La crisis de lo cotidiano
Usualmente, los gobiernos se preocupan mucho en exaltar las cifras macroeconómicas, centrando sus esfuerzos en lograr incrementos significativos en el Producto Interno Bruto, en las exportaciones y en el ingreso per cápita. Hasta ahora, en la agenda gubernamental no ha estado contemplada como una prioridad la preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos.
Sin embargo, el deterioro en el nivel de la calidad de vida es uno de los problemas fundamentales de la sociedad panameña. La mala prestación de servicios básicos (agua, teléfono y electricidad), la deficiencia del transporte "público", la escasez de estacionamientos, la falta de planificación urbana, la contaminación del ambiente y la ineficiente recolección de la basura, entre otros, son problemas cotidianos que aquejan a la casi totalidad de las personas que habitan en las áreas urbanas del país.
Tenemos que exigir que el gobierno central y las autoridades locales coloquen como una de sus prioridades la atención de todas las circunstancias que afectan nuestra calidad de vida. Para ello, es fundamental que se haga una reforma profunda e integral del régimen municipal vigente, a fin de dotar de mayores facultades y recursos a las autoridades locales (entiéndase, alcaldías y juntas comunales), para efectos de que puedan atender problemas tales como la basura y el transporte.
Al mismo tiempo, debe otorgarse mayores poderes de fiscalización a la ciudadanía. En tan sentido, toda reforma del Estado debe incluir como uno de sus elementos básicos la apertura de espacios de participación ciudadana. Por ejemplo, el trámite para la expedición de permisos de construcción debe incluir, como una etapa previa, la consulta en cabildo abierto a los residentes del área, a fin de permitir a éstos expresar su opinión en cuanto a la conveniencia o no de la obra. De esta forma, se evitarían problemas como el que viven comunidades en Hato Pintado y los Llanos de Curundú, donde se enfrentan a proyectos de construcción que afectan gravemente su entorno. Por la forma en que funcionan las autoridades competentes en materia de construcción, las comunidades sólo pueden actuar y hacerse sentir cuando los permisos ya están otorgados, puesto que los estudios de impacto ambiental se hacen en casos excepcionales y los realiza la parte interesada en que se haga la obra.
Otro ejemplo que demuestra la poca preocupación de nuestras autoridades en cuanto a la calidad de vida de los asociados, lo apreciamos en muchas oficinas gubernamentales, donde el servidor público labora en condiciones insalubres e inseguras, lo cual tiene una influencia evidente en el rendimiento de estas personas. ¿Cuántos funcionarios públicos sufren de enfermedades respiratorias por efecto de laborar en pequeños lugares cerrados, con equipos de aire condicionado que rara vez son limpiados y alfombras llenas de polvo? ¿Cuánto le cuesta anualmente al Seguro Social cubrir los gastos médicos de estos funcionarios públicos? ¿En vez de curarlos cuando ya están enfermos, no sería preferible prevenir enfermedades, garantizando un ambiente laboral más sano y cómodo a miles de funcionarios públicos?
Ahora bien, le toca a la comunidad exigir que la agenda política incluya la atención de la grave crisis de lo cotidiano, es decir, del bajo nivel de calidad de vida, que afecta a la sociedad panameña en su conjunto. Se trata de que juntos fijemos la agenda de los problemas a atender y no de que dejemos que se nos impongan las prioridades por parte de una minoría privilegiada. Tal como diría el señor Santander Tristán Medina, es hora de que se imponga la razón del ciudadano sobre la razón del gobernante. Para que ello sea posible, los ciudadanos tenemos que tomar la palabra y actuar.
Sin embargo, el deterioro en el nivel de la calidad de vida es uno de los problemas fundamentales de la sociedad panameña. La mala prestación de servicios básicos (agua, teléfono y electricidad), la deficiencia del transporte "público", la escasez de estacionamientos, la falta de planificación urbana, la contaminación del ambiente y la ineficiente recolección de la basura, entre otros, son problemas cotidianos que aquejan a la casi totalidad de las personas que habitan en las áreas urbanas del país.
Tenemos que exigir que el gobierno central y las autoridades locales coloquen como una de sus prioridades la atención de todas las circunstancias que afectan nuestra calidad de vida. Para ello, es fundamental que se haga una reforma profunda e integral del régimen municipal vigente, a fin de dotar de mayores facultades y recursos a las autoridades locales (entiéndase, alcaldías y juntas comunales), para efectos de que puedan atender problemas tales como la basura y el transporte.
Al mismo tiempo, debe otorgarse mayores poderes de fiscalización a la ciudadanía. En tan sentido, toda reforma del Estado debe incluir como uno de sus elementos básicos la apertura de espacios de participación ciudadana. Por ejemplo, el trámite para la expedición de permisos de construcción debe incluir, como una etapa previa, la consulta en cabildo abierto a los residentes del área, a fin de permitir a éstos expresar su opinión en cuanto a la conveniencia o no de la obra. De esta forma, se evitarían problemas como el que viven comunidades en Hato Pintado y los Llanos de Curundú, donde se enfrentan a proyectos de construcción que afectan gravemente su entorno. Por la forma en que funcionan las autoridades competentes en materia de construcción, las comunidades sólo pueden actuar y hacerse sentir cuando los permisos ya están otorgados, puesto que los estudios de impacto ambiental se hacen en casos excepcionales y los realiza la parte interesada en que se haga la obra.
Otro ejemplo que demuestra la poca preocupación de nuestras autoridades en cuanto a la calidad de vida de los asociados, lo apreciamos en muchas oficinas gubernamentales, donde el servidor público labora en condiciones insalubres e inseguras, lo cual tiene una influencia evidente en el rendimiento de estas personas. ¿Cuántos funcionarios públicos sufren de enfermedades respiratorias por efecto de laborar en pequeños lugares cerrados, con equipos de aire condicionado que rara vez son limpiados y alfombras llenas de polvo? ¿Cuánto le cuesta anualmente al Seguro Social cubrir los gastos médicos de estos funcionarios públicos? ¿En vez de curarlos cuando ya están enfermos, no sería preferible prevenir enfermedades, garantizando un ambiente laboral más sano y cómodo a miles de funcionarios públicos?
Ahora bien, le toca a la comunidad exigir que la agenda política incluya la atención de la grave crisis de lo cotidiano, es decir, del bajo nivel de calidad de vida, que afecta a la sociedad panameña en su conjunto. Se trata de que juntos fijemos la agenda de los problemas a atender y no de que dejemos que se nos impongan las prioridades por parte de una minoría privilegiada. Tal como diría el señor Santander Tristán Medina, es hora de que se imponga la razón del ciudadano sobre la razón del gobernante. Para que ello sea posible, los ciudadanos tenemos que tomar la palabra y actuar.
