La credibilidad del Tribunal Electoral
Todo estado democrático, como lo es Panamá, debe garantizar la participación de los ciudadanos en elecciones libres para escoger a sus representantes. El Tribunal Electoral (TE) tiene como función regular y organizar los procesos electorales, esto es elecciones, referendos y otros tipos de consulta popular, en las que el elector manifiesta su preferencia por un partido o candidato determinado a través de su voto.
Originalmente, al Tribunal Electoral se le denominó Consejo Electoral de la República, en 1916 se llamó Jurado Nacional de Elecciones y desde 1956 permanece con su actual nombre.
Al acercarnos a cualquier comicio, se hace costumbre en Panamá escuchar variedad de invenciones exageradas que dejan boquiabiertos a expertos en política y al público en general. Se recuerda la militancia partidista de los magistrados, sus amistades, vínculos familiares, expresiones en público, e incluso, romances. En tertulias la imaginación vuela y se especula sobre fraude electoral, contratación de nacionales y extranjeros experimentados en estas artes, y, por supuesto, cancelación de elecciones por razones jurídicas. Esto es así porque, desafortunadamente, tenemos una historia electoral convulsionada.
En esa historia quedan ‘paquetazos’ de Veraguas; reemplazo de miembros del jurado nacional de elecciones por otros a favor del candidato gubernamental; reconocimiento simultáneo de dos presidentes electos por parte de dos jurados nacionales de elecciones, uno que apoyo al candidato opositor y el otro al del gobierno; abandono por un candidato de la oposición por no existir un ambiente propicio que garantizara el sufragio; decisión de la Junta Nacional de Elecciones de otorgarle la mayoría de votos a un candidato para que, un año y dos meses después, el mismo organismo electoral, con suma rapidez, realizara un recuento de votos y declarara triunfador al candidato perdedor; resultados amañados en los torneos electorales con complicidad de los integrantes del TE; magistrados con claras tendencias a apoyar a un determinado candidato; aspirantes a la presidencia recurriendo a los EE.UU. para que supervisaran las elecciones a fin de garantizar la pureza del sufragio ante la falta de garantías. Los que nos interesamos por la política recordamos algunas caras y nombres en los casos de las más flagrantes irregularidades.
A pesar de esos antecedentes, a partir de 1990, salvo algunas excepciones, debemos reconocer que nuestro máximo organismo electoral ha respetado la voluntad popular. Así, Ernesto Pérez Balladares en oposición le ganó a Mireya Moscoso, candidata del gobierno. Luego esta misma, como oposición, triunfó sobre el candidato gubernamental Martín Torrijos y después Torrijos, siendo opositor, venció al aspirante del gobierno. Esto nos demuestra que el Tribunal Electoral valora y asume su misión imperecedera e inclaudicable por hacer respetar la voluntad de las mayorías el próximo 3 de mayo. Cualquier actitud cuestionable o flaqueza en el cumplimiento de su sagrado deber, representaría retroceso, vergüenza y mancha para el sistema democrático y para las futuras generaciones, quienes sin vacilación alguna serán los jueces de nuestra historia y del comportamiento de sus protagonistas.
