La corrupción, inversiones y gobernabilidad
Más allá de nuestras fronteras, el cáncer de la corrupción que corroe al país proyecta reacciones alarmantes. La cuestión la plantean no sólo ciudadanos panameños sino también personalidades extranjeras.
El presidente de la Cámara de Comercio, Iván Cohen, pidió al gobierno, la semana pasada, que investigue los actos de corrupción que se han denunciado públicamente y que se castigue a los responsables. En iguales o parecidos términos se manifestó Fernando Berguido, presidente de "Transparencia Internacional", expresando su preocupación por el hecho de que su organización hasta la fecha no ha recibido una respuesta del Ejecutivo por los cuestionamientos hechos sobre los actos de corrupción en el Gobierno "El Gobierno -dijo- debe tomar el asunto en serio, porque cada vez el tema marca más alto".
En la misma línea de pensamiento el presidente electo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Lic. Carlos González Ramírez, dejó sentir el clamor de la clase empresarial, que considera que el problema de la corrupción es uno de los principales impedimentos para que cristalicen inversiones extranjeras en el país.
La visita que hace pocos días hizo a Panamá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que más que una visita fue una auditoría internacional del comportamiento del gobierno en el plano de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, puso en evidencia, con visos de inhumanidad, el déficit que registran las inversiones sociales en la ejecución del presupuesto del Estado.
Este cuadro nada halagador pudo tener incidencia en la opinión del Embajador japonés Yasuyuki Fujishima, quien antes de regresar a su país no sólo dijo que la economía panameña ha quedado rezagada por falta de inversiones extranjeras, sino que sostuvo razonadamente que el lento comportamiento de la economía en Panamá es consecuencia de la falta de un plan económico de Estado a largo plazo.
En el reciente foro: "Panamá ante los ojos de Wall Street", copatrocinado por la APEDE y por una organización no gubernamental, de indiscutible prestigio, como lo es el Consejo de las Américas (Council of the Americas), la vicepresidente de ese consejo, Susan Kaufman Purcell, declaró que las inversiones en Panamá se están afectando ante la falta de una política que genere confianza, lo cual aunado a las constantes denuncias de corrupción, mantienen a los empresarios en plena incertidumbre. Insistió en que "debe haber más certeza en lo que son las reglas del juego, más sentido que hay una estrategia económica, un plan económico para el país".
En los últimos meses se han dejado oír las voces claras de los sectores religiosos, laborales, industriales, agrarios, ganaderos, educativos, de servidores públicos, campesinos e indígenas que reaccionan con desazón ante el deterioro de la moral institucional. La nota más aguda salió de boca de un Asesor Presidencial que acusó la incrustación en el gobierno de "maleantes" disfrazados de empresarios, banqueros, diplomáticos, etc.
Pocas veces en la historia de la República se alzaron voces de tan alta jerarquía para demandar que, por encima de la pasividad, la indiferencia y la tolerancia inexplicable de los funcionarios del Estado, se pongan en acción los mecanismos que contempla la Constitución tanto para frenar, encausar y castigar a quienes se señalan como maleantes y corruptos, como para que el Ejecutivo se vea compelido a poner la casa en orden.
Los órganos de gobierno no pueden ser pasivos frente a las tendencias negativas que ensombrecen la vida cotidiana de los panameños. Como titulares del poder público gozan de autonomía funcional, pero están obligados a ejercer los frenos y contrapesos necesarios para mantener la moralidad y el equilibrio democrático. Bien decía Bolívar: "sin moralidad no hay gobierno que pueda vivir". Cuando el gobierno pide a los denunciantes de la corrupción que presenten pruebas, está evadiendo sus responsabilidades. El establecimiento de los hechos, la investigación de la verdad, le compete al Ministerio Público, encabezado por el señor Procurador General de la Nación.
La Constitución Nacional contiene los postulados que definen nuestro sistema institucional y contempla también los mecanismos apropiados para el desarrollo de la Nación, que debe guiarse por un espíritu republicano en que son esenciales la austeridad, el civismo y el respeto a la ciudadanía.
Concretamente, nuestro actual sistema de organización política consagra que entre las atribuciones del Procurador General de la Nación, en su calidad de jefe del Ministerio Público, está la de "vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes", así como también "perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales y legales." (Arts. 217 y 219 Constitución Política).
