La creación de la Sala V
Debemos tener jueces y magistrados que se dediquen exclusivamente a la resolución de asuntos constitucionales
LA administración de justicia en Panamá requiere de un trabajo de reingeniería completo, que luego de analizado, planificado y ejecutado, ponga a este servicio público que presta el Estado a sus ciudadanos, al nivel que realmente se merece en un Estado de Derecho moderno, que pretende perfeccionar día a día sus instituciones democráticas, tal y como aspiramos todos a hacerlo.
Con ese fin, y no con otro, debieron transcurrir las deliberaciones de la Comisión de Estado por la Justicia, de tal suerte, que el conocimiento de sus conclusiones y la ejecución de sus recomendaciones, debiera constituirse en algo así como la hoja de ruta, para llevar adelante los cambios que la recta y pronta justicia demanda.
Debemos confesar que no estamos familiarizados con el contenido del documento que entregara la Comisión de Estado por la Justicia al señor Presidente de la República, pero ningún actor, ni político ni de la sociedad civil, ha negado que las iniciativas de reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal y la iniciativa de la Creación de una Sala de Garantías Constitucionales, no hayan emanado como recomendaciones de la Comisión. En donde parece romperse el consenso, es tanto en si la forma como se llevan adelante ambas iniciativas corresponden a lo pactado, como si el contenido de lo que se propone en cada caso, corresponde a lo acordado.
En el caso de las reformas al Código Penal, no me parece oportuno profundizar más en la posición que he exteriorizado sobre su contenido. Tan sólo agregaré que a nivel constitucional y penal son tan importantes la tutela de la intimidad y privacidad por un lado, como por el otro; igual consideración nos debe merecer los temas de seguridad nacional. Y que en el Estado de Derecho moderno, a los periodistas preocupados por vivir en una sociedad democrática, debiera también preocuparles que con la salvaguarda del sagrado derecho a la información, no se pase por encima de la tutela del derecho a la intimidad, ni de la defensa de la seguridad nacional. El caso de la creación de la Sala de Garantías Constitucionales, sí me merece las siguientes reflexiones:
1. Necesitamos crear una jurisdicción especial que trate los casos de la tutela constitucional de los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, porque el pleno de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales correspondientes no pueden hacerle frente a estas responsabilidades judiciales con la premura y rapidez con que las mismas deben resolverse, por su naturaleza, produciéndose verdaderos casos de justicia tardía y hasta, en algunos extremos, de denegación de justicia.
2. Esta mora judicial en materia constitucional es la verdadera razón por la que se afirma que el sistema ha colapsado, por lo que debemos tener jueces y magistrados que se dediquen exclusivamente a la resolución de asuntos constitucionales, y no jueces y magistrados que, entre sus múltiples jurisdicciones, tengan como una más, la atención de la jurisdicción constitucional.
3. Entendida esa mora judicial injustificable como la naturaleza del problema, también hay que comprender que en la actual estructura constitucional de los tribunales de justicia sólo se puede solucionar este problema agregando una Sala Constitucional a la Corte Suprema de Justicia.
4. La creación de una jurisdicción constitucional, jerárquicamente superior a la propia Corte Suprema de Justicia, requeriría un previo consenso nacional y una reforma constitucional correspondiente, lo que nos obligaría a posponer la solución del problema, para un momento posterior.
5. Por enfocarnos en el debate político, no hemos cumplido a cabalidad con nuestra tarea de conversar sobre las virtudes y los problemas jurídicos que traería consigo la creación de una Sala de Garantías Constitucionales. Por ejemplo, ¿queremos que la tutela de las garantías fundamentales de los ciudadanos pase de un resguardo de nueves magistrados a la mínima protección de tres magistrados?
Para quienes analizamos asuntos de políticas públicas, pero también somos juristas, por supuesto que somos vigilantes de que cambios legislativos abruptos no trastoquen el balance institucional del Estado democrático que estamos construyendo. Si bien esta preocupación es válida en relación con el tema que estamos tratando, igual de válida es la preocupación por la mora judicial en materia de jurisdicción constitucional, y tanta e igual preocupación debiéramos manifestar por la integridad profesional y personal de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que serían designados durante esta administración presidencial a asumir tan delicadas tareas.
Objeciones políticas a un lado, es posible y factible que nos pongamos de acuerdo sobre la necesidad de crear esta nueva Sala de Garantías Constitucionales en la Corte Suprema de Justicia, y para allanar el camino de nuestras diferencias y escepticismos recíprocos, pudiéramos coincidir en un texto de auto regulación -que adquiriría la forma de Decreto Ejecutivo-, mediante el cual, el Órgano Ejecutivo se auto impondría una reglamentación para escoger a los magistrados de esta Sala Constitucional, que luego serían sometidos a la ratificación de la Asamblea Nacional.
