¿La corrupción persiste?
La corrupción en nuestro medio tiene duración permanente. A los jóvenes de 30 o menos años de edad se les debe informar cabalmente de este flagelo en nuestra sociedad, principalmente entre los que han detentado el poder público, ya que éstos deberían ser los modelos. Y no tiene que ser una historia interminable. Se podría comenzar con la forma poco ejemplarizante en que antes de 1968 se manejaban los asuntos del Estado. Un botón de muestra fue que por ese tiempo se publicaron en El Panamá América dos páginas enteras listando las botellas que estaban nombradas en la Asamblea Legislativa. Esto se coteja hoy día con los asesores y botellas nombrados por una facción que domina la presidencia del Organo Legislativo, cuyos miembros se pueden contar con los dedos de las manos...y sobran dedos.
La narcodictadura de 26 años de duración tiene tantas linduras que no se pueden enumerar en un breve escrito. Basta un par de ejemplos: Cuando el primer dictador de turno advirtió a su hermano que si el avión en que viajaba paraba en Nueva York allí lo estarían esperando las autoridades, no para condecorarlo, el hermano de marras cambió su vuelo para que la parada de rigor fuera en Cuba.
Cara-de-piña también fue a Cuba para que el dictador de allá mediara en un problema que tenía pendiente, el narco panameño, con la narcomafia. Todo esto no deja de ser un libreto de película. Y así sucesivamente, la multiplicidad de hechos corruptos se pueden enumerar de forma tan breve que sería digerida provechosamente por el menos avezado de nuestros jóvenes. Todo lo anterior forma parte de la corrupción rampante que vivimos en Panamá.
Hoy mismo afloran denuncias relativas al manejo inapropiado del FIS -tal como del FES en la administración precedente- y a la acreditación "selectiva" de clínicas en Filipinas que deben someter a exámenes médicos a los marinos de barcos de bandera panameña. Por primera vez se informa de una orden presidencial para que se investiguen estas denuncias. Pero, a renglón seguido la ministra de la Presidencia afirma que éstas son denuncias políticas y que no se han presentado pruebas de tales denuncias. El Contralor Weeden sale a la palestra y manifiesta que no puede investigar lo del FIS porque no hay evidencias, sino generalidades. Por otra parte, el director de la Autoridad Marítima admite que en Filipinas se han quejado por el caso de la acreditación selectiva de clínicas, pero asegura que esto no volverá a ocurrir.
Sólo queda suponer que no habrá la investigación ordenada por la Presidenta y, si se hace un informe, este será cajonero. Se cae de su peso que una investigación podría producir evidencias de actos dolosos, aunque al inicio los quejosos "no hayan presentados pruebas", en jerga leguleya, más allá de una duda razonable. No importa si existe un cúmulo de circunstancias que razonablemente apunten a la existencia de algún tipo de corrupción.
Es refrescante que no se hayan usado las expresiones de "hasta las últimas consecuencias" a las cuales estamos tediosamente acostumbrados. Y peor sería que todo terminara en indultos o amnistías o cualquiera que sea el recurso leguleyo que se use. Nada de esto es consuelo ni mucho menos un claro intento de luchar contra la corrupción. En estas circunstancias, ¿para qué serviría un director anti-corrupción?
La narcodictadura de 26 años de duración tiene tantas linduras que no se pueden enumerar en un breve escrito. Basta un par de ejemplos: Cuando el primer dictador de turno advirtió a su hermano que si el avión en que viajaba paraba en Nueva York allí lo estarían esperando las autoridades, no para condecorarlo, el hermano de marras cambió su vuelo para que la parada de rigor fuera en Cuba.
Cara-de-piña también fue a Cuba para que el dictador de allá mediara en un problema que tenía pendiente, el narco panameño, con la narcomafia. Todo esto no deja de ser un libreto de película. Y así sucesivamente, la multiplicidad de hechos corruptos se pueden enumerar de forma tan breve que sería digerida provechosamente por el menos avezado de nuestros jóvenes. Todo lo anterior forma parte de la corrupción rampante que vivimos en Panamá.
Hoy mismo afloran denuncias relativas al manejo inapropiado del FIS -tal como del FES en la administración precedente- y a la acreditación "selectiva" de clínicas en Filipinas que deben someter a exámenes médicos a los marinos de barcos de bandera panameña. Por primera vez se informa de una orden presidencial para que se investiguen estas denuncias. Pero, a renglón seguido la ministra de la Presidencia afirma que éstas son denuncias políticas y que no se han presentado pruebas de tales denuncias. El Contralor Weeden sale a la palestra y manifiesta que no puede investigar lo del FIS porque no hay evidencias, sino generalidades. Por otra parte, el director de la Autoridad Marítima admite que en Filipinas se han quejado por el caso de la acreditación selectiva de clínicas, pero asegura que esto no volverá a ocurrir.
Sólo queda suponer que no habrá la investigación ordenada por la Presidenta y, si se hace un informe, este será cajonero. Se cae de su peso que una investigación podría producir evidencias de actos dolosos, aunque al inicio los quejosos "no hayan presentados pruebas", en jerga leguleya, más allá de una duda razonable. No importa si existe un cúmulo de circunstancias que razonablemente apunten a la existencia de algún tipo de corrupción.
Es refrescante que no se hayan usado las expresiones de "hasta las últimas consecuencias" a las cuales estamos tediosamente acostumbrados. Y peor sería que todo terminara en indultos o amnistías o cualquiera que sea el recurso leguleyo que se use. Nada de esto es consuelo ni mucho menos un claro intento de luchar contra la corrupción. En estas circunstancias, ¿para qué serviría un director anti-corrupción?
