La Corte declara ilegal adjudicación de terrenos
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la "ilegalidad" del Acuerdo No. 54 de junio de 2000, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito, se ha constituido en el último recurso del Comité Cívico y de la Asociación Ecológica de Los Andes No. 2, para solicitar a las autoridades de ese sector el desalojo de las personas que están construyendo viviendas de concreto dentro del Parque Forestal de Los Andes No. 2.
"Actualmente en nuestros archivos reposa un fallo de la Corte, con fecha 20 de marzo del 2002, donde determina que es ilegal el Acuerdo No. 54, por medio del cual se declara adjudicable las áreas de terreno que fueron segregadas en el sector de Villa Esperanza, que limitan con el Corredor Norte y los terrenos en las faldas del cerro en forma de L ubicadas en el Parque Forestal", declaró el director de Asesoría Legal de la Alcaldía de San Miguelito, Javier Mitil a El Panamá América.
"No le queda más al Municipio de San Miguelito que hacer lo que dice la Corte", sentenció Mitil, al señalar que dichas áreas fueron adjudicadas mucho antes del fallo, en el año 1999, por el ahora legislador Felipe Cano, y que hizo que el actual Consejo Municipal basándose en el Acuerdo No. 54 declarado "nulo" por la Corte, las legalizara.
Según Mitil, el Consejo lo que hizo fue "salvaguardar" los intereses de los moradores, pero el fallo de la Corte "tira a la borda" este acuerdo municipal que pasó a ser adjudicable unas áreas que eran destinadas para uso del Parque Forestal.
"Si son así las cosas, las personas que van a ocupar estos lugares deben de ser desalojadas", informó Mitil.
Agregó que tiene entendido que las personas que viven o están construyendo casas de concreto en esas áreas piensan dirigirse al Consejo Municipal para exponer sus criterios.
Mitil dijo que se va a crear una comisión dentro del Consejo, para analizar el desarrollo urbano y una nota de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que determinó que aunque esos terrenos corrían peligro ante inminentes deslizamientos de tierra, podrían ser habitados si se canalizaban de alguna forma.
"Hay un gasto que ha hecho la comunidad allí. Todo eso se va a conocer en la comisión que se va a formar por el Consejo. Lo que no queremos es estar al margen de la ley, ni maltratar o dejar sin solución a esas personas", indicó Mitil.
"Tenemos que reunirnos con las partes involucradas y explicarle a los moradores que hay un fallo de la Corte y que hay que buscar otras áreas donde vivir", sostuvo Mitil, al indicar que se adelanta una resolución de suspensión de las construcciones en esas áreas, porque "no podemos irrespetar el fallo de la Corte, porque sería un abuso de autoridad".
El Panamá América se apersonó a las áreas donde se están construyendo las casas de concreto, donde algunos de los residentes expusieron sus puntos de vista.
"Nosotros tenemos todos los permisos en regla. Hace un año tenemos agua y se pretenden construir unas 45 casas de concreto", manifestó Yamileth Hurtado.
Con esposo y una hija de tres años, Yamileth dijo que al sector piensan denominarlo Villa Esperanza No. 2, pero todavía no han decidido al respecto.
Alegó que las fundaciones de las viviendas las han pagado con dinero de sus bolsillos, sin que mediara ningún legislador.
"El último centavo que teníamos lo hemos gastado en iniciar la construcción de nuestras casas", puntualizó Yamileth, al indicar que fue el ahora legislador Felipe Cano quien les dio los permisos y que las actuales autoridades del distrito se los agilizaron.
Comentó que el lote de terreno, ubicado en la ladera de un cerro desde el cual se divisa la salida del Corredor Norte y la elevación donde está ubicado el Templo Baha"i, les ha costado algo más de mil balboas.
En tanto, María Ortega, madre de cuatro niñas, informó que tienen programado instalar tuberías de agua la próxima semana, y próximamente gestionarán el alcantarillado.
"Aquí no necesitamos hombres, somos pueblo, el gobierno nos quiere porque tenemos que votar y aquí en este distrito, nosotros decidimos quién sube al poder", dijo Ortega.
El presidente del Comité Cívico y presidente de la Asociación Ecológica de Los Andes No. 2, Jaime Guardia Bósquez, declaró que desde la fundación de esta barriada hace 25 años, se destinaron tierras para el Parque Forestal.
"De repente una organización (COMISEIN) quedó que desarrollaría el Parque y no hizo nada. Entonces tomamos la bandera de llevar adelante su desarrollo e iniciamos la gestiones por el Municipio, pero sorprendentemente Felipe Cano comenzó a adjudicar lotes en el área del parque forestal", subrayó Guardia.
Añadió que ante la situación, el Comité y la Asociación hicieron consultas a la Procuraduría de la Administración, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (UP), la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), y el Sistema Nacional de Protección Civil.
Las investigaciones determinaron que las áreas donde se están construyendo viviendas en el Parque Forestal "es de alto riesgo de deslizamiento, no se recomienda la autorización de esa zona para erigir casas permanentes", puntualizó Guardia.
Agregó que por último fueron a la Corte Suprema de Justicia, la cual se pronunció contra el Acuerdo Municipal No. 54 que autorizaba la construcción de las viviendas allí. "La Corte determinó que son tierras forestales y anuló ese Acuerdo", expresó Guardia.
Sobre el Proyecto Ecoturístico de Los Andes No. 2, Villa Esperanza, adelantó que según el mapa número 17, incluye vistas panorámicas, con cuatro miradores desde 91 metros hasta 141 metros de altura, desde los que se pueden observar el Corredor Norte, el Templo Baha"i, la ciudad y bahía de Panamá, Ojo de Agua, Los Andes No. 2, la carreteras Transístmica y parte de San Miguelito.