La Contraloría General de la República es también uno de los mecanismos previstos por la Constitución para promover la transparencia, prevenir la corrupción y velar para que las disposiciones constitucionales y legales y en especial las del Código Fiscal, no sean letra muerta en la práctica de las licitaciones públicas y en el otorgamiento de concesiones de activos del Estado.
La Constitución taxativamente inviste a la Contraloría General, entre otras, de la función de fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejos de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección y según lo establecido en la ley. Debe, además, realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afectan patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas. (Art.276 Constitución Nacional).
Las relaciones entre la corrupción y la pobreza, entre la corrupción y el desempleo, entre la corrupción y el subdesarrollo, entre la corrupción y la desmoralización, sólo pueden ser desestimadas por la terquedad o por la hipocresía. La corrupción sustrae a la sociedad recursos y energías que deben preservarse para facilitar la convivencia pacífica. La magnitud del daño que se causa asume proporciones inhumanas porque en nuestro país no hay recursos suficientes para conformar el bienestar de las mayorías, ni mucho menos para el usufructo por particulares de los bienes públicos, en desmedro de los grandes núcleos humanos del país.
Hay muchas maneras de desesperar a un pueblo. Una de ellas es ofendiendo la inteligencia que ese pueblo tiene de las cosas y tratando de manipular al ciudadano para conseguir la uniformidad dócil de las conciencias, la insensibilidad moral, la atonía cívica, la renuncia al ejercicio del libre y lúcido análisis de la realidad.
En el ejercicio de sus funciones tanto el Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la Nación, como la Contraloría General de la República, cuentan con la fuerza jurídica y moral que les inyecta a sus actividades, por una parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas en 1996, que es hoy la Ley de la República No.42 de 1998, recientemente actualizada en la XXXI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y por otra parte la Ley No.59 de 1999 que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política sobre la Declaración Jurada de Estado Patrimonial de los altos funcionarios de la jerarquía Ejecutiva, Legislativa y Judicial y que dicta otras disposiciones contra la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito.
El tema de la corrupción está contaminando los espíritus. Hay que hacer los gestos, tomar las medidas necesarias para satisfacer la exigencia de saneamiento en la mente de una mayoría de la población que piensa que hay corrupción y que ésta aumenta. El funcionamiento eficaz de la justicia y de sus mecanismos de prevención y castigo de la delincuencia, es uno de los pilares de la gobernabilidad democrática.
El presidente de la Cámara de Comercio, Iván Cohen, pidió al gobierno, la semana pasada, que investigue los actos de corrupción que se han denunciado públicamente y que se castigue a los responsables. En iguales o parecidos términos se manifestó Fernando Berguido, presidente de "Transparencia Internacional", expresando su preocupación por el hecho de que su organización hasta la fecha no ha recibido una respuesta del Ejecutivo por los cuestionamientos hechos sobre los actos de corrupción en el Gobierno "El Gobierno -dijo- debe tomar el asunto en serio, porque cada vez el tema marca más alto".
En la misma línea de pensamiento el presidente electo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Lic. Carlos González Ramírez, dejó sentir el clamor de la clase empresarial, que considera que el problema de la corrupción es uno de los principales impedimentos para que cristalicen inversiones extranjeras en el país.
La visita que hace pocos días hizo a Panamá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que más que una visita fue una auditoría internacional del comportamiento del gobierno en el plano de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, puso en evidencia, con visos de inhumanidad, el déficit que registran las inversiones sociales en la ejecución del presupuesto del Estado.
Este cuadro nada halagador pudo tener incidencia en la opinión del Embajador japonés Yasuyuki Fujishima, quien antes de regresar a su país no sólo dijo que la economía panameña ha quedado rezagada por falta de inversiones extranjeras, sino que sostuvo razonadamente que el lento comportamiento de la economía en Panamá es consecuencia de la falta de un plan económico de Estado a largo plazo.
En el reciente foro: "Panamá ante los ojos de Wall Street", copatrocinado por la APEDE y por una organización no gubernamental, de indiscutible prestigio, como lo es el Consejo de las Américas (Council of the Americas), la vicepresidente de ese consejo, Susan Kaufman Purcell, declaró que las inversiones en Panamá se están afectando ante la falta de una política que genere confianza, lo cual aunado a las constantes denuncias de corrupción, mantienen a los empresarios en plena incertidumbre. Insistió en que "debe haber más certeza en lo que son las reglas del juego, más sentido que hay una estrategia económica, un plan económico para el país".