LA administración de justicia en Panamá requiere de un trabajo de reingeniería completo, que luego de analizado, planificado y ejecutado, ponga a este servicio público que presta el Estado a sus ciudadanos, al nivel que realmente se merece en un Estado de Derecho moderno, que pretende perfeccionar día a día sus instituciones democráticas, tal y como aspiramos todos a hacerlo.
Con ese fin, y no con otro, debieron transcurrir las deliberaciones de la Comisión de Estado por la Justicia, de tal suerte, que el conocimiento de sus conclusiones y la ejecución de sus recomendaciones, debiera constituirse en algo así como la hoja de ruta, para llevar adelante los cambios que la recta y pronta justicia demanda.
Debemos confesar que no estamos familiarizados con el contenido del documento que entregara la Comisión de Estado por la Justicia al señor Presidente de la República, pero ningún actor, ni político ni de la sociedad civil, ha negado que las iniciativas de reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal y la iniciativa de la Creación de una Sala de Garantías Constitucionales, no hayan emanado como recomendaciones de la Comisión. En donde parece romperse el consenso, es tanto en si la forma como se llevan adelante ambas iniciativas corresponden a lo pactado, como si el contenido de lo que se propone en cada caso, corresponde a lo acordado.
En el caso de las reformas al Código Penal, no me parece oportuno profundizar más en la posición que he exteriorizado sobre su contenido. Tan sólo agregaré que a nivel constitucional y penal son tan importantes la tutela de la intimidad y privacidad por un lado, como por el otro; igual consideración nos debe merecer los temas de seguridad nacional. Y que en el Estado de Derecho moderno, a los periodistas preocupados por vivir en una sociedad democrática, debiera también preocuparles que con la salvaguarda del sagrado derecho a la información, no se pase por encima de la tutela del derecho a la intimidad, ni de la defensa de la seguridad nacional. El caso de la creación de la Sala de Garantías Constitucionales, sí me merece las siguientes reflexiones:
1. Necesitamos crear una jurisdicción especial que trate los casos de la tutela constitucional de los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, porque el pleno de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales correspondientes no pueden hacerle frente a estas responsabilidades judiciales con la premura y rapidez con que las mismas deben resolverse, por su naturaleza, produciéndose verdaderos casos de justicia tardía y hasta, en algunos extremos, de denegación de justicia.
2. Esta mora judicial en materia constitucional es la verdadera razón por la que se afirma que el sistema ha colapsado, por lo que debemos tener jueces y magistrados que se dediquen exclusivamente a la resolución de asuntos constitucionales, y no jueces y magistrados que, entre sus múltiples jurisdicciones, tengan como una más, la atención de la jurisdicción constitucional.
3. Entendida esa mora judicial injustificable como la naturaleza del problema, también hay que comprender que en la actual estructura constitucional de los tribunales de justicia sólo se puede solucionar este problema agregando una Sala Constitucional a la Corte Suprema de Justicia.
4. La creación de una jurisdicción constitucional, jerárquicamente superior a la propia Corte Suprema de Justicia, requeriría un previo consenso nacional y una reforma constitucional correspondiente, lo que nos obligaría a posponer la solución del problema, para un momento posterior.
5. Por enfocarnos en el debate político, no hemos cumplido a cabalidad con nuestra tarea de conversar sobre las virtudes y los problemas jurídicos que traería consigo la creación de una Sala de Garantías Constitucionales. Por ejemplo, ¿queremos que la tutela de las garantías fundamentales de los ciudadanos pase de un resguardo de nueves magistrados a la mínima protección de tres magistrados?
Para quienes analizamos asuntos de políticas públicas, pero también somos juristas, por supuesto que somos vigilantes de que cambios legislativos abruptos no trastoquen el balance institucional del Estado democrático que estamos construyendo. Si bien esta preocupación es válida en relación con el tema que estamos tratando, igual de válida es la preocupación por la mora judicial en materia de jurisdicción constitucional, y tanta e igual preocupación debiéramos manifestar por la integridad profesional y personal de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que serían designados durante esta administración presidencial a asumir tan delicadas tareas.
Objeciones políticas a un lado, es posible y factible que nos pongamos de acuerdo sobre la necesidad de crear esta nueva Sala de Garantías Constitucionales en la Corte Suprema de Justicia, y para allanar el camino de nuestras diferencias y escepticismos recíprocos, pudiéramos coincidir en un texto de auto regulación -que adquiriría la forma de Decreto Ejecutivo-, mediante el cual, el Órgano Ejecutivo se auto impondría una reglamentación para escoger a los magistrados de esta Sala Constitucional, que luego serían sometidos a la ratificación de la Asamblea Nacional.