"Actualmente en nuestros archivos reposa un fallo de la Corte, con fecha 20 de marzo del 2002, donde determina que es ilegal el Acuerdo No. 54, por medio del cual se declara adjudicable las áreas de terreno que fueron segregadas en el sector de Villa Esperanza, que limitan con el Corredor Norte y los terrenos en las faldas del cerro en forma de L ubicadas en el Parque Forestal", declaró el director de Asesoría Legal de la Alcaldía de San Miguelito, Javier Mitil a El Panamá América.
"No le queda más al Municipio de San Miguelito que hacer lo que dice la Corte", sentenció Mitil, al señalar que dichas áreas fueron adjudicadas mucho antes del fallo, en el año 1999, por el ahora legislador Felipe Cano, y que hizo que el actual Consejo Municipal basándose en el Acuerdo No. 54 declarado "nulo" por la Corte, las legalizara.
Según Mitil, el Consejo lo que hizo fue "salvaguardar" los intereses de los moradores, pero el fallo de la Corte "tira a la borda" este acuerdo municipal que pasó a ser adjudicable unas áreas que eran destinadas para uso del Parque Forestal.
"Si son así las cosas, las personas que van a ocupar estos lugares deben de ser desalojadas", informó Mitil.
Agregó que tiene entendido que las personas que viven o están construyendo casas de concreto en esas áreas piensan dirigirse al Consejo Municipal para exponer sus criterios.
Mitil dijo que se va a crear una comisión dentro del Consejo, para analizar el desarrollo urbano y una nota de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que determinó que aunque esos terrenos corrían peligro ante inminentes deslizamientos de tierra, podrían ser habitados si se canalizaban de alguna forma.
"Hay un gasto que ha hecho la comunidad allí. Todo eso se va a conocer en la comisión que se va a formar por el Consejo. Lo que no queremos es estar al margen de la ley, ni maltratar o dejar sin solución a esas personas", indicó Mitil.
"Tenemos que reunirnos con las partes involucradas y explicarle a los moradores que hay un fallo de la Corte y que hay que buscar otras áreas donde vivir", sostuvo Mitil, al indicar que se adelanta una resolución de suspensión de las construcciones en esas áreas, porque "no podemos irrespetar el fallo de la Corte, porque sería un abuso de autoridad".
El Panamá América se apersonó a las áreas donde se están construyendo las casas de concreto, donde algunos de los residentes expusieron sus puntos de vista.
"Nosotros tenemos todos los permisos en regla. Hace un año tenemos agua y se pretenden construir unas 45 casas de concreto", manifestó Yamileth Hurtado.
Con esposo y una hija de tres años, Yamileth dijo que al sector piensan denominarlo Villa Esperanza No. 2, pero todavía no han decidido al respecto.
Alegó que las fundaciones de las viviendas las han pagado con dinero de sus bolsillos, sin que mediara ningún legislador.
"El último centavo que teníamos lo hemos gastado en iniciar la construcción de nuestras casas", puntualizó Yamileth, al indicar que fue el ahora legislador Felipe Cano quien les dio los permisos y que las actuales autoridades del distrito se los agilizaron.
Comentó que el lote de terreno, ubicado en la ladera de un cerro desde el cual se divisa la salida del Corredor Norte y la elevación donde está ubicado el Templo Baha"i, les ha costado algo más de mil balboas.
En tanto, María Ortega, madre de cuatro niñas, informó que tienen programado instalar tuberías de agua la próxima semana, y próximamente gestionarán el alcantarillado.
"Aquí no necesitamos hombres, somos pueblo, el gobierno nos quiere porque tenemos que votar y aquí en este distrito, nosotros decidimos quién sube al poder", dijo Ortega.
El presidente del Comité Cívico y presidente de la Asociación Ecológica de Los Andes No. 2, Jaime Guardia Bósquez, declaró que desde la fundación de esta barriada hace 25 años, se destinaron tierras para el Parque Forestal.
"De repente una organización (COMISEIN) quedó que desarrollaría el Parque y no hizo nada. Entonces tomamos la bandera de llevar adelante su desarrollo e iniciamos la gestiones por el Municipio, pero sorprendentemente Felipe Cano comenzó a adjudicar lotes en el área del parque forestal", subrayó Guardia.
Añadió que ante la situación, el Comité y la Asociación hicieron consultas a la Procuraduría de la Administración, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (UP), la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), y el Sistema Nacional de Protección Civil.
Las investigaciones determinaron que las áreas donde se están construyendo viviendas en el Parque Forestal "es de alto riesgo de deslizamiento, no se recomienda la autorización de esa zona para erigir casas permanentes", puntualizó Guardia.
Agregó que por último fueron a la Corte Suprema de Justicia, la cual se pronunció contra el Acuerdo Municipal No. 54 que autorizaba la construcción de las viviendas allí. "La Corte determinó que son tierras forestales y anuló ese Acuerdo", expresó Guardia.
Sobre el Proyecto Ecoturístico de Los Andes No. 2, Villa Esperanza, adelantó que según el mapa número 17, incluye vistas panorámicas, con cuatro miradores desde 91 metros hasta 141 metros de altura, desde los que se pueden observar el Corredor Norte, el Templo Baha"i, la ciudad y bahía de Panamá, Ojo de Agua, Los Andes No. 2, la carreteras Transístmica y parte de San Miguelito.