En los últimos meses se han dejado oír las voces claras de los sectores religiosos, laborales, industriales, agrarios, ganaderos, educativos, de servidores públicos, campesinos e indígenas que reaccionan con desazón ante el deterioro de la moral institucional. La nota más aguda salió de boca de un Asesor Presidencial que acusó la incrustación en el gobierno de "maleantes" disfrazados de empresarios, banqueros, diplomáticos, etc.
Pocas veces en la historia de la República se alzaron voces de tan alta jerarquía para demandar que, por encima de la pasividad, la indiferencia y la tolerancia inexplicable de los funcionarios del Estado, se pongan en acción los mecanismos que contempla la Constitución tanto para frenar, encausar y castigar a quienes se señalan como maleantes y corruptos, como para que el Ejecutivo se vea compelido a poner la casa en orden.
Los órganos de gobierno no pueden ser pasivos frente a las tendencias negativas que ensombrecen la vida cotidiana de los panameños. Como titulares del poder público gozan de autonomía funcional, pero están obligados a ejercer los frenos y contrapesos necesarios para mantener la moralidad y el equilibrio democrático. Bien decía Bolívar: "sin moralidad no hay gobierno que pueda vivir". Cuando el gobierno pide a los denunciantes de la corrupción que presenten pruebas, está evadiendo sus responsabilidades. El establecimiento de los hechos, la investigación de la verdad, le compete al Ministerio Público, encabezado por el señor Procurador General de la Nación.
La Constitución Nacional contiene los postulados que definen nuestro sistema institucional y contempla también los mecanismos apropiados para el desarrollo de la Nación, que debe guiarse por un espíritu republicano en que son esenciales la austeridad, el civismo y el respeto a la ciudadanía.
Concretamente, nuestro actual sistema de organización política consagra que entre las atribuciones del Procurador General de la Nación, en su calidad de jefe del Ministerio Público, está la de "vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes", así como también "perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales y legales." (Arts. 217 y 219 Constitución Política).
La Contraloría General de la República es también uno de los mecanismos previstos por la Constitución para promover la transparencia, prevenir la corrupción y velar para que las disposiciones constitucionales y legales y en especial las del Código Fiscal, no sean letra muerta en la práctica de las licitaciones públicas y en el otorgamiento de concesiones de activos del Estado.
La Constitución taxativamente inviste a la Contraloría General, entre otras, de la función de fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejos de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección y según lo establecido en la ley. Debe, además, realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afectan patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas. (Art.276 Constitución Nacional).
Las relaciones entre la corrupción y la pobreza, entre la corrupción y el desempleo, entre la corrupción y el subdesarrollo, entre la corrupción y la desmoralización, sólo pueden ser desestimadas por la terquedad o por la hipocresía. La corrupción sustrae a la sociedad recursos y energías que deben preservarse para facilitar la convivencia pacífica. La magnitud del daño que se causa asume proporciones inhumanas porque en nuestro país no hay recursos suficientes para conformar el bienestar de las mayorías, ni mucho menos para el usufructo por particulares de los bienes públicos, en desmedro de los grandes núcleos humanos del país.
Hay muchas maneras de desesperar a un pueblo. Una de ellas es ofendiendo la inteligencia que ese pueblo tiene de las cosas y tratando de manipular al ciudadano para conseguir la uniformidad dócil de las conciencias, la insensibilidad moral, la atonía cívica, la renuncia al ejercicio del libre y lúcido análisis de la realidad.
En el ejercicio de sus funciones tanto el Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la Nación, como la Contraloría General de la República, cuentan con la fuerza jurídica y moral que les inyecta a sus actividades, por una parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas en 1996, que es hoy la Ley de la República No.42 de 1998, recientemente actualizada en la XXXI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y por otra parte la Ley No.59 de 1999 que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política sobre la Declaración Jurada de Estado Patrimonial de los altos funcionarios de la jerarquía Ejecutiva, Legislativa y Judicial y que dicta otras disposiciones contra la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito.
El tema de la corrupción está contaminando los espíritus. Hay que hacer los gestos, tomar las medidas necesarias para satisfacer la exigencia de saneamiento en la mente de una mayoría de la población que piensa que hay corrupción y que ésta aumenta. El funcionamiento eficaz de la justicia y de sus mecanismos de prevención y castigo de la delincuencia, es uno de los pilares de la gobernabilidad democrática.
