayuda mucho a nuestra causa. Si podemos confundir las competencias de las distintas autoridades, mejor. Por ejemplo, si el fiscal electoral investiga, diremos que le toca al procurador; si el procurador investiga, diremos que debió hacerlo el fiscal electoral".
"Lo tercero y muy importante: gente vulnerable en los tribunales. No se puede estar nombrando a personas que quieran después convertirse en Robespierre. Ese cuento de la rectitud, es el terror de la política. En las posiciones claves se necesita gente que tenga buenas razones para querer cooperar con nosotros y que no se vayan a volver locos porque son dizque independientes".
Que el lector evalúe si esta hipótetica respuesta tiene algo que ver con la situación actual. Podría serle de provecho saber que el régimen vigente para el juzgamiento de los diputados no fue el que propuso el Presidente electo, Martín Torrijos, el viernes 18 de junio de 2004, cuando presentó el paquete de reformas constitucionales, pues en este aspecto su propuesta original fue rechazada, sino uno "acordado" por una mayoría legislativa del periodo pasado. Que el lector evalúe si la impunidad política no está en condiciones de ganarle la batalla al Estado de derecho.
