La corrupción en la estructura estatal
"La corrupción, el manejo inadecuado e ineficiente del presupuesto del Estado y la percepción ciudadana de que no se combaten efectivamente estas prácticas, - declaró la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, el miércoles pasado - son negativas para el país, porque crean descontento y desconfianza en la gestión pública". Esta declaración coincidió con la exhortación hecha el día anterior por Monseñor José Dimas Cedeño, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Panamá, para que los panameños "asuman la política, no como actividad lucrativa, sino como actividad de servicio a la patria".
La jerarquía de la Iglesia católica se refiere, evidentemente, a la corrupción que se produce en la estructura estatal y que se tipifica cuando el funcionario corrupto contraviene las normas del sistema, para favorecer con su comportamiento ilegal intereses particulares, a cambio de una recompensa. La corrupción toma múltiples y variadas formas entre las cuales la ciudadanía puede identificar el cohecho, el nepotismo y el peculado. Técnicamente el cohecho se configura por el uso de una recompensa para cambiar en determinada dirección el juicio de un funcionario público. En el caso del nepotismo, se observa la concesión de empleo o contratos públicos sobre la base de relaciones de parentesco en lugar de mérito. En tanto que el peculado por distracción se manifiesta por la asignación de fondos públicos para usos privados.
Los motivos que tiene la jerarquía de la Iglesia Católica panameña para expresar lo que he entendido como su creciente alarma por la corrupción en Panamá, concuerdan con los motivos que tenemos todos los panameños para interesarnos y preocuparnos por ese tema. La Iglesia convive -sin confundirse con ellos -, con todo lo que en el país es político, económico y cultural, porque el cristianismo ubica la lucha del hombre por su redención, en el seno de la historia. Nada adverso puede venirnos de un prelado panameño que por frecuentar las fronteras que separan - y que unen - lo humano y lo divino, puede ayudarnos, ilustrarnos sobre problemas que inciden en el atraso, la miseria o la injusticia social.
Análoga reflexión es válida con respecto al tratamiento del tema de la corrupción que han realizado las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Ambas organizaciones, en cumplimiento de sus respectivos mandatos relativos al desarrollo de los pueblos y a la justicia social, han auspiciado debates, estudios, investigaciones y en base a sus resultados, han formulado recomendaciones relevantes sobre la corrupción que están contenidas en resoluciones y documentos de carácter vinculante para todos los Estados del planeta en el caso de la ONU y de la región en el caso de la OEA.
El hecho de que estos convenios resulten letra muerta para algunos y que la voz preocupada de la jerarquía católica tenga una audiencia propensa a la indiferencia o al pronto olvido, hace temer que un cierto grado de barbarie se esté reflejando en una actitud tan displicente como negativa. El panameño, día a día, va levantando su voz para comentar, con mayor ahínco, el secreto develado de las prácticas gubernamentales corruptas y nepóticas, que envenenan la vida y el sistema democrático del país. Recientemente dos altos funcionarios la Dra. Gloria Moreno de López, prestigiosa profesional de la medicina, hasta hace poco Directora Médica del Hospital Santo Tomás, y el Ing. Jaime Fábrega, destacado y honorable profesional de respetable trayectoria cívica, quien se desempeñara como Director de Aeronáutica Civil, en sus actos de renuncia, han denunciado situaciones que atentan contra la transparencia del manejo de la cosa pública y del uso correcto de los bienes del Estado, sin que hasta ahora se conozca, qué medidas se han tomado, para exigir responsabilidad por las infracciones incurridas y para corregir las anomalías denunciadas. Nuestro futuro democrático reclama la reacción defensiva de la ciudadanía para que el país no se hunda en el marasmo o en la complicidad pasiva.
Pareciera que con el tema de la corrupción cobra actualidad el viejo refrán de que, "los oídos tienen paredes y las paredes tienen oídos", con el agravante de que el humor panameño visualiza "asuntos" que todo el mundo sospecha, o que todo el mundo sabe, o que todo el mundo comenta. La corrupción es uno de ellos.
