La decisión de asilo a Montesinos
La petición a Panamá formulada por César Gaviria, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, reiterada por Estados Unidos y varios líderes latinoamericanos, de brindarle asilo político a Vladimiro Montesinos, ex jefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, ha desencadenado en Panamá un debate entre los que apoyan el asilo como una medida de solidaridad con el proceso democratizador en el Perú y los que se oponen porque consideran que este tipo de medidas son las que manchan la imagen internacional de Panamá.
Desde que Panamá asiló al Sha de Irán en 1979, por lo menos tres importantes figuras políticas han sido recibidas en Panamá para cooperar con la solución pacífica de problemas políticos en países amigos. Hemos recibido al dictador haitiano, Raúl Cedras, al expresidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram, y al expresidente guatemalteco, Jorge Serrano Elías.
Montesinos, sorprendido en un supuesto acto de corrupción, es una de las figuras más respetadas y temidas dentro del gobierno de Fujimori. A nivel personal, es dudoso que el gobierno de Fujimori tome represalia alguna por sus actuaciones como jefe de seguridad; sin embargo, es de esperarse que su sucesor sí lo haga. Además, se anticipa que su eventual regreso al Perú podría causar un golpe de Estado en momentos en que la OEA adelanta esfuerzos para que los líderes actuales dirijan al país sureño hacia una verdadera democracia.
Pero en Panamá, grupos beligerantes de adentro y afuera, ven la solicitud de asilo como inconveniente, por considerar a Montesinos un peligroso personaje, cuyo pasado podría alcanzarlo en suelo patrio. Además, se preguntan por qué Panamá debe aceptar ser el destino final de todo exilado político mal acreditado del continente, cuando desde 1989 hemos hecho lo imposible por limpiar nuestra reputación.
Como quedó plasmado en otro editorial, bajo la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático le corresponde al país asilante -es decir a Panamá-, calificar la naturaleza del delito imputado a Montesinos y los motivos de la persecución, para luego decidir si concede el status especial.
Con buen juicio, el Gobierno Nacional ha decidido tomar su tiempo antes de resolver, no tanto en base al impacto en los niveles de popularidad de la Presidenta, sino en base al beneficio que pueda entrañar para el país, ya sea en materia de libre comercio con las naciones andinas, de seguridad regional o de la guerra contra las drogas y el lavado de dinero, así como en términos de una más armoniosa relación con Estados Unidos y de una contribución valiosa para la democracia peruana.
Desde que Panamá asiló al Sha de Irán en 1979, por lo menos tres importantes figuras políticas han sido recibidas en Panamá para cooperar con la solución pacífica de problemas políticos en países amigos. Hemos recibido al dictador haitiano, Raúl Cedras, al expresidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram, y al expresidente guatemalteco, Jorge Serrano Elías.
Montesinos, sorprendido en un supuesto acto de corrupción, es una de las figuras más respetadas y temidas dentro del gobierno de Fujimori. A nivel personal, es dudoso que el gobierno de Fujimori tome represalia alguna por sus actuaciones como jefe de seguridad; sin embargo, es de esperarse que su sucesor sí lo haga. Además, se anticipa que su eventual regreso al Perú podría causar un golpe de Estado en momentos en que la OEA adelanta esfuerzos para que los líderes actuales dirijan al país sureño hacia una verdadera democracia.
Pero en Panamá, grupos beligerantes de adentro y afuera, ven la solicitud de asilo como inconveniente, por considerar a Montesinos un peligroso personaje, cuyo pasado podría alcanzarlo en suelo patrio. Además, se preguntan por qué Panamá debe aceptar ser el destino final de todo exilado político mal acreditado del continente, cuando desde 1989 hemos hecho lo imposible por limpiar nuestra reputación.
Como quedó plasmado en otro editorial, bajo la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático le corresponde al país asilante -es decir a Panamá-, calificar la naturaleza del delito imputado a Montesinos y los motivos de la persecución, para luego decidir si concede el status especial.
Con buen juicio, el Gobierno Nacional ha decidido tomar su tiempo antes de resolver, no tanto en base al impacto en los niveles de popularidad de la Presidenta, sino en base al beneficio que pueda entrañar para el país, ya sea en materia de libre comercio con las naciones andinas, de seguridad regional o de la guerra contra las drogas y el lavado de dinero, así como en términos de una más armoniosa relación con Estados Unidos y de una contribución valiosa para la democracia peruana.
