La corrupción, un problema de todos
La corrupción no es una contrariedad de hoy, sino una que se encuentra arraigada en nuestra propia cultura. Un mal heredado de una clase política que no ha sabido jugar con reglas limpias y ha expandido sus secuelas a casi todos los sectores de la sociedad panameña.
Hoy, los valores morales se encuentran en su más lamentable momento, comparable con la época negra de la dictadura militar, consecuencia de una degradación de los principios en general. Los panameños somos víctimas resignadas de la desesperación y la impotencia.
En las últimas semanas, la corrupción en Panamá ha llamado más la atención, luego de los eventos que han surgido a la palestra pública. Bochornosos actos de corrupción que pretendían pasar impunes, se hacen públicos. El proceso de investigación al que en estos momentos es sujeto el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, no es más que el resultado de sus propios actos y del mal manejo del Estado. De que éstos tengan o no motivaciones políticas es irrelevante. Si el Ex Presidente no puede justificar de forma razonable la procedencia de los bienes que hoy posee a manera personal o mediante persona intermediaria natural o jurídica, existe entonces enriquecimiento ilícito y, por lo tanto, un delito punible.
Algunos juristas han querido darle vuelta al asunto mediante una interpretación muy conveniente a los intereses de su cliente de las disposiciones constitucionales legales y los convenios suscritos por Panamá contra el flagelo de la corrupción.
Somos de la opinión que con fundamento en el artículo 299 de la Constitución Nacional, la Ley No. 42 del 1 de julio de 1998, por la cual se aprueba la Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, el libro segundo, Título X, Capítulo II; y la Ley No. 59 de 1999 procede la investigación por parte de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público de la comisión del delito de enriquecimiento injustificado y otros.
Los niveles de corrupción en los cuales se ubica Panamá son alarmantes. Según el informe global de corrupción presentado por Transparencia Internacional, a este país se le tiene dentro de la lista de naciones con mayores índices de corrupción.
De igual forma, el estudio de "Haciendo Negocios en el 2004" auspiciado por el Banco Mundial, plantea como uno de los mayores factores de desmotivación y desincentivo a la inversión extranjera precisamente los altos niveles de corrupción.
El inversionista extranjero no tiene ningún interés de entrar a un campo donde no existe un ambiente saludable y donde las reglas no sean claras y no haya equidad.
Recientemente se hizo pública la intención de Estados Unidos de iniciar negociaciones hacia un tratado de libre comercio con Panamá. Mediante carta dirigida a la Casa de los Representantes del Congreso de los Estados Unidos, y en palabras de Robert Zoellick, representante comercial estadounidense ante Panamá, una de las condiciones para concretar el mismo será la reforma legislativa que introduzca medidas de transparencia y anticorrupción.
Existe la plena convicción de los Estados que el crimen que más daño está causando a la sociedad es la corrupción. Tanto así que recientemente en Mérida, México, las Naciones Unidas propició la Convención contra la Corrupción. Panamá, que ha suscrito convenios internacionales, que ha consignado en su Carta Fundamental normas anticorrupción, debe dar el ejemplo.
Es urgente que se persiga y castigue a los "monos gordos" que se enriquecen injustificadamente.
El ex presidente Pérez Balladares, como hombre público, debe despojarse de la inmunidad y, de manera transparente, demostrarnos a los panameños que sus bienes son legítimamente adquiridos. Así procedería un hombre público decente y honesto.
La condena de Arnoldo Alemán ha mandado un mensaje enérgico a todos los gobernantes de Latinoamérica para que de una vez por todas entiendan que estar a cargo de la administración del Estado no representa la oportunidad de lotería de tomar en arrebatiña de piñata todo cuanto sea posible antes de que culmine su período de mandato.
El gobernante es un mero administrador, a quien se le entrega la dirección del Estado para guiar con la debida diligencia y sano juicio los destinos del país por determinado período, luego del cual deberá presentarse ante el pueblo que juzgará si ejerció su deber fiduciario.
Hoy, los valores morales se encuentran en su más lamentable momento, comparable con la época negra de la dictadura militar, consecuencia de una degradación de los principios en general. Los panameños somos víctimas resignadas de la desesperación y la impotencia.
En las últimas semanas, la corrupción en Panamá ha llamado más la atención, luego de los eventos que han surgido a la palestra pública. Bochornosos actos de corrupción que pretendían pasar impunes, se hacen públicos. El proceso de investigación al que en estos momentos es sujeto el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, no es más que el resultado de sus propios actos y del mal manejo del Estado. De que éstos tengan o no motivaciones políticas es irrelevante. Si el Ex Presidente no puede justificar de forma razonable la procedencia de los bienes que hoy posee a manera personal o mediante persona intermediaria natural o jurídica, existe entonces enriquecimiento ilícito y, por lo tanto, un delito punible.
Algunos juristas han querido darle vuelta al asunto mediante una interpretación muy conveniente a los intereses de su cliente de las disposiciones constitucionales legales y los convenios suscritos por Panamá contra el flagelo de la corrupción.
Somos de la opinión que con fundamento en el artículo 299 de la Constitución Nacional, la Ley No. 42 del 1 de julio de 1998, por la cual se aprueba la Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, el libro segundo, Título X, Capítulo II; y la Ley No. 59 de 1999 procede la investigación por parte de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público de la comisión del delito de enriquecimiento injustificado y otros.
Los niveles de corrupción en los cuales se ubica Panamá son alarmantes. Según el informe global de corrupción presentado por Transparencia Internacional, a este país se le tiene dentro de la lista de naciones con mayores índices de corrupción.
De igual forma, el estudio de "Haciendo Negocios en el 2004" auspiciado por el Banco Mundial, plantea como uno de los mayores factores de desmotivación y desincentivo a la inversión extranjera precisamente los altos niveles de corrupción.
El inversionista extranjero no tiene ningún interés de entrar a un campo donde no existe un ambiente saludable y donde las reglas no sean claras y no haya equidad.
Recientemente se hizo pública la intención de Estados Unidos de iniciar negociaciones hacia un tratado de libre comercio con Panamá. Mediante carta dirigida a la Casa de los Representantes del Congreso de los Estados Unidos, y en palabras de Robert Zoellick, representante comercial estadounidense ante Panamá, una de las condiciones para concretar el mismo será la reforma legislativa que introduzca medidas de transparencia y anticorrupción.
Existe la plena convicción de los Estados que el crimen que más daño está causando a la sociedad es la corrupción. Tanto así que recientemente en Mérida, México, las Naciones Unidas propició la Convención contra la Corrupción. Panamá, que ha suscrito convenios internacionales, que ha consignado en su Carta Fundamental normas anticorrupción, debe dar el ejemplo.
Es urgente que se persiga y castigue a los "monos gordos" que se enriquecen injustificadamente.
El ex presidente Pérez Balladares, como hombre público, debe despojarse de la inmunidad y, de manera transparente, demostrarnos a los panameños que sus bienes son legítimamente adquiridos. Así procedería un hombre público decente y honesto.
La condena de Arnoldo Alemán ha mandado un mensaje enérgico a todos los gobernantes de Latinoamérica para que de una vez por todas entiendan que estar a cargo de la administración del Estado no representa la oportunidad de lotería de tomar en arrebatiña de piñata todo cuanto sea posible antes de que culmine su período de mandato.
El gobernante es un mero administrador, a quien se le entrega la dirección del Estado para guiar con la debida diligencia y sano juicio los destinos del país por determinado período, luego del cual deberá presentarse ante el pueblo que juzgará si ejerció su deber fiduciario.
