La Corte, su transparencia y legalidad
La transparencia es un principio importante en la gestión pública, pues básicamente consiste en que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre la labor del gobierno, sin obstáculos ni medias verdades. Se trata de saber quién hace qué, cómo y cuándo lo hace, y, sobre todo, cómo utiliza los recursos humanos, materiales y financieros a su disposición. Como ocurre con todas las palabras, la transparencia también puede ser utilizada caprichosamente para encubrir las veleidades a que empuja el deseo de usar discrecionalmente el poder público.
La transparencia no es ni puede ser un sustituto del principio de legalidad, y es que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual la Constitución y las leyes expresamente los facultan. Como la Constitución y las leyes no establecen procedimientos para que el Órgano Judicial designe a uno de los tres integrantes del Tribunal Electoral (los otros dos los designan el Ejecutivo y el Legislativo), ni le otorgan facultad a la Corte Suprema para expedir una normativa reglamentaria a este respecto, no se entiende bien en qué consiste la convocatoria a que se entreguen solicitudes de empleo como magistrado. Ya la propia corte ha variado una convocatoria que carece de todo sustento, pues ha decidido extender hasta fin de mes el plazo para el recibo de solicitudes. ¿Podría volverlo a extender? ¿Sí? ¿No? Nadie sabe. Uno de sus integrantes ha llamado la atención sobre la falta de seriedad que implica hacer una convocatoria sin que haya reglas que establezcan los parámetros de la evaluación de los candidatos auto-postulados y los riesgos que implica apartarse del celoso cumplimiento de la ley.
Los togados del supremo tribunal deben cuidarse de sacar de la manga una reglamentación a última hora porque ello pondría en tela de duda la integración de una de las pocas instituciones que mantiene algo de credibilidad en este país.
La ciudadanía debe estar alerta a lo que pueda salir del máximo tribunal, pues es sabido que recibir solicitudes de empleo como magistrado no garantiza la sapiencia de la decisión y sí podría ser una cortina de humo para encubrir un acto de dudoso linaje.
La transparencia no es ni puede ser un sustituto del principio de legalidad, y es que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual la Constitución y las leyes expresamente los facultan. Como la Constitución y las leyes no establecen procedimientos para que el Órgano Judicial designe a uno de los tres integrantes del Tribunal Electoral (los otros dos los designan el Ejecutivo y el Legislativo), ni le otorgan facultad a la Corte Suprema para expedir una normativa reglamentaria a este respecto, no se entiende bien en qué consiste la convocatoria a que se entreguen solicitudes de empleo como magistrado. Ya la propia corte ha variado una convocatoria que carece de todo sustento, pues ha decidido extender hasta fin de mes el plazo para el recibo de solicitudes. ¿Podría volverlo a extender? ¿Sí? ¿No? Nadie sabe. Uno de sus integrantes ha llamado la atención sobre la falta de seriedad que implica hacer una convocatoria sin que haya reglas que establezcan los parámetros de la evaluación de los candidatos auto-postulados y los riesgos que implica apartarse del celoso cumplimiento de la ley.
Los togados del supremo tribunal deben cuidarse de sacar de la manga una reglamentación a última hora porque ello pondría en tela de duda la integración de una de las pocas instituciones que mantiene algo de credibilidad en este país.
La ciudadanía debe estar alerta a lo que pueda salir del máximo tribunal, pues es sabido que recibir solicitudes de empleo como magistrado no garantiza la sapiencia de la decisión y sí podría ser una cortina de humo para encubrir un acto de dudoso linaje.