En un panorama que tiene mucho de decepcionante, la corrupción juega un doble papel de causa y de efecto. De allí, que al momento de identificar el grado de implicación de cada panameño o de su responsabilidad moral o material en la corrupción, se imponga hacer distinciones. Los filósofos griegos daban el parámetro para esta distinción. Hace más daño el que desvía onerosamente el bien común que el que desvía onerosamente el bien privado. La corrupción pública es violatoria de los principios de la justicia distributiva. Desvía hacia fines particulares y perniciosos los recursos que deben estar destinados a todos.
El concepto de Res Pública como antítesis de Res Privata o Familiaris fue legado a Oriente y Occidente por el genio organizador y jurídico romano, que lo concibió para destacar la cosa pública, la cosa del pueblo, el bien común, la comunidad. El término republicano por su vinculación a un origen y a una legitimación popular suscitaba reverencia, profundo respeto de parte de gobernantes y gobernados. Para Cicerón el interés común, el consenso de una ley común, eran elementos distintivos de la República para oponerse a aquellos gobiernos deshonestos, inmorales e injustos que años después merecieran ser llamados por San Agustín Magna Latrocinia, yendo más allá del concepto de Corruptissima República. En Panamá, su actual empobrecimiento no es conceptual, el concepto sigue igual, es real. Se ha empobrecido y a veces hasta ha desaparecido el respeto que debemos a la cosa pública.
El respeto por la cosa pública ayuda a consolidar los vínculos comunitarios y expresa los rasgos de un pueblo y de su herencia. Atentar contra la cosa pública es romper dolosamente el compromiso con un pasado y futuro común. Los que abusan y degradan la cosa pública son enemigos de la totalidad, de la continuidad nacional. Hay que impedir que individuos o grupos que se complacen en construir en el anonimato y en la oscuridad fortunas y bienestar particulares, utilicen subrepticia o descaradamente lo que debe ser de todos, con transparencia y con plena participación democrática.
El Gobierno adquiere legitimidad en la medida en que estimule conductas que afirmen, demuestren y difundan un espíritu de continuidad histórica y de integración social. El "rgano Ejecutivo, el "rgano Legislativo y el "rgano Judicial, tienen que cumplir sus funciones constitucionales para sobreponerse a los efectos destructivos de la corrupción. Su conducta encontrará inspiración en la aleccionadora sentencia del sermón de la montaña: "Todo árbol que no lleve fruto, córtese y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis".
La jerarquía de la Iglesia católica se refiere, evidentemente, a la corrupción que se produce en la estructura estatal y que se tipifica cuando el funcionario corrupto contraviene las normas del sistema, para favorecer con su comportamiento ilegal intereses particulares, a cambio de una recompensa. La corrupción toma múltiples y variadas formas entre las cuales la ciudadanía puede identificar el cohecho, el nepotismo y el peculado. Técnicamente el cohecho se configura por el uso de una recompensa para cambiar en determinada dirección el juicio de un funcionario público. En el caso del nepotismo, se observa la concesión de empleo o contratos públicos sobre la base de relaciones de parentesco en lugar de mérito. En tanto que el peculado por distracción se manifiesta por la asignación de fondos públicos para usos privados.
Los motivos que tiene la jerarquía de la Iglesia Católica panameña para expresar lo que he entendido como su creciente alarma por la corrupción en Panamá, concuerdan con los motivos que tenemos todos los panameños para interesarnos y preocuparnos por ese tema. La Iglesia convive -sin confundirse con ellos -, con todo lo que en el país es político, económico y cultural, porque el cristianismo ubica la lucha del hombre por su redención, en el seno de la historia. Nada adverso puede venirnos de un prelado panameño que por frecuentar las fronteras que separan - y que unen - lo humano y lo divino, puede ayudarnos, ilustrarnos sobre problemas que inciden en el atraso, la miseria o la injusticia social.
Análoga reflexión es válida con respecto al tratamiento del tema de la corrupción que han realizado las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Ambas organizaciones, en cumplimiento de sus respectivos mandatos relativos al desarrollo de los pueblos y a la justicia social, han auspiciado debates, estudios, investigaciones y en base a sus resultados, han formulado recomendaciones relevantes sobre la corrupción que están contenidas en resoluciones y documentos de carácter vinculante para todos los Estados del planeta en el caso de la ONU y de la región en el caso de la OEA.
El hecho de que estos convenios resulten letra muerta para algunos y que la voz preocupada de la jerarquía católica tenga una audiencia propensa a la indiferencia o al pronto olvido, hace temer que un cierto grado de barbarie se esté reflejando en una actitud tan displicente como negativa. El panameño, día a día, va levantando su voz para comentar, con mayor ahínco, el secreto develado de las prácticas gubernamentales corruptas y nepóticas, que envenenan la vida y el sistema democrático del país. Recientemente dos altos funcionarios la Dra. Gloria Moreno de López, prestigiosa profesional de la medicina, hasta hace poco Directora Médica del Hospital Santo Tomás, y el Ing. Jaime Fábrega, destacado y honorable profesional de respetable trayectoria cívica, quien se desempeñara como Director de Aeronáutica Civil, en sus actos de renuncia, han denunciado situaciones que atentan contra la transparencia del manejo de la cosa pública y del uso correcto de los bienes del Estado, sin que hasta ahora se conozca, qué medidas se han tomado, para exigir responsabilidad por las infracciones incurridas y para corregir las anomalías denunciadas. Nuestro futuro democrático reclama la reacción defensiva de la ciudadanía para que el país no se hunda en el marasmo o en la complicidad pasiva.
Pareciera que con el tema de la corrupción cobra actualidad el viejo refrán de que, "los oídos tienen paredes y las paredes tienen oídos", con el agravante de que el humor panameño visualiza "asuntos" que todo el mundo sospecha, o que todo el mundo sabe, o que todo el mundo comenta. La corrupción es uno de ellos.
En un panorama que tiene mucho de decepcionante, la corrupción juega un doble papel de causa y de efecto. De allí, que al momento de identificar el grado de implicación de cada panameño o de su responsabilidad moral o material en la corrupción, se imponga hacer distinciones. Los filósofos griegos daban el parámetro para esta distinción. Hace más daño el que desvía onerosamente el bien común que el que desvía onerosamente el bien privado. La corrupción pública es violatoria de los principios de la justicia distributiva. Desvía hacia fines particulares y perniciosos los recursos que deben estar destinados a todos.
El concepto de Res Pública como antítesis de Res Privata o Familiaris fue legado a Oriente y Occidente por el genio organizador y jurídico romano, que lo concibió para destacar la cosa pública, la cosa del pueblo, el bien común, la comunidad. El término republicano por su vinculación a un origen y a una legitimación popular suscitaba reverencia, profundo respeto de parte de gobernantes y gobernados. Para Cicerón el interés común, el consenso de una ley común, eran elementos distintivos de la República para oponerse a aquellos gobiernos deshonestos, inmorales e injustos que años después merecieran ser llamados por San Agustín Magna Latrocinia, yendo más allá del concepto de Corruptissima República. En Panamá, su actual empobrecimiento no es conceptual, el concepto sigue igual, es real. Se ha empobrecido y a veces hasta ha desaparecido el respeto que debemos a la cosa pública.
El respeto por la cosa pública ayuda a consolidar los vínculos comunitarios y expresa los rasgos de un pueblo y de su herencia. Atentar contra la cosa pública es romper dolosamente el compromiso con un pasado y futuro común. Los que abusan y degradan la cosa pública son enemigos de la totalidad, de la continuidad nacional. Hay que impedir que individuos o grupos que se complacen en construir en el anonimato y en la oscuridad fortunas y bienestar particulares, utilicen subrepticia o descaradamente lo que debe ser de todos, con transparencia y con plena participación democrática.
El Gobierno adquiere legitimidad en la medida en que estimule conductas que afirmen, demuestren y difundan un espíritu de continuidad histórica y de integración social. El "rgano Ejecutivo, el "rgano Legislativo y el "rgano Judicial, tienen que cumplir sus funciones constitucionales para sobreponerse a los efectos destructivos de la corrupción. Su conducta encontrará inspiración en la aleccionadora sentencia del sermón de la montaña: "Todo árbol que no lleve fruto, córtese y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis".
